viernes, 3 de agosto de 2007

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD HACE LAS COSAS MUY MAL...

Diario CLARIN
PROBLEMAS CON LA CONSTRUCCION : EL GOBIERNO PORTEÑO DISPUSO QUE ENTRE EN VIGENCIA EL AÑO QUE VIENE
Postergan por un año la ley que limita la construcción en Capital
Recién empezará a regir en julio de 2008. Sin embargo, legisladores macristas y kirchneristas dicen que debía aplicarse ya. Así, en las nuevas obras no hará falta comprobar si se afectan servicios como luz o agua.

Pablo Novillo
pnovillo@clarin.com

Cuando parecía más calmada, la polémica por la construcción de torres en Capital revivió, y ya despertó un fuerte cruce de acusaciones. El Gobierno porteño promulgó una ley que obliga a los constructores a presentar certificados de las empresas de servicios públicos que garanticen que las obras nuevas no afectarán la prestación de luz, gas, agua y cloacas a los otros vecinos. Sin embargo, y contrariamente a lo que se creía, esa ley comenzará a regir recién el 1º de julio del año que viene. En la práctica, los desarrolladores tendrán un año de gracia para presentar sus proyectos sin los nuevos requisitos.La ley es la Nº 2.359. Fue presentada por el macrista Alvaro González, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. La Legislatura la aprobó por primera vez el 7 de diciembre pasado. Por una cuestión formal, tuvo que pasar por Audiencia Pública (se hizo el 19 de marzo). En la segunda y definitiva votación, el 28 de junio, fue sancionada con un solo voto en contra (del socialista Martín Hourest) y 35 a favor, incluidos diputados macristas, kirchneristas y también de los que apoyan a Telerman.¿Qué dice la ley? Que todos los desarrolladores que quieran construir en cualquier lugar de la Capital deben primero obtener certificados de las privatizadas en los que se asegure que los edificios no perjudicarán la infraestructura de servicios.Es una medida más abarcativa que el decreto Nº 220, que firmó el Ejecutivo en febrero e impone que en zonas de cinco barrios (Caballito, Palermo, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón), los constructores deben presentar un certificado similar pero sólo de la empresa AySA, por el agua y las cloacas.La ley, resistida por los desarrolladores inmobiliarios, busca ordenar los reclamos vecinales, que incluso habían llegado a la Justicia. Sólo faltaba promulgarla.Y aquí apareció el problema. El Ejecutivo la promulgó el lunes 23. Pero en vez de decir que el requisito de los certificados corría desde ahora, dispuso que regirá desde el 1º de julio de 2008.¿Por qué? "Es lo que plantea el Código de Edificación. Cada modificación que se le haga debe correr desde el 1º de julio del año siguiente. Es lo que marca la ley y lo que siempre se hizo, no hubo una interpretación distorsiva", afirmó Gabriela Stortoni, directora Legal y Técnica del Ministerio de Obras Públicas.En los hechos, los desarrolladores tendrán un año más con la normativa actual. Es decir que hasta julio de 2008 podrán presentar sus proyectos sin conseguir los certificados, y por lo tanto sin una constancia de que sus obras no perjudicarán al resto del barrio.Muchos creen que ahora se viene una avalancha de pedidos de permiso de obra, porque los constructores se apurarán a presentar los papeles para no tener que cumplir con los futuros requisitos (ver Los vecinos...). La novedad cayó como una bomba en la Legislatura. "Esto no estaba previsto, cuando votamos la ley era para que empezara a regir ahora. En el Ejecutivo, donde dicen que defienden a los vecinos, se agarraron de un tecnicismo legal para no pelearse con los constructores. Pero en febrero, cuando les convenía, sacaron el decreto Nº 220 sin esperar. Si hubieran tenido la voluntad política, ahora también lo habrían hecho", afirmó, muy molesto, el diputado González.En el kirchnerismo se sorprendieron tanto que a algunos diputados no pudieron contener una risa irónica. "Puede ser que haya una explicación legal, pero esta decisión va en contra del espíritu de la ley, y no tiene que ver con lo que reclama la gente. Si la votamos fue para que empezara a regir inmediatamente", aseguró Diego Kravetz, presidente del bloque K.Más allá de lo estrictamente legal, hubo diversas interpretaciones políticas. Algunos consideraron que con esta medida el Ejecutivo buscó "tirarle el problema" al futuro gobierno macrista. A la inversa, otras fuentes, más suspicaces, se preguntaban si en realidad la postergación no habrá sido charlada entre el Gobierno actual y el que viene.
Los vecinos temen más obras y los constructores son críticos
Unos dicen que irán a la Justicia. Otros, que las empresas no pueden regular la construcción.
Tal como ocurrió en otras oportunidades, la postergación de la ley que incluye requisitos para la construcción podría generar una avalancha de pedidos de permiso de obra en los próximos meses. Así, los constructores evitarían los futuros requisitos.José Rozados, de la consultora Reporte Inmobiliario, contó: "Es probable que haya una avalancha de trámites. En 1977 y 2003, cuando hubo otros cambios a la normativa de la construcción, ocurrió".Los vecinos temen que ese presagio se cumpla. Y por eso critican la demora en la puesta en vigencia de la ley Nº 2.359. Alejandra Butti y Osvaldo Sidoli, abogados que representan a vecinos que presentaron recursos de amparo contra las torres, aseguraron: "El Ejecutivo puso a los constructores por delante de los vecinos, su voluntad fue favorecer la especulación y no a los ciudadanos para los que trabaja. Seguiremos yendo a la Justicia".En el sector de la construcción relativizaron la posible avalancha, pero criticaron la ley. "Ese supuesto alud de pedidos de permiso de obra ya debería haber comenzado, y sin embargo no pasó. El problema es que la ley es absurda, porque la propia Constitución garantiza el derecho a contar con servicios públicos. Además, esta ley va contra la autonomía de la Ciudad, porque quienes terminarían decidiendo si se construye o no y dónde serán las empresas de servicios y no el Gobierno porteño", aseguró Daniel Silberfaden, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos.Fernando Esquerro, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, agregó: "Algunos constructores seguramente se apurarán para presentar los papeles. Pero si en lugar de incluir requisitos se les exigiera a las privatizadas que invirtieran y acompañaran con obras públicas el crecimiento de la construcción, no estaríamos ante este problema".
Cronología de un conflicto sinfinal a la vista
El boom de la construcción enfrentó a desarrolladores y vecinos que apelaron a la Justicia. El Gobierno de la Ciudad no consiguió aún equilibrar los reclamos.
1 Todo comenzó el año pasado en Caballito y rápidamente se expandió a otros barrios. Los vecinos comenzaron a protestar contra la edificación indiscriminada. Decían que la mayor cantidad de habitantes podía hacer colapsar los servicios y el tránsito. También se quejaban de que las obras provocaban ruidos molestos.
2 En noviembre, la Justicia obligó a la Comuna a frenar los permisos para construir nuevas torres en 16 manzanas de Caballito. Fue por un recurso de amparo presentado por los vecinos ante la posibilidad de que colapsaran los servicios.
3 El 13 de noviembre el jefe de Gobierno Jorge Telerman suspendió las obras nuevas en Caballito, Palermo, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. Los constructores denominaron a la veda "corralito urbano" y reclamaron seguridad jurídica para poder construir.
4 En diciembre, otro fallo judicial "blindó" 45 manzanas en Las Cañitas y la Imprenta, Palermo. En febrero de 2007, el Gobierno Porteño levanta la veda para nuevas torres que pesaba sobre seis barrios, pero puso nuevos requisitos. Principalmente, la necesidad de que cada obra cuente con un certificado de factibilidad de AySA (de esta resolución se excluyó a Núñez). En marzo, la Cámara de Apelaciones revoca el fallo que frenaba la construcción en Caballito (la medida sigue vigente en Palermo).
5 El 28 de junio, la Legislatura aprobó una ley para que todas las nuevas obras debieran contar con un certificado que garantizara el normal servicio de agua, cloaca, luz y gas. Ayer se dio a conocer que la norma regirá recién en julio de 2008.
Antecedentes
1977
El intendente Osvaldo Cacciatore modificó totalmente el Código de Edificación. Básicamente, los cambios disponían que en un mismo lote se iban a poder construir menos metros cuadrados. Por eso, antes de que empezara a regir la ley, los constructores pidieron permisos de obras por 7 millones de metros cuadrados, más del doble de lo habitual hasta ese momento. Esa cifra sigue siendo el récord histórico de la Capital en cuanto a m2 edificados.
2003
La Legislatura cambia el Código de Edificación para que los edificios tuvieran espacios comunes (hall, pasillos, puerta de calle) más amplios y así facilitar la movilidad de los discapacitados. De los 47.260 m2 que se habían autorizado en abril, antes del cambio, se saltó a 201.711 m2 en mayo y a 443.157 m2 en junio, último mes con la vieja normativa. Cuando empezó a regir la modificación, los m2 autorizados cayeron a 28.013 en julio, 22.884 en agosto y 16.032 en setiembre.

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