sábado, 27 de octubre de 2007

DIOXINAS

REUTER

Contaminación por dioxinas produce nacimiento de más bebés niñas
Por Jonathan Spicer

TORONTO (Reuters) - En algunas comunidades de Canadá están naciendo más niñas que niños, ya que la presencia en el aire de contaminantes llamados dioxinas puede alterar las proporciones normales de género, aún si la fuente de polución se halla a muchos kilómetros, informaron investigadores.
La exposición a las dioxinas ha demostrado conducir tanto a mayores tasas de cáncer como al nacimiento de más bebés de sexo femenino.
Expertos del Centro IntrAmericas para el Medio Ambiente y la Salud dijeron que sus resultados, publicados este mes, confirman el fenómeno en Canadá.
El estudio también reveló riesgos para la salud incluso para quienes viven a 25 kilómetros de las fuentes de contaminación, una distancia mayor a la que se creía, expresaron los investigadores.
Normalmente, el 51 por ciento de los nacimientos son de niños y el 49 por ciento de niñas. Pero en las ciudades canadienses y en los pueblos en los que los padres están expuestos a contaminantes, la proporción se revirtió, ya que nacen 46 varones por cada 54 bebés mujeres.
Las fuentes de polución son las refinerías de petróleo, las pasteras y las fundidoras de metal, según indicó el estudio.
"Si se encuentra la tasa de género invertida, y se quiere saber qué lo provoca, hay que observar las fuentes de dioxina," dijo James Argo, geógrafo médico que encabezó la investigación, publicada en una revista de la Sociedad Estadounidense de Química.
"En cada una de las ciudades en las que se encuentran esas industrias (...) había una mayor probabilidad de nacimientos femeninos que masculinos," agregó Argo durante una entrevista telefónica.
A partir de los datos de nacimientos y un inventario de las fuentes de contaminación en Canadá, el estudio concluyó que la exposición temprana a las dioxinas, aún a 25 kilómetros de su origen, aumentó el riesgo de sufrir cáncer más adelante en un grupo de 20.000 personas encuestadas en la década de 1990.
Estudios previos relacionaron las dioxinas con el cáncer y con el desequilibrio de género, pero centrándose en distancias menores, generalmente 5 kilómetros alrededor de la fuente de polución, explicó Argo.
Las dioxinas son químicos tóxicos que se hallan en cantidades muy pequeñas en el aire, el agua, el suelo y algunos alimentos.
La quema a gran escala de desechos municipales o sanitarios es la principal fuente de dioxinas en Canadá, pero también se generan por la incineración de combustible y madera, la generación de energía y la producción de hierro y acero.
Dado que se registraron más nacimientos femeninos en las 90 comunidades estudiadas, también se observaron más casos de cáncer de pecho, útero y ovario que otros tipos de tumores, concluyó Argo.

martes, 16 de octubre de 2007

OPINAN LOS VECINOS

Los SI y los NO de los vecinos


La ciudad es un bien social creado cotidianamente con los aportes de todos y como tal debe servir a todos facilitando las relaciones interpersonales.El énfasis en uno solo de los factores en juego desestabiliza el desarrollo de las funciones urbanas conjuntas.La ciudad metropolitana está en construcción permanente, dependiendo de diferentes autoridades que no han acordado sus acciones. El organismo metropolitano real, la ciudad metropolitana real, actúa complementariamente a pesar de la desconexión de las gestiones municipales involucradas. Los resultados muestran una ciudad disfuncional por una perversa idea unilateral de concentrar los negocios en un solo sector en detrimento directo del conjunto de los habitantes. La sostenida ignorancia de los funcionarios a cargo de las decisiones es funcional al poder constituido. El derecho a la ciudad ha sido monopolizado por un único grupo que destruye todas las oportunidades de una redistribución equitativa de roles y lugares.Cuenta para eso con mecanismos sostenidos por una legislación manipulada para que nada cambie.Exigimos el Planeamiento coordinado de la CIUDAD METROPOLITANA.El organismo principal del contraplaneamiento de la ciudad metropolitana está representado por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, el COPUA, creado por ley Nº 71 / 97. Desde su conformación ha saboteado en todas las formas posibles el mandato constitucional de elaborar el Sistema de Planeamiento Urbano Ambiental Participativo normado en la Constitución de la Ciudad Autónoma.La presentación del primer documento, constituido por un plan de proyectos de obras de arquitectura, fue impedido de ser tratado en la Legislatura por un recurso judicial de inconstitucionalidad, por haberse demostrado la manipulación de la participación.El segundo intento está presentado ahora a consideración de los legisladores y se trata de un folleto cuya única razón de ser es remitir a la aplicación del Código de las Componendas. Han pasado once años y eso es lo que ha conseguido el COPUA para los ciudadanos. Paralelamente se ha convertido en el organismo rector de la discrecionalidad al haber heredado las funciones del disuelto Consejo de Planeamiento Urbano, CPU.
Solicitamos la disolución y la investigacion del COPUA.A continuación presentamos un listado de lo que no debe hacerse.
NO a las construcciones de viviendas unifamiliares y colectivas sin estudio de impacto ambiental hoy categorizadas SIN RELEVANTE EFECTO.
NO a las obras sobre áreas consolidadas.
NO a la destrucción de las identidades barriales.
NO al aumento de densidades de ocupación.
NO a la usurpación de nuestros espacios, de nuestro sol, de nuestros lugares.
NO a las construcciones que no se corresponden con las reales necesidades de la gente.
NO al hacinamiento y al sobre congestionamiento de funciones.
NO a la conversión de tierras públicas para usos privados especulativos
NO al saqueo urbano apoyado por legislaciones tramposas.
NO a la exclusión por falta de políticas de empleo, de distribución de población, de educación y de salud.
NO a los manejos del contraplaneamiento del COPUA y de las Corporaciones de la Industria de Especulación Inmobiliaria.A continuación un listado de propuestas.
SI a la modificacion del cuadro de usos 5.2.1 del codigo de planeamiento urbano para viviendas unifamiliares y colectivas sean categorizadas según ley 123 de CON RELEVANTE EFECTO en todos los distritos hoy categorizadas como SIN RELEVANTE EFECTO.
SI a la eliminacion en todos los distritos donde dice Tipologia Edilicia se permitiran eficios de perimetro semilibre y libre (es decir TORRES) quedando solo edificios entre medianeras con altura limitada según consolidacion existente equivalente al 75 % ya sea FOS,FOT,ALTURA,
SI a la plena vigencia de las comunas con mecanismos transparentes de participación vecinal.
SI a la reinversión de las plusvalías generadas por inversiones públicas en obras para la ciudadanía.
SI a la implementación del presupuesto participativo.
SI a la implementación de la banca del vecino.
SI a la reestructuración coherente dentro del PUA del transporte público, ferroviario y automotriz
SI al uso de las tierras del dominio del Estado Nacional para espacios verdes públicos no concesionados.
SI a una ciudad con lugares, con espacios de dimensiones suficientes para el desarrollo de la vida ciudadana en plenitud.
SI a la descentralización de las funciones sobre congestionadas en la ciudad central.Exigimos la vigencia del Sistema de Planeamiento Urbano Ambiental Participativo, normado desde hace once años en la Constitución de la Ciudad.
Arq. DPUR Marta Dodero

EL NEGOCIO DE LA RURAL

Así quedará el Predio Ferial de Palermo
Diario PERFIL


Telerman envio un proyecto de ley
Polémica: la Rural de Palermo busca edificar


Poco antes de la renovación de sus bancas, la Legislatura porteña acaba de recibir una iniciativa del gobierno local para rezonificar los terrenos que ocupa el predio ferial palermitano. De aprobarse, abrirá las puertas para que en ese espacio tradicional de la Ciudad se construya un imponente edificio de convenciones. Las asociaciones vecinales están en alerta por la nueva embestida inmobiliaria en la Rural, después de que varios intentos anteriores lograron ser frenados. La empresa a cargo del centro de exposiciones, perteneciente al empresario-candidato Francisco De Narváez, explica qué hará.


Por Carlos Romero

La historia es conocida: sobre el final de una gestión, cuando la estructura política vive una “plancha” masiva, algunos polémicos proyectos entran en escena, amortizados en el ocaso de la administración saliente. Algo de eso se dijo cuando Jorge Telerman decidió, por decreto, una suba del impuesto inmobiliario en la Ciudad, que luego tuvo que poner en stand by. Y algo de eso se está diciendo con fuerza de otro sensible plan impulsado por el jefe de Gobierno. En este caso, uno que le vendría como anillo al dedo a una empresa propiedad de Francisco de Narváez, el diputado nacional, candidato a gobernador bonaerense y novísimo aliado de Mauricio Macri.
Se trata de un proyecto de ley que el 2 de agosto pasado llegó a la soñolienta Legislatura porteña. Su fin es modificar el Código de Planeamiento Urbano, pero sólo en lo que respecta al Predio Ferial de Palermo, para cambiar su zonificación y así habilitarlo a nuevos usos regularizando una situación que hace años acumula zozobra. Para La Rural SA, firma que tiene la concesión para explotar el centro de exposiciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y cuyo dueño es el grupo que encabeza De Narváez, eso facilitaría la concreción de una serie de ambiciosas obras. En especial, la construcción de un centro de eventos cubierto, con capacidad para 8.000 personas y 1.100 vehículos. También habría nuevos usos para los edificios existentes: disco, fiestas privadas, bar y salón de baile, entre otros. A cambio, la gerenciadora promete poner en valor ciertos edificios, reabrir la calle Darregueyra y eliminar la polución publicitaria sobre Plaza Italia. Reacciones. La propuesta ya fue defendida en la Legislatura por la empresa y la Dirección de Interpretación Urbanística, dependiente del Ministerio de Planificación y Obras Públicas, y causó el repudio de un grupo de entidades vecinales y ambientalistas, que anticiparon a PERFIL que este lunes 15 irán a la Justicia para presentar un recurso de amparo.
Hace dos semanas, ante la Comisión de Planeamiento del Parlamento (donde se trata el proyecto), estas ONG presentaron sus críticas. Hicieron referencia a la falta de un estudio de impacto ambiental incluido en el expediente, así como de un informe de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, ya que varios edificios del predio tienen ese estatus. PERFIL intentó trasladar el debate a Planeamiento y Obras Públicas, bajo el mando del ministro Juan Pablo Schiavi, pero no obtuvo respuestas. Las polémicas sobre el predio vienen de larga data, acumulan varias causas y una clausura en 2005. “En 1991, el Estado vendió el terreno a la SRA a un precio irrisorio. Se habló de una venta condicionada a que sólo se usase a los fines estatutarios de la sociedad civil, congresos y exposiciones, no los espectáculos con fines de lucro que hacen hoy”, sostiene el abogado Pedro Kesselman, titular de la Asociación Vecinos de Plaza Italia. El arquitecto Osvaldo Guerrica, de Amigos del Lago de Palermo, agrega que “el estadio cubierto sería el más grande de la Ciudad, en una zona muy conflictiva en contaminación auditiva, del aire y congestionamiento”. Para Guerrica, “esto ya es así y con los nuevos usos autorizados, la zona estallará”. Desde La Rural SA responden que buscan “ordenar urbanísticamente el predio” y que cuentan con todos los avales para llevar adelante las obras, incluso si el proyecto de ley no prospera (ver recuadro). Vacas “dance”. Tras adquirir el lugar (con un decreto de Carlos Menem y por sólo 30 millones de pesos), la SRA creó la gerenciadora La Rural SA, que vendería la mitad de sus acciones a Ogden Argentina SA. Ya con Luciano Miguens al frente de la SRA, De Narváez entra en escena primero comprando la parte de Ogden y en abril de 2005, la de la entidad rural, con una concesión hasta 2025. Para el Código de Planeamiento Urbano porteño, las 11 hectáreas del predio están en un área de Urbanización Parque (UP); es decir, “destinada a espacios verdes y parquización de uso público”. En el pasado, esto y el rechazo de los vecinos han trabado muchas de las obras que se pretendían: en 1997, un intento fallido por construir cines y un shopping terminó en un enorme pozo que aún permanece, y en 2001 otros planes similares fueron rechazados por la Comuna.
Vale marcar que el lugar, que hace años organiza ferias multitudinarias, recién obtuvo su habilitación en marzo pasado, según pudo conocer PERFIL. Antes, usaba una habilitación en trámite. Hoy, fuera de las exposiciones, las otras actividades se hacen vía permisos especiales de la Dirección de Habilitaciones y Permisos, en la órbita del ministro de Gobierno Diego Gorgal. En esa cartera informaron que el predio “está habilitado como centro de exposiciones y eventos, con el restaurante como uso complementario”. Otros usos (casamientos, cumpleaños, fiestas empresariales, etc.) requieren autorizaciones ad hoc. Para Osvaldo Sidoli, abogado de Red Verde Ciudadana, que también acompañará la demanda en la Justicia porteña, “la cotidianeidad en el otorgamiento de permisos especiales contradice la esencia misma de ese recurso”. Zona. “En la Rural deberían existir espacios verdes destinados a la recreación de la población”, sostiene el titular de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Matías Viale, y agrega: “Resulta más que claro que las actividades que se hacen no son de exclusiva utilidad pública, y menos que los pabellones construidos o este estadio sean complementarios del espacio verde”. De aprobarse la iniciativa, la zonificación pasaría a ser E4 (Equipamiento Especial) y el predio se habilitaría como “centro nacional e internacional de exposiciones y eventos”, con usos tan diversos como exposición masiva, convenciones, espectáculos públicos y galería de arte. Mientras las ONG se preparan a dar batalla, la firma de De Narváez pronto tendrá competencia: hace un mes, Néstor Kirchner cedió en comodato a la Unión Industrial Argentina un predio de tres hectáreas en Barracas, donde esa entidad planea construir su propio centro de exposiciones.

LA EMPRESA DEFIENDE LA INICIATIVA
“Hicimos encuestas y los vecinos quieren hacer las obras, con el compromiso de no levantar ni cines ni shoppings”, se ataja Rafael Rodríguez Roda, director de Relaciones Institucionales de La Rural S.A., quien además destaca que existen ONG que sí están de acuerdo con su propuesta. La empresa del grupo De Narváez asegura que presentará los estudios de impacto ambiental correspondientes, y sostiene las bondades económicas y de seguridad que el proyecto traería al barrio. Para Roda, la propuesta del Ejecutivo busca “ordenar urbanísticamente el predio, reconociendo la zonificación que mejor se ajusta al destino que históricamente se le asignó”. Aclara que ya hoy están en regla y que las obras completarían la oferta del predio: “La Ciudad no posee un centro de eventos para competir a nivel mundial y albergar congresos internacionales”. Agrega que los congresos y convenciones son una “industria limpia” y lucrativa para la Comuna. Sobre los recitales, algo que preocupa a los vecinos por los ruidos, repite que no es el uso que tienen en mente y tampoco cree que sea “rentable” para ese fin.
Las ONG que se oponen sostienen que podría ser una tentación en el futuro, por la capacidad y ubicación del estadio planeado. Sobre la rezonificación, Roda sostiene que el proyecto (que fue concursado y ganado por la Sociedad Central de Arquitectos) puede llevarse adelante aunque la ley no avance. “Con la zonificación actual podemos hacerlo. Por ejemplo, la Facultad de Abogacía es UP también. No dependemos ciento por ciento de eso para avanzar, pero igual queremos ser ordenados”, concluye.

¿OTRA CIUDAD?


Buenos Aires "desfigurada"

Max Seitz BBC Mundo, Argentina

Las torres amenazan las casas coloniales que identifican a Buenos Aires. Buenos Aires, la ciudad con fachadas de arquitectura diversa, parece estar perdiendo sus señas particulares por el avance implacable de modernas e insípidas torres.
En la capital argentina hay miles de casas coloniales, o del siglo XIX y principios del XX con estilos que van desde el clásico italiano o francés hasta el inglés.
Pero muchas de estas construcciones, que representan uno de los mayores atractivos de la ciudad, corren el riesgo de desaparecer.
Cada mes se demuelen decenas de viviendas que testimonian el pasado arquitectónico de Buenos Aires para dar lugar a edificios de apartamentos de ocho plantas o más.
Esto se debe al auge de la construcción en Argentina, un sector que -según las autoridades- está creciendo a un ritmo anual del 16% gracias a la reactivación económica que ha experimentado el país en los últimos años.
Pero hay otra razón: la falta de regulaciones y mecanismos ágiles para evitar "sacrificios" edificios.

"Preocupación"

La arquitecta Graciela Toranzo Calderón, de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de Buenos Aires, explica a BBC Mundo que actualmente hay más de 1.400 edificios protegidos en la ciudad, sobre todo en el casco antiguo.
¿Pero qué ocurre con las numerosas casas particulares situadas en los barrios más densamente poblados de la capital argentina, como Palermo y Caballito, que están siendo reemplazadas por torres?
"La preocupación existe", dice Toranzo Calderón. "Pero no es tan sencillo encontrar una solución, porque se requiere una ley para proteger cada una de las viviendas. Y esto puede demorar hasta dos años".
"Los tiempos de tramitación de un expediente son diferentes al ritmo de la construcción, que avanza rápidamente. A veces no llegamos a evitar una demolición".
Toranzo Calderón admite que "posiblemente hubo falta de previsión" en la política de protección del patrimonio arquitectónico de los barrios porteños, pero lo justifica afirmado que la idea de preservación es "relativamente nueva".

El lado positivo

Quienes trabajan en el sector de la construcción afirman que las torres contribuyen a modernizar la ciudad, además de dar empleo a miles de argentinos, y algunos vecinos coinciden con ellos.
"Me parece bien que la arquitectura se vaya renovando. Aquí había casas muy viejas, llenas de ratas y con peligro de derrumbe", comenta a BBC Mundo Carlos, un residente de Caballito, antes de entrar al edificio nuevo en el que vive.
Pero no todos piensan lo mismo en este barrio situado en el centro geográfico de Buenos Aires.
Gerardo Allegretti, dueño de un kiosco, opina: "Por supuesto que uno tiene que vivir el ritmo de la época, pero también hay que preservar aquello que es valioso por su arquitectura para dejarles algo a nuestros hijos y nietos".

Protestas

En los últimos tiempos Caballito ha sido escenario de varias protestas tanto por la construcción de edificios altos en terrenos que antes ocupaban bellas casas como por el deterioro de la calidad de vida.
Allí una organización llamada Proto Comuna Caballito lucha por preservar la identidad barrial ante el desenfreno del mercado inmobiliario.
El coordinador del grupo, Gustavo Desplats, vive en una casa de estilo Tudor que construyó su bisabuelo a principios del siglo XIX y que con el tiempo ha quedado atrapada entre dos torres de apartamentos, como tantas otras viviendas de la zona.
Desplats dice que todas las semanas recibe ofertas de compra tentadoras por su inmueble, aparentemente para reemplazarlo por un edificio de varias plantas.
Pero confiesa que las ha rechazado porque quiere que, al pasar, los vecinos vean una fachada "agradable a los ojos".
"Caballito es un típico barrio de clase media que todavía tiene casas de calidad con diversidad de estilos, y eso se está perdiendo", advierte.
"En los últimos tres años se han destruido 500 viviendas antiguas para levantar torres sin ninguna particularidad arquitectónica en el exterior, es decir, parecidas a las de cualquier otra ciudad del mundo".

Calidad de vida

Según Desplats, la construcción sin control de edificios altos no sólo tiende a "borrar" la identidad del barrio, sino que además deteriora la calidad de vida de los vecinos, porque las redes de agua potable y cloacas son sometidas a una demanda extra para las que no están preparadas.
Protestas por dificultades en los servicios públicos llevaron a que, a fines del año pasado, el gobierno de la capital argentina suspendiera por tres meses nuevos permisos de obras en Caballito y otros cinco barrios porteños.
Dicen que las callecitas de Buenos Aires "tienen ese no sé qué".
Pero los especialistas advierten que algunas de sus particularidades podrían perderse si la ciudad sigue creciendo descontroladamente hacia arriba y, sobre todo, pisando los escombros de valiosas casas antiguas

miércoles, 10 de octubre de 2007

POLUCION

Agencia REUTERS

La polución es más letal que los accidentes de autos en Europa


LONDRES (Reuters) - La contaminación del aire redujo la expectativa de vida promedio de los europeos casi un año y contribuye a la muerte prematura de cientos de miles de personas anualmente, informó el miércoles la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
Más de 100 millones de personas de la región compuesta por 53 países también carecen de acceso a agua potable segura, un problema más grave en las áreas rurales, indicó el grupo que compila los datos de la Unión Europea en un informe.
Los niveles de contaminación del aire disminuyen la expectativa de vida hasta dos años en las zonas más afectadas de Bélgica, Holanda, el norte de Italia y partes de Polonia y Hungría, señaló el reporte.
"La mala calidad del aire aún está provocando cientos de miles de muertes prematuras en Europa cada año y sigue dañando los cultivos y la salud del ecosistema," indicó el informe.
"La pérdida de vidas anual estimada es significativamente mayor que la causada por los accidentes automovilísticos," agregó el escrito.
Unos 870 millones de personas viven en la región, más de la mitad en Europa central y occidental, señaló el reporte.
La agencia también instó a una rápida acción para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, ligados al calentamiento global, y a mejorar la calidad del aire y el agua de la región, según expresó el informe de 400 páginas.
La situación es particularmente complicada en Europa oriental, el Cáucaso y Asia central, donde las emisiones contaminantes treparon alrededor de un 10 por ciento desde el 2000, como resultado del desarrollo de las economías de la zona.
Además, los aumentos en los transportes y las malas políticas de reducción de la polución son responsables de los problemas en esa zona más comprometida, agregó el escrito.
"Para responder a estos temas ambientales complicados, necesitamos la cooperación de toda la región europea, así como también apoyo financiero y técnico," concluyó el grupo.

CONTAMINACION SONORA

Diario LA NACION
La contaminación sonora, un riesgo

En varios países del mundo, el ruido es considerado la primera causa de enfermedad profesional y contaminación ambiental de la cual se quejan los habitantes. A su vez, es una agresión que provoca daño lentamente, pero de manera acumulativa. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, el ruido excesivo es responsable del 3 por ciento de las muertes por ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares en Europa. La noticia, divulgada en la revista New Scientist , tomó por sorpresa incluso a quienes luchan contra la contaminación ambiental. Si ese porcentaje se aplica a los cerca de siete millones de personas que mueren cada año por problemas coronarios en el mundo, resultaría que como consecuencia del ruido fallecerían, en ese mismo lapso, alrededor de 210.000. De acuerdo con los científicos del University College de Londres, autores del estudio, la exposición al ruido genera una producción constante de hormonas del estrés, capaces de causar en el metabolismo humano alteraciones de larga duración que ponen la vida en peligro. El incremento en el riesgo de mortalidad es, quizás, el efecto más grave de la continua exposición al ruido, pero no el único. De acuerdo con los expertos, soportar constantemente 55 decibeles (el ruido equivalente a un restaurante concurrido) o más es suficiente para causar problemas cardiovasculares. La música a todo volumen (un hábito que se ha facilitado gracias al masivo uso de dispositivos electrónicos como iPods y reproductores de MP3) y los juguetes ruidosos superan, en muchos casos, esos niveles, lo que está incrementando también los casos de pérdida de capacidad auditiva. Se estima, por ejemplo, que casi un 2 por ciento de los niños y jóvenes en Europa, entre los 7 y los 19 años, ya tiene algún grado de pérdida auditiva. Los adultos no se quedan atrás: un 2 por ciento de los europeos sufre perturbaciones graves del sueño por culpa de la contaminación sonora y al menos un 15 por ciento se queja de molestias. Los datos arrojados por el estudio de la OMS son más preocupantes debido a que desde mediados de los años 70 se han tenido en cuenta, para el establecimiento de regulaciones al respecto, los criterios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sobre ruido ambiental. Tras una serie de estudios, ese organismo afirmó que para proteger virtualmente a toda la población, el nivel sonoro promediado durante las 24 horas del día no tendría que superar los 70 decibeles. En forma equivalente, no debería exceder los 75 decibeles durante una jornada laboral de 8 horas, siempre y cuando el resto del tiempo el nivel de exposición se mantenga bastante por debajo de ese valor. En el caso concreto de la ciudad de Buenos Aires, considerada entre las más ruidosas del mundo y una de las primeras entre las de América latina, esos niveles de ruido son superados con facilidad en diferentes zonas de su territorio. El problema de la contaminación sonora se mantiene como una de las amenazas cotidianas sobre la calidad de vida de la población. Por consiguiente, resulta necesario educar y crear conciencia del problema, ejecutar medidas inmediatas para atenuar los altos índices de emisiones acústicas contaminantes y, así, contribuir a la prevención de futuros trastornos auditivos y mejorar en ese sentido la calidad de vida de los habitantes.

sábado, 29 de septiembre de 2007

MAR DEL PLATA

Diario 0223
Fomentistas se pronunciaron contra la indiscriminada construcción de torres en el Barrio San Carlos

El ex presidente de la Sociedad de Fomento del barrio San Carlos y habitante de la zona, José Bujedo, se mostró en contra de la construcción de torres en ese sector de la ciudad. En este sentido manifestó que hay fundamentos que lo avalan. “Los concejales tienen que consultar más a una institución intermedia y a los vecinos, como para no autorizar rápidamente este tipo de cosas”, dijo el fomentista y remarcó que “San Carlos no es apto para que se construyan estas torres”. A pesar del generalizado malestar de los vecinos y la concreta posibilidad del colapso de los servicios de agua y cloacas, los concejales de Acción Marplatense, PJ y la mayoría de la UCR avalan la controvertida iniciativa impulsada por el intendente Katz. Cabe recordar que el Ejecutivo Comunal elevó al Concejo Deliberante un proyecto pretendiendo modificar la normativa urbanística prescripta en el Código de Ordenamiento Territorial, en las manzanas comprendidas entre la Avenida J. J. Paso y las calles Alem, Bernardo O 'Higgins y Bernardo de Irigoyen. En Alem y Paso está ubicado el Sheraton Hotel. El Código de Ordenamiento Territorial sólo permite construir allí edificios de hasta cinco pisos. Con los cambios, todos los emprendimientos pasarían a tener la altura del hotel cinco estrellas. La sanción de la mega-excepción abrirá la puerta a un millonario negocio inmobiliario. En iniciativas de lujos similares, el metro cuadrado se cotiza actualmente a un valor promedio de entre 1.500 y 2 mil dólares. La especulación constructora e inmobiliaria está cercando los barrios de casas bajas con una muralla de torres y edificios, atentando contra la fisonomía de éstos, su patrimonio histórico y cultural, y la calidad de vida de los vecinos. El próximo lunes, la Comisión de Legislación del HCD, que encabeza el edil de AM, Héctor Rosso, trataría el polémico expediente que atenta contra la calidad de vida de los vecinos de los barrios San Carlos y Playa Grande. Un informe oficial de Obras Sanitarias Mar del Plata-Batán advierte sobre el impacto negativo que generará la construcción de grandes edificios en la zona de la Avenida Juan José Paso, Leandro Alem, Bernardo O’ Higgins y Bernardo de Irigoyen, es un punto clave para explicar los perjuicios que pueden acarrear este tipo de polémicas obras. El vecino y ex fomentista del barrio San Carlos, José Bujedo, dio su opinión respecto a esta iniciativa. “Es verdad lo que dice el informe de Obras Sanitarias, porque de pronto cuando llega el verano y hay mayor demanda de agua, se torna difícil que los habitantes podamos tener el agua suficiente”, dijo en referencia a que es una zona de canteras, alta y de muchas rocas. En ese sentido añadió que “siempre ha sido difícil concentrar el fluido del agua, pese que en el Parque Primavesi se instaló un bombeador para tener la fuerza necesaria”. Además añadió que durante la temporada, los circos que llegan a la ciudad insumen un consumo de agua enorme. Por lo demás, la gente se siente molesta por el hecho de construir edificios así, de manera exagerada en cuanto a la altura. Al respecto comentó que cuando se pensó en hacer un complejo en la zona de las manzanas de Rizzo, al lado de la Villa de Paso, él fue el encargado de realizar un informe acerca de lo que pensaba la gente. “Hice una consulta por cada domicilio, y no querían saber nada por el tema de que las grandes construcciones tapan el sol y la vista privilegiada”, señaló. Y sostuvo: “Esto de las torres puede complicar aún más las cosas. Los concejales tienen que consultar más a una institución intermedia y a los vecinos, como para no autorizar rápidamente estas cosas. Hay una demanda inmobiliaria de mucho valor, por la ubicación, el paisaje y porque la gente cuida muy bien la vivienda, y eso influye”. Finalmente en conclusión sostuvo: “San Carlos no es apto para que se construyan estas torres”.

AUTOR / FUENTE: Celeste Vergara

PROTESTAS


Diario PAGINA 12, Suplemento m2


Vecinos en la calle

Los vecinos de esta ilustre ciudad han descubierto el patrimonio de un modo que parece súbito. Por supuesto, lo que ocurre en realidad es que descubrieron que pueden defenderlo saliendo a la calle, protestando, movilizándose. Esto es, politizando el tema en el sentido más simple de ponerlo en la agenda política y cobrándoles a sus representantes electos la falta de legislación y de iniciativa política para defender el patrimonio construido.
En un punto, el tema es simple. Respecto del patrimonio hay tres clases de políticos. La mayoría nunca escuchó hablar del tema y no lo tiene presente porque con él no se ganan votos ni se tienen papelones. Son gente que sabe que, por ejemplo, no se puede cerrar un hospital ni siquiera si realmente hiciera falta cerrarlo, porque el escándalo sería sideral. Saben también que con el patrimonio no ocurre lo mismo.
Una minoría de políticos defiende el patrimonio, lo aprecia y conoce, pero hace apenas lo que puede ante una mayoría indiferente y ante el tercer tipo de político, minoritario pero realmente peligroso. Estos son los que directa o indirectamente lucran con la destrucción de nuestro edificios mejores, vía “peajes” para autorizar o acelerar construcciones o simplemente como miembros de la industria, a la que van a volver al dejar la función pública y en la que quieren ser recibidos con los brazos abiertos. Estos lo hacen por dinero y los ejemplos en administraciones pasadas, presentes y hasta futuras son claros y evidentes.
El único modo de parar esto es, desgraciadamente, haciendo olas. Los vecinos de Caballito, Parque Chas, Agronomía y Recoleta lo han descubierto y se mueven con energía, habiendo salvado ya varios edificios a fuerza de manifestaciones y recursos de amparo. Los eventos que se cuentan en la nota principal sobre el edificio de Montevideo 1244/50 les suben el costo político a los coimeros y a los indiferentes por igual, lo que ayuda a cuidar el patrimonio.
Ahora son los vecinos de la calle Pujol al 1400, en Caballito, los que salen a protestar, esta vez porque se va a construir un edificio de diez pisos en esa cuadra tranquila de casas unifamiliares, otra de las novedades con que se encuentran los porteños con el código que trabajaron finamente De la Rúa, Ibarra y Telerman, cada uno en su momento y con sus partes, para que toda la ciudad sea negocio para las constructoras. El miércoles, los vecinos se reunieron en la esquina de Pujol y Tres Arroyos para realizar un cacerolazo de protesta por el edificio. Como se verá, ya está empezando a haber una cierta sofisticación en la protesta, pues no se trata de una brutal torre sino de un edificio de diez pisos.
No muy lejos, en Floresta, los vecinos están de luto porque cerró el viejo café que desde hace muchos años encantaba con el nombre de El Arbolito, en la esquina de Bahía Blanca y Avellaneda, justo enfrente de la plaza Vélez Sarsfield. El barcito de la foto, una encantadora y típica esquina, cerró para ser reemplazado por la consabida torrecita de barrio, alta porque está en una avenida, y tan fea y olvidable como toda la arquitectura comercial actual. Los vecinos están enojados porque se dirigieron a su CGP, el 7, y a la Dirección General de Patrimonio pidiendo que el edificio sea catalogado aunque sea en su fachada, y cuentan que “nada se ha hecho”. Los vecinos de Floresta ya saben con qué bueyes aran y se están comunicando para sacar fotos de la esquina y pedirles a los obreros de la demolición que les regalen algunas molduras, para llevarlas a la Junta Histórica del barrio y preservarlas. Una tristeza.

PATRIMONIO URBANO



Diario PAGINA 12, Suplemento m2




Una de cal, una de canto
La Cámara porteña confirmó el amparo que frena la demolición de Montevideo 1244/1250, en un fallo ajustadísimo, tajante y unánime. No sólo rechazó los pintorescos argumentos del procurador porteño, sino que le recordó al Ejecutivo un nivel de coherencia básico: si hay un proyecto de ley para catalogar un edificio, no pueden autorizar que se lo demuela. Sabugo, por su parte, se negó finalmente a inhibir la destrucción del edificio.


Por Sergio Kiernan



El edificio de los Bemberg en Montevideo 1244/50, que fue salvado de la segura demolición por los vecinos reunidos en Basta de Demoler, sigue en el centro de una muy inédita movida política. Por un lado, la Cámara porteña acaba de rechazar la apelación del procurador porteño con un contundente, claro y unánime fallo que le explica un par de cosas al gobierno de cómo se deberían hacer las cosas. Por el otro, el inefable Mario Sabugo acaba finalmente de enviar su informe a la Legislatura afirmando que no va a inhibir el edificio, porque ya autorizaron la demolición. Resultó que el funcionario no es distraído: es cómplice.
Los vecinos de Basta de Demoler perdieron la patriada en Callao 924 –por puntos: salvaron las antigüedades del petit hotel– pero se están luciendo en la de Montevideo 1250. Su amparo para que el delicioso edificio no sea demolido y reemplazado por una fea torre de vidrios prosperó y acaba de ser confirmado con toda la fuerza por la Cámara porteña. Los jueces Balbín, Corti y Centanaro no sólo le hicieron caso al fallo de su fiscal sino que fueron taxativos en algo obvio: cuando se trata un proyecto de ley para catalogar un edificio, hay que inhibirlo. Siempre, siempre, siempre, porque si no van, lo demuelen y todo se torna abstracto. ¿Quién dijo que a los abogados no se les entiende nada?
El largo fallo de la Cámara se origina en la insólita apelación del procurador general porteño, que por alguna razón considera que el pueblo que representa sería lesado si no se demuele el petit hotel. Balbín, Corti y Centanaro, de forma unánime, rechazaron esta semana su apelación. El escrito cuenta que el amparo fue presentado por Santiago Pusso como “vecino” –y en nombre de los vecinos de Basta de Demoler– con argumentos claros y llanos como que “es un barrio tan castigado por (las demoliciones), siendo que otrora ostentaba orgulloso una gran cantidad de petit hoteles, que daban marco a una fisonomía arquitectónica y urbanística única en una ciudad latinoamericana y que de no ser preservada es irrecuperable”.
La historia que resumen los jueces continúa con la presentación de los diputados porteños Teresa de Anchorena y Jorge Enríquez, que demuestran que la autorización de demolición fue emitida después de que le comunicaran a las dependencias del Ejecutivo porteño que corresponden que estaba en trámite un proyecto de ley para catalogar el edificio. El Ejecutivo se hizo el oso y autorizó nomás, lo que resulta o sospechoso o estúpido, y en todo caso es incorrecto.
En contra se presentó la dueña del edificio, IQ Plaza Vicente López, cuyo representante explicó que iban a demoler nomás con la venia del gobierno porteño, y que estaban lesados en sus intereses económicos, además de haber cesanteado o suspendido a sus obreros y haber tenido que suspender el remate de las piezas de la demolición. También se presentó el procurador general porteño, apelando antes que los empresarios lesados, presentando argumentos que bordean la ciencia ficción. Primeramente, dijo que no hay verosimilitud en el reclamo del amparo, porque todos los papeles de la autorización de demolición están en orden. Como quedó claro arriba, esa autorización se dio después de que se comunicara por nota que se estaba proyectando legislativamente catalogar el edificio. De esto, el procurador general no se da por enterado. Su segundo argumento es que no existe “peligro en la demora”, lo cual es abiertamente psicodélico: una demolición toma literalmente horas o días, con lo que la premura de frenarla es evidente. Tercero, el procurador protesta porque no hay contracaución, esto es, porque no se fija un castigo económico por haber frenado la demolición. ¿Alguien necesita una chicana más clara para decirles a los vecinos que se callen y no se metan en los negocios inmobiliarios?
El fallo
Los jueces explican que consideraron los deberes que fija la Constitución de nuestra ciudad-estado al gobierno, entre los que están fijarse políticas medioambientales y culturales, garantizando explícitamente la preservación y restauración del patrimonio urbanístico y arquitectónico. Lo mismo ocurre con el Código de Planeamiento Urbano, que ordena catalogar y remitir a la Legislatura en un plazo perentorio de diez días (que ni Ibarra ni Telerman cumplieron jamás de los jamases). Luego le recuerdan al procurador porteño varios casos en los que hubo verosimilitud, apuro y contracaución y vuelven a repetir que Anchorena y Enríquez le comunicaron al Ejecutivo que se trataba de una catalogación en la Legislatura. Y ahí escriben, con claridad de romanos: “La existencia de un proyecto de ley sobre catalogación debe aparejar la modificación preventiva del catálogo respectivo mientras dure el trámite, y ello comporta la improcedencia de otorgar permisos de obra o demolición hasta tanto se resuelva”.
¿Se entiende? Los doctos jueces no dicen que “debería” inhibirse la demolición sino que “debe”. Hay que hacerlo. Punto.
Por tanto, la Cámara encuentra “razonable” y “ajustado” el amparo, y lo confirma: “Resuelve no hacer lugar a la apelación y, en consecuencia, confirmar la decisión recurrida”.
Este estupendo fallo unánime es una piedra basal para la acción: todo edificio o APH en proyecto, tratamiento o en ese limbo al que los condena el cajoneo de Telerman debe ser respetado. Como dicen los jueces, no debe autorizarse demoliciones u obras, como está sucediendo con el entorno de Parque Lezama, para dar un ejemplo entre tantos.
La de Sabugo
No es lo que piensa el arquitecto Mario Sabugo, subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del gobierno porteño. Sabugo tuvo pendiente a más de uno con su famoso expediente sobre la casa de Montevideo 1244/50, que tardaba más que el legendario general Alais en llegar a la Legislatura pero al fin lo hizo esta semana. Sabugo es el funcionario que debía dictar la inhibición del edificio a proteger, impidiendo que se lo demuela, pero no lo hizo y se escudaba en su demora con razonamientos y razones burocráticas. En la edición del sábado pasado de m2 se reveló su enojo con una nota en la que no explicaba nada de fondo, excepto que no era él el que autoriza demoliciones.
El muy completo expediente llegó por fin a la Legislatura, con la ficha de estudio que puso a Montevideo 1250 en la lista de edificios notables de la ciudad y con un largo intercambio de notas y más notas, lo que indica por qué toma tanto tiempo catalogar o proteger algo. Al final de todo, está la carta de Sabugo, que explica que el expediente incluye “el informe 6271-DGIUR-07 de fecha 18 de septiembre de 2007 de la Dirección General de Interpretación Urbanística”. El segundo párrafo –la carta es sintética– dice que “cabe señalar que con fecha 1º de agosto la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro ha registrado los planos de demolición del inmueble (...) tal como surge de fs 29”.
Y ahí viene el final: “Por lo expuesto, el dictado del acto administrativo por el que se incorpora con carácter de preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la parcela en la que se asienta el inmueble (...) ha devenido inoficioso toda vez que la que la (sic) catalogación tiene por objeto preservar el bien con niveles de intervención los que en ningún caso admiten demolición”.
Como esto es mal castellano y peor lógica, Sabugo tuvo que explicarse oralmente. Lo que explicó fue que, sencillamente, como sus colegas de Obras y Catastro ya habían autorizado la demolición, él no iba a pararla. En ningún momento pareció importarle que el edificio no haya sido demolido todavía, gracias a la Justicia, sino que sus colegas del otro escritorio ya habían firmado el permiso. Esto es confundir la burocracia con la realidad –el edificio todavía existe– y es una solidaridad rarísima, que confunde disciplina con incoherencia.
O sencillamente lo “inoficioso” es meterse con el negocio inmobiliario, tener un poco de coraje cívico para hacer lo que claramente marca la ley.
Menos mal que tenemos jueces y vecinos activos.

Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-1291-2007-09-29.html

jueves, 27 de septiembre de 2007

COMUNICADO

1er Encuentro Ambientalista Nacional
Reunión de trabajo de ambientalistas en el
Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación

ARGENTINA SE ABRAZA POR LA VIDA
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2007 (EAN)

Con la participación de 200 organizaciones ambientales y sociales de diversos puntos del país, concluyó el 1er Encuentro Ambientalista Nacional realizado durante los días 20 y 21 de setiembre en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación; tuvo la finalidad de comenzar la articulación de acciones conjuntas inmediatas de escala nacional, a través de una transformadora coordinación de esfuerzos.
En las 80 exposiciones de los panelistas participantes, los problemas ambientales se evidenciaron agravados por la falta de respuesta efectiva de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que habitualmente prioriza los intereses económicos de empresas por encima de la calidad de vida. Esta situación puede leerse como un genocidio, en el cual se combinan campesinos fumigados, cuencas enteras contaminadas por las mineras en varias provincias o por la industria en la del Matanzas - Riachuelo, trabajadores rurales expulsados, pérdida de soberanía alimentaria, víctimas de vertidos y emanaciones sin control. También crece el hacinamiento generado por la construcción indiscriminada (de lujo) en al Área Metropolitana Buenos Aires, en paralelo con el aumento de la población de villas y asentamientos precarios.

La convocatoria fue realizada por dos redes de ONG de trayectoria: RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista) que trabaja desde hace 20 años y la APEVU Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos) creada en 1993 a instancias de la Asociación Amigos del Lago de Palermo.
Se ha proyectado un encuentro nacional permanente de las iniciativas ambientalistas para lograr mayor comunicación e integración entre todas las redes, ONG e iniciativas ciudadanas.

UN FUTURO CONFLICTIVO

En las 80 exposiciones de los panelistas participantes, los problemas ambientales se evidenciaron agravados por la falta de respuesta efectiva de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que habitualmente prioriza los intereses económicos de empresas por encima de la calidad de vida.
Esta situación puede leerse como un genocidio, en el cual se combinan campesinos fumigados, cuencas enteras contaminadas por las mineras en varias provincias o por la industria en la del Matanzas - Riachuelo, trabajadores rurales expulsados, pérdida de soberanía alimentaria, víctimas de vertidos y emanaciones sin control. También crece el hacinamiento generado por la construcción indiscriminada (de lujo) en al Área Metropolitana Buenos Aires, en paralelo con el aumento de la población de villas y asentamientos precarios.


La ciudadanía tiene que participar, organizarse y movilizarse.
No hay más tiempo para perder.
Proponemos una nueva movilización ambientalista nacional
para el próximo 12 de diciembre a las 12:00 hs.


El 12/12 a las 12:00 hs
Plaza Congreso a Plaza de Mayo
Área de Comunicación del 1er Encuentro Ambientalista Nacional

Lic María Alejandra Morales malejandrams@yahoo.com.ar
Jorge Carcavallo jorgecarcavallo@hotmail.com


Arq Osvaldo Guerrica Echevarría - Asociación Amigos del Lago de Palermo
p/ APEVU Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos.

Carlos A. Manessi - Centro de Protección a la Naturaleza - Santa Fe
p/ RENACE Red Nacional de Acción Ecologista.

1er Encuentro Ambientalista Nacional20 y 21 de setiembre de 2007Auditorio HCDN
Ciudad de Buenos Aires
convocado porAPEVU / RENACE

martes, 25 de septiembre de 2007

COLABORACION EXCLUSIVA

El desarrollo de una política ambiental

A pesar de las múltiples reformas económicas implantadas en nuestra región en los últimos años, América Latina aún tiene que encontrar el camino hacia formas de progreso que podamos sostener y que satisfagan las necesidades de su gente, sus empresas y sus gobiernos a través del tiempo. La competitividad y la eficiencia son elementos clave en una economía mundial en integración. El crecimiento económico no es sostenible sin progreso social y protección ambiental. Es necesario mejorar la educación en todos los niveles, promover la actividad de la pequeña empresa, así como nuevos y más eficientes esquemas de atención a la salud y seguridad social.
El diseño e implementación de una política ambiental en los países actualmente en desarrollo, se erige como una condicionante importante para lograr la equidad, el desarrollo económico e indiscutiblemente, el cuidado del ambiente.
Dicha política ambiental deberá reunir características de estabilidad a través del tiempo; consistencia con el desempeño institucional y general; y de consideración de las capacidades de liderazgo público y privado, así como de las condiciones económicas, políticas y sociales municipales. Aún más, el éxito de la gestión ambiental deberá fundarse en una clara definición de objetivos y prioridades que, además debe ser congruentes con las necesidades reales de la sociedad.
Gran parte del problema de deterioro ambiental en Argentina se debe al convencimiento de que los recursos naturales son ilimitados e invulnerables, sufrimos perjuicios por las inundaciones rurales y urbanas, por la desertización de los suelos y la deforestación, más del 22% de los habitantes de argentina carecen de agua potable y al menos el 44% no tiene cloacas. También hay que tener en cuenta la falta de una política adecuada, la ausencia de coordinación en la aplicación de las normas y a la insuficiente información y conciencia publica sobre la protección de la naturaleza. Por lo que siempre se reacciona cuando ocurren las crisis, pero no se piensa ni se actúa para prevenirlas.
El problema de la gestión depende sobre todo de los políticos, que no son diferentes del resto de la sociedad. Los políticos, como el resto de los seres humanos, tienen un comportamiento poco previsor. ¿Cuántos de nosotros se ponen el cinturón de seguridad en los coches por miedo a las multas y no como medida de prevención de un accidente? Con el estado actual del conocimiento, se podrían realizar medidas que evitarían muchos problemas. Sin embargo, en muchas ocasiones se toman decisiones que no es que vayan en contra del conocimiento científico, sino incluso contra el sentido común.
La preservación de la calidad del ambiente es una necesidad, una aspiración y una obligación. Es un derecho y, al mismo tiempo, un deber. Es el primero de los derechos humanos: el derecho a la vida, sin la cual no tienen razón de ser los demás. Preservar la calidad del ambiente significa ampliar la posibilidad de supervivencia.
Sería muy interesante que tanto los políticos, como los empresarios y la sociedad argentina en su conjunto, tomará como base los temas ambientales en tres áreas: Seguridad, Salud y Educación.

¿Por qué hablar de Seguridad Ambiental?

Porque por más espectaculares que sean los secuestros, robos y asesinatos de cada día, la inseguridad también es ambiental, y se cobra muchas más vidas que la violencia callejera.
La Argentina carece de una estructura específica para la investigación de los delitos contra el ambiente. En realidad, la mayor parte de las denuncias sobre este tipo de delitos son formuladas por organizaciones no gubernamentales, que carecen de los medios técnicos y competencias para llevar adelante las investigaciones necesarias sobre el tema.
Es necesaria la creación de un área específica para la investigación de los delitos ambientales. Por supuesto que las distintas fiscalías toman a menudo temas ambientales, pero lo hacen de buena voluntad, sin la formación profesional necesaria para hacerlo. Esto aumenta mucho las posibilidades de error en un tema muy específico desde lo técnico.
Se establece así una cadena perversa en la cual la Policía no actúa porque no recibe las instrucciones adecuadas, ya que quien tiene competencia para darlas no está en tema y quien conoce el tema no tiene las competencias necesarias para convocar a las fuerzas de seguridad.
Se necesitan Tribunales Ambientales que cuenten con un cuerpo de peritos conformado por técnicos especializados en estos temas: Técnicos Superiores en Gestión Ambiental, Técnicos en Ecología y Técnicos en Seguridad e Higiene.
La existencia de Peritos Ambientales, siempre que se tomen su labor en serio, permite la apertura de investigaciones para, con el auxilio de la Policía, practicar diligencias, instar ante el juzgado la adopción de medidas cautelares y ejercitar las correspondientes acciones penales. Asimismo está entre sus funciones el velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales, como autos o sentencias, que afecten al interés público o social.
No existe en la actualidad un cuerpo de peritos ambientales registrado ante la Suprema Corte de Justicia a los cuales acudir cuando se necesita un informe válido para presentar en juicios ambientales.
Podemos tomar como ejemplo, un tema ambiental como es el caso de los transformadores con PCB. Hay denuncias de transformadores con PCB que fueron enterrados, arrojados al Río de la Plata o vendidos como chatarra para ser fundido el metal. En todos los casos, se trata de violaciones a la Ley de Residuos Peligrosos. En los países desarrollados, existen registros contables de la cantidad de residuos peligrosos existentes y se va registrando su tratamiento y disposición final mediante bases de datos unificados a nivel nacional.
En Argentina existen normas estrictas que prohíben la venta o el empleo de determinadas sustancias químicas consideradas como peligrosas para la salud o el ambiente. El largo listado incluye insumos industriales o de la construcción, pesticidas, medicamentos, entre muchos otros. Muchas de ellas, sin embargo, pueden obtenerse sin inconvenientes, ya que las respectivas leyes, decretos o resoluciones de prohibición no suelen indicar un organismo de aplicación que sea responsable de hacer cumplir esa prohibición.

¿Por qué hablar de Salud Ambiental?

Porque la ausencia de saneamiento apropiado conduce a enfermedades diarreicas, que sumadas a la desnutrición, al hacinamiento, al estrés mental severo y a la exposición al frío, predisponen a una gripe potencialmente mortal. La gripe es el eslabón final de una cadena de dificultades más profundas. Por lo tanto, el diagnóstico de una mera gripe, que puede mal interpretarse como no vinculada a las condiciones del ambiente humano, debe ser entendido con un criterio epidemiológico más amplio.
La pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados. La esperanza de vida al nacer está cayendo debido a la exposición de su población a agentes físicos y químicos diversos. Favorecidas por descalabros ecológicos, emergen nuevas enfermedades transmisibles, el SIDA es la más conocida y vuelven a aparecer con creciente incidencia la tuberculosis, el cólera, el paludismo, el dengue, la fiebre amarilla, entre otras.
La posibilidad de los niños de desarrollarse y convertirse en adultos productivos el día de mañana está fuertemente determinada por la calidad de su salud y educación. Los factores ambientales son importantes ya que pueden causar o exacerbar enfermedades en los niños.
La salud ambiental es aquella parte de las ciencias ambientales que se ocupa de los riesgos y efectos que para la salud humana representan el medio que habita y donde trabaja, los cambios naturales o artificiales que ese lugar manifiesta y la contaminación producida por el mismo hombre a ese medio.
La salud y el desarrollo tienen una relación directa. Tanto el desarrollo insuficiente que conduce a la pobreza como el desarrollo inadecuado que redunda en el consumo excesivo, combinados con el crecimiento de la población mundial, pueden motivar graves problemas de salud relacionados con el ambiente en los países desarrollados y en los países en desarrollo. La salud de una comunidad esta directamente relacionada con factores que condicionan la relación entre salud y enfermedad, y la necesidad básica humana de un ambiente seguro, y uno que provea condicionantes idóneos de salud, y que se expresen en agua pura, alimento y techos adecuados.
La creación de un ambiente para la salud depende de la participación de todos; no solamente en términos de acciones contributivas de todos los miembros, sino de acciones cooperativas entre los sectores. El problema ambiental esta profundamente relacionado con el vínculo que tienen los hombres con su entorno y depende también de la relación de los hombres entre sí.

¿Por qué hablar de Educación Ambiental?

Porque Argentina necesita poner en ejecución unas políticas en educación ambiental que orienten los esfuerzos de numerosos grupos que, de manera organizada o no, realizan acciones tendientes a racionalizar las relaciones del ser humano con el medio natural o transformado. Necesariamente, esta política debe tener como referentes, las estrategias que en este sentido se han formulado tanto a nivel internacional como nacional, dado que la problemática que pretende soluciones y las potencialidades que apuntan a reforzar atraviesan las fronteras locales e internacionales.
Atendiendo al carácter sistémico del ambiente, la educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con el entorno, a partir de conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la vida y en una concepción del desarrollo sostenible.
El cómo se aborda el estudio de la problemática ambiental y el para qué se hace educación ambiental, depende tanto de cómo se concibe la realidad o relación entre el individuo, la sociedad y la naturaleza como de qué tipo de sociedad se quiere. No se trata simplemente de conservar y proteger la naturaleza para el desarrollo sino de construir nuevas realidades, nuevos estilos de desarrollo que permitan manifestar lo que es diferente, en lo cultural y en lo natural.
La Política Ambiental Regional es parte fundamental del proyecto político del desarrollo de cada una de las regiones. Más que un simple documento ella expresa el compromiso ambiental de los servicios públicos nacionales que operan en cada territorio, de los gobiernos regionales y municipios, del sector privado, de las universidades y medios de comunicación, de las ONG's, gremios diversos, organizaciones sociales y otras formas de expresión de la comunidad.
El buen término de una política ambiental requiere de excelencia en la planificación, eficiencia en la gestión y de firmeza y de probada fiscalización. Sin fiscalización o sin el fortalecimiento adecuado de su eficiencia, el diseño institucional, los nuevos cuerpos legales, reglamentarios y otros instrumentos a desarrollar, tendrán pocos o nulos efectos.

Cristian Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social- E-mail: cristianfrers@hotmail.com

lunes, 24 de septiembre de 2007

PROYECTOS

Proto Comuna Caballito
Hechos. No palabras


Les queremos comentar que para el jueves 27 se acordo en la Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires una preferencia para el tratamiento de varios proyectos sobre proteccion patrimonial. De fundamental importancia para la preservacion del patrimonio arquitectonico cultural de la Ciudad.
Se trataran los proyectos. 1753-D-06, 1811-D-07 y 1966-D-07, de Ley, normas para realizar demoliciones, obras nuevas y modificaciones en fachadas y espacios comunes de edificios cuya fecha de construcción sea anterior al 31/12/41.
Asimismo la Comision de Labor Parlamentaria acordo, para el 4 de octubre proximo, dar preferencia al tratamiento de los proyectos: Exp. 1867-D-06, de Ley, modificacion del Codigo de Planeamiento Urbano en el polígono Barrio Caballito. (Frente para la Victoria) y al Exp. 712-D-07, de Ley, rezonificacion de un sector del Barrio de Caballito. (Coalicion Civica). En todos los casos en http://www.cedom.gov.ar/ pueden encontrar el texto completo de los proyectos.
Para empezar la preferencia no implica un acuerdo para la aprobacion de los proyectos. Y si estos no tienen despacho de Comision. Se requiere de una mayoria especial para el tratamiento y la aprobacion de los mismos. Por lo que es fundamental este despacho, que en gran medida depende del macrismo. Que cajoneo, en algunos casos, desde hace mas de un año su tratamiento. Solicitarle a Álvaro Gonzalez . Presidente de la Comision de Planeamiento Urbano el tratamiento seria de gran utilidad.(4338-3190, despagonzalez@legislatura.gov.ar , info@alvarogonzalez.com.ar ) .
En lo que se refiere a los proyectos sobre Caballito. Nosotros consideramos que el mejor para nuestro barrio es el 1867-D-06. Ya que establece normativa para toda la superficie de Caballito. Tomando en cuenta las diferentes realidades que se pueden presentar en toda su extencion (6,8 km2 o 247 manzanas,.como mas les guste).
El proyecto 712-D-07 se concentra en aproximadamente 50 manzanas de nuestro barrio. De aprobarse, seguramente solucionara la problematica de los vecinos que ahi viven. Pero a costa de incrementar la demanda de contruccion de edificios de altura en las restantes zonas de Caballito. Agravando la ya dificil situacion que estamos pasando.
Desde siempre hemos pregonado la unidad de los diferentes territorios que presenta nuestra barriada. Y la necesidad de buscar soluciones integrales para nuestra situacion Nunca apoyamos los parches ni las soluciones personales. La problematica es de Caballito. Y las soluciones deben pensar en nuestra integridad.
Desde ya adelantamos que concurriremos a la Legislatura el proximo 4 para defender nuestros derechos a una mejor calidad de vida y a un crecimiento sustentable. E invitamos a todos los vecinos a acompañarnos.
Por ultimo los invitamos a visitar http://www.youtube.com/prensacaballito donde posteamos un video de menos de 4 minutos llamado FRENO A LAS TORRES.
Un fraternal saludo.

Lic. Gustavo Desplats
Coordinador Proto Comuna Caballito

INFORMES: . 4903-7444 15-4163-5901
Envio de correo SOLO a
VIDEOS

Pueden reproducir total o parcialmente, desgrabar, copiar, distribuir en todo soporte cualquier contenido de nuestro canal de youtube y blogs. Citando la fuente

MERECEMOS UN CABALLITO MEJOR
OTRA BUENOS AIRES ES POSIBLE
POR UNA ARGENTINA EN SERIO

lunes, 17 de septiembre de 2007

ARTICULO


Suplemento CASH de Página 12


crisis habitacional en la ciudad de buenos aires
El deseo de la casa propia
El déficit de viviendas es muy importante en la Capital. El problema habitacional, entre la crisis de crecimiento y la exclusión estructural.


Por Sebastian Premici


El problema habitacional de la ciudad de Buenos Aires no sólo involucra a la Villa 31, donde viven aproximadamente 22.000 personas, que serían reubicadas según los planes de Mauricio Macri. Para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, el déficit es de 86.125 viviendas, el 8,4 por ciento del total de hogares. Las personas con dificultad para acceder a un hogar propio –los que viven en villas, inquilinatos, hoteles, entre otros– alcanzan al millón. La Legislatura porteña declaró la emergencia en 2004. Desde entonces, pese al boom inmobiliario, la situación sigue igual. En lo que va del año, fueron desalojadas en la ciudad 11.400 personas, cuando en todo 2006 sumaron 12.438 habitantes.
El problema habitacional oscila entre dos posiciones: crisis de crecimiento y exclusión estructural. Un ejemplo de lo primero es Caballito. “Se ha producido un proceso de concentración de la construcción que es aberrante. Caballito, Villa Urquiza y Palermo reúnen el 47 por ciento de todas las obras durante 2006. Hay nueve barrios que concentran el 80 por ciento de todo lo construido. Los catorce del Sur, que representan el 35 por ciento, sólo participaron del 5 por ciento de esa expansión”, explicó a Cash Gustavo Desplats, dirigente de la asociación vecinal Protocomuna de Caballito.
Foto: Bernardino Avila
“Se elige una manzana para construir una torre de veinte pisos (dos departamentos por piso); a cuatro personas por unidad, son ciento sesenta individuos. Esto trae problemas de infraestructura y de servicios, problemas de elevación de temperatura por hormigón armado, etc. Hay que planificar la manera en que crece un barrio”, indicó a este suplemento Osvaldo Sidoli, integrante de la Red de Abogados Voluntarios de Poder Ciudadano. Para el ministro de la Producción, Enrique Rodríguez, deberían invertirse en toda la ciudad 1000 millones de dólares en cloacas, agua potable y diferentes obras.
Daniel Chain, que proviene de la constructora del Grupo Macri, es la persona que está trabajando en los lineamientos para el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del futuro gobierno. Su visión sobre la ciudad es la de una mayor densificación, es decir, poner más gente en un mismo lugar. El crecimiento vegetativo de la ciudad –según el censo de 2001, 2.700.000 habitantes– es del 1,5 por ciento anual. “Cuando uno densifica menos, más personas se quedarán sin vivienda, es un esquema expulsivo. Si no hay vivienda, hay que ir a buscarlas a otro lado”, precisó Chain. Pero no es el único modelo que existe, según evalúa el arquitecto Rodolfo Livingston: “Si uno camina por la calle Córdoba y ve un gran cartel, generalmente no sabe que allí hay un hueco. Es decir, la ciudad está llena de huecos donde podría construirse, para hacer casitas de uno o dos pisos, donde podrían intervenir muchos maestros mayores de obras y albañiles. En el caso de los grandes proyectos inmobiliarios, generalmente se les da trabajo a muy pocas personas”.
Macri buscará urbanizar las villas como vía para abordar la segunda cuestión del problema habitacional: la exclusión estructural. “No hay políticas estándares para ingresar a una villa. En relación con la Villa 31, hay que resolver el problema del transporte (Retiro, el Puerto, el tráfico de colectivos). Pero también están presentes los desarrollos inmobiliarios para la zona. Esta historia es como el huevo y la gallina. Por eso queremos el control de la policía y las tierras del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado. Calculo que encontraremos una solución mixta, ni topadoras ni una urbanización completa”, afirmó a Cash el macrista Alvaro González, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano.
La arquitectura y el urbanismo confunden generalmente la resolución de un problema con el cambio de lugar de un problema. Los de Caballito quieren que las torres se construyan en otro lado, los de Ensenada que se arroje la basura en otro barrio; los de Parque Patricios no quieren viviendas sociales cerca. Y Macri quiere erradicar la Villa 31. “Hay una confusión entre el problema y el lugar. Se piensa que el problema son las villas y las torres, pero no es así. Antes de hacer un Plan Urbano es necesaria la participación de todos los actores involucrados porque no es posible mover la población de un lado al otro porque un Plan lo disponga. Hay un tema de sociología urbana y psicología social que debe tenerse en cuenta”, reflexionó el arquitecto Juan Molina y Vedia.


sábado, 15 de septiembre de 2007

PATRIMONIO II

Diario PAGINA 12, Suplemento M2
Las aventuras de Montevideo 1250

Por Sergio Kiernan

En todo lo que sea patrimonio, el gobierno porteño nos tiene acostumbrados a un nivel de incoherencia, apatía y arrugue ya desolador. Pero en estas últimas semanas, el equipo que todavía encabeza Jorge Telerman protagonizó un papelonazo memorable, nada menos que ante la Justicia porteña. Un funcionario de alto nivel primero se “olvidó” de cumplir la ley y luego la rompió con premeditación y alevosía, y otro terminó siendo más papista que el Papa, cuidándole el bolsillo a una empresa privada y no al pueblo de su ciudad.
Este carnaval gira alrededor de la magnífica residencia de los Bemberg en la calle Montevideo al 1200, uno de los edificios franceses más lindos que tiene Buenos Aires y exactamente el único en su estilo que le queda a nuestra castigada ciudad. Como se sabe, el edificio no existiría si no fuera por la velocidad mental y legal de los vecinos reunidos en Basta de Demoler, un grupo profundamente cansado de la piqueta indiscriminada. Una empresa privada se preparaba para destruirlo y construir una torre, según parece una de particular fealdad y fachadas vidriadas. Los vecinos lo evitaron con un recurso de amparo al que hizo lugar la Justicia porteña que, ducha en saber con qué bueyes anda uno arando, puso una consigna policial para que no haya demoliciones nocturnas.
Lo curioso del asunto es que nada de esto hubiera pasado si los funcionarios del gobierno porteño cumplieran con sus deberes y el jefe de ese gobierno alguna vez se diera por enterado del tema patrimonial. Sucede que el 18 de julio se había abierto un expediente de catalogación del caserón de Montevideo 1250, que el 23 de ese mismo mes fue girado, como manda el trámite, al subsecretario de Planeamiento Urbano. Este funcionario se llama Mario Sabugo, es arquitecto y sabe que cuando se recibe un expediente de catalogación su deber es hacer dos cosas: inhibir el edificio hasta que se resuelva por sí o por no la catalogación, y girar todo el tema al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Sabugo, curiosamente, se “olvidó” de lo primero pero cumplió con lo segundo.
Pocos días después de todo esto, Planeamiento Urbano recibió otro expediente, el que pedía autorización para demoler completamente el petit hotel. Pese al expediente de catalogación enviado por la legisladora porteña Teresa de Anchorena, pese a que se cumplió el trámite de enviar el tema al CAAP, resultó que el lote no estaba inhibido. Planeamiento, en una incoherencia completa y faltando a la ley, autorizó la destrucción del edificio el primero de agosto.
¿Queda claro? Planeamiento faltó a la ley al no inhibir el edificio hasta que la Legislatura decida la catalogación y la quebró a fondo al autorizar que se demuela.
Mientras tanto, el CAAP estudiaba el tema y terminaba, el 21 de agosto, votando a favor de recomendar la catalogación. El bloque a favor incluyó al representante de la Sociedad Central de Arquitectos, entidad que no está formada precisamente por patrimonialistas. E incluyó también a la doctora Nora Galli, que representa en ese consejo asesor al Poder Ejecutivo porteño. El mismo Poder Ejecutivo que, a través de su Ministerio de Planeamiento, autorizaba que se demuela.
La frutilla del postre es un verdadero misterio, inexplicable desde cualquier definición de coherencia. Resulta que la obra quedó parada por orden judicial que, como toda orden judicial, se puede apelar, en este caso ante la Cámara porteña. Y el primero en apelar no fue el particular afectado, el dueño –o dueños– del edificio y futuros constructores de la fea torre. El primero en apelar fue el procurador de la Ciudad, que también representa al Poder Ejecutivo porteño. Los dueños del edificio apelaron también, pero después.
Esto es un misterio oscuro como la medianoche por una razón muy simple: al gobierno porteño, al pueblo porteño, al estado de esta ciudad, no le afecta en lo más mínimo que el edificio no se demuela. No hay modo de inventar que el pueblo de esta ciudad quedaría lesado en sus intereses si el amparo se sostiene. Para mejor, la apelación termina de redondear la incoherencia fatídica del Ejecutivo porteño: su Ministerio de Cultura sigue en el sueño de los justos, abúlico ante estos temas; su Ministerio de Planeamiento da autorizaciones manifiestamente ilegales de demoler; su representante en el CAAP vota por la protección; su Procuración apela para que no se proteja nada.
El caso está en la Cámara porteña que, entre tanto zigzag, tiene una guía clara: hay un trámite de catalogación, lo que implica legalmente que no se demuela hasta que se apruebe o rechace. No es un amparo eterno, no se pide a la Justicia que ande protegiendo edificios históricos. En rigor, se le pide que haga lo que debería haber hecho el arquitecto Sabugo, un hombre distraído.

PATRIMONIO URBANO

Diario PAGINA 12, Suplemento M2

El debate que viene
El tema patrimonial ya salió de los círculos especializados y entró en la política porteña por la movilización de los vecinos y el eco en los medios. Ya se abrió el debate en la Legislatura con tres proyectos de ley.

Por Sergio Kiernan

El tema patrimonial está pisando fuerte en la Legislatura porteña, porque cada vez tiene más presencia en los medios y porque ya más de un barrio de la ciudad tomó la calle contra las demoliciones. En los días y semanas que vienen se va a escuchar en el palacio de la calle Perú debatir nada menos que tres proyectos importantes para el tema, mientras que en la comisión de Patrimonio Arquitectónico se busca unificarlos en uno solo. Como no ocurrió antes con el tema patrimonial, hasta se empiezan a ver las diferencias partidarias típicas de un tema que existe políticamente. No es poco.
Uno de los tres proyectos es del diputado Jorge Enríquez, del PRO/Juntos por Buenos Aires, que pide simplemente que la Legislatura suspenda la demolición de los edificios que figuran en el inventario realizado por el ministerio de Cultura porteño como “edificios representativos de la Ciudad”. Esta protección es explícitamente para evitar que sean demolidos antes de que haya tiempo de debatir si se los cataloga o no.
Curiosamente, estos edificios ya deberían estar protegidos por el mismo hecho de estar en ese inventario, como se descubrió en el caso de Callao 924, un petit hotel ya destruido. Al parecer, la ya famosa abulia de la ministra de Cultura porteña –conocida por considerar la protección patrimonial una utopía más difícil que la paz mundial– evitó que se cumpliera. Es más, ni siquiera las marchas y protestas por la demolición de Callao 924 la despertaron, a ella o a su jefe, Jorge Telerman.
El segundo proyecto es de los legisladores Fernando Caeiro y Teresa de Anchorena, ambos de la Coalición Cívica, y pide la emergencia patrimonial de la ciudad por un plazo de 365 días corridos. Esto es una reivindicación explícita de todos los grupos de vecinos movilizados: que no se demuelan edificios de valor patrimonial por un año, para dar tiempo de debatir un régimen de protección coherente. El proyecto de Anchorena y Caeiro incluye el área comprendida por el peculiar proyecto de Paisaje Cultural de la Unesco con el que Telerman soñó conquistar París, y todo edificio construido antes del 1º de enero de 1942, año del que se dispone el primer catastro completo de la ciudad.
Esto no es un congelamiento completo sino un simple trámite especial que hace que estos edificios no puedan demolerse sin el visto bueno del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de la Ciudad, ente compuesto por un representante de la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, otro de la comisión de Patrimonio, otro del ministerio de Cultura porteño, otro de la comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico, otro de la Comisión Nacional de monumentos y lugares históricos, otro de la Sociedad Central de Arquitectos, otro de la FADU-UBA, otro del Icomos, otro del Cicop, otro del Instituto de Investigación de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, y otro del CPAU. El consejo es presidido por el subsecretario de Planeamiento e Interpretación urbanística. Si el CAAP no considera el edificio valioso, se lo demuele y listo. Si le ve el valor, se lo inhibe y comienza el trámite normal para ver si se lo cataloga o no, en el cual hay por lo menos dos instancias en que el público y los propietarios pueden pronunciarse a favor o en contra.
En los pasillos de la Legislatura se ve a estos dos proyectos con chances favorables, ya que muestran voluntades favorables en varios bloques y partidos. Aunque mientras el diputado Enríquez busca con rigor que el Ejecutivo cumpla la ley, su colega del PRO –y de Juntos por Buenos Aires–, Alvaro González, se opone cerradamente a cualquier cosa que limite la piqueta. Es que González preside la comisión de Planeamiento y no está tan atento a lo que quieren los votantes como a lo que quiere la industria de la construcción.
El tercer proyecto es el más abarcador. Es, nuevamente, el proyecto “1942” de la diputada Teresa de Anchorena, presidente de la Comisión de patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura. El proyecto es muy simple y toma una idea que ya rige en Rosario, ciudad que vive un boom y no sufrió ninguna catástrofe bíblica por velar por su patrimonio. Todo edificio construido antes del 1º de enero de 1942 está protegido en principio y no puede ser demolido sin el visto bueno del CAAP. Si el CAAP lo considera sin valor, por múltiples razones, el parecer allana el expediente de demolición. O el expediente va a la Legislatura, con la recomendación de que se inicie el trámite de catalogación. Como se ve, similar a la emergencia patrimonial y nada particularmente draconiano.
Habrá reuniones de comisión, primero en Patrimonio y luego en Planeamiento, y luego hay que votar en el recinto. Lo importante es que el tema ya no queda olvidado y languideciendo en algún cajón, cómodamente olvidado por falta de peso político. Hay gente en la calle por el patrimonio, hay cada vez más cobertura mediática del asunto, que ya no es para especialistas. Y en octubre se vota de nuevo.

jueves, 13 de septiembre de 2007

REPORTAJE

Revista FORTUNA
REPORTAJE: Pablo Sanguinetti
“La obra pública incentiva la inversión privada”

El especialista en economía urbana habla de los problemas en la ciudad de Buenos Aires. La inseguridad, la contaminación y la calidad de vida. Cómo impactan las regulaciones y las obras de infraestructura en la geografía económica.

Por Carlos Sueldo

La economía urbana es "una forma de entender cómo afectan los incentivos económicos el desarrollo de un territorio y, a partir de allí, cómo hacer para que los incentivos privados sean consistentes como maximizadores del valor social. Surge a partir de un diagnóstico en el área del urbanismo, donde había un enfoque muy ‘físico’, propio de las escuelas tradicionales, que atendía muy poco a los incentivos económicos que hay detrás del desarrollo de las ciudades. Ese enfoque pone mucho énfasis en la planificación física, pero no desde el punto de vista de la dinámica que generan las altas densidades. Esta especialización intenta ocupar ese espacio. La idea es entender los incentivos económicos detrás del desarrollo de las ciudades para darle instrumentos al planificador público que generen un desarrollo urbano más balanceado". La definición de Pablo Sanguinetti, director de la Maestría en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella, explica una especialización que surgió primero como postgrado y que, desde hace dos años se dicta como maestría.
Fortuna: ¿Cómo es un desarrollo urbano balanceado?
Sanguinetti: El planificador "físico" busca un balance geográfico en la distribución de la riqueza, en términos de activos urbanos. Pero lo cierto es que no se puede mudar a los ricos donde están los pobres y viceversa. El mercado y sus agentes privados tienen una dinámica propia que se debe afectar, por ejemplo, a partir de regulaciones del uso del suelo. En las ciudades se producen muchas fallas de mercado y gran parte de los problemas tienen que ver con eso. Por ejemplo, cuestiones de polución o de congestión, entre otras. Las fuerzas del mercado por sí solas pueden generar "deseconomías" o externalidades negativas que requieren ser reguladas.
Fortuna: ¿Se promueve entonces un mayor intervencionismo?
Sanguinetti: Por supuesto, la misma economía liberal dice que se justifica la intervención estatal, a través de la regulación, cuando hay fallas del mercado. El objetivo de la economía urbana es hacer que las fuerzas de mercado maximicen no sólo el valor privado, sino también el valor social de las inversiones. La idea es que el precio que alguien paga por una propiedad refleje también sus costos sociales. Un ejemplo muy actual es lo que pasa con las torres de Caballito. Allí hubo una mala planificación, ya que no se tomo en cuenta cómo minimizar el costo social. No se asumió eso. Son elementos muy importantes para el planificador urbano, pero también para los developers privados.
Fortuna: ¿Alcanza a otros actores privados o públicos?
Sanguinetti: A todo aquel que planifica proyectos de infraestructura urbana. La economía urbana tiene que ver primero con modelos de localización, tanto de personas como de empresas, para minimizar los costos totales, entre los cuales incluye los de producción, distribución y los llamados "costos sociales". En esos costos no sólo se incorporan los propios, sino los asociados a las economías de aglomeración, de los "distritos industriales". Hay una materia que estudia la provisión óptima de bienes públicos urbanos y cómo deberían regularse. Y también tiene que ver con el principio del máximo beneficio: se provee hasta que el beneficio es igual a los costos… La economía urbana pone énfasis en cómo impactan las regulaciones, las obras de infraestructura, en la geografía económica.
Fortuna: ¿Cómo se puede ver el impacto de las regulaciones en la geografía urbana?
Sanguinetti: Por ejemplo, lo que hacemos es mirar muchos indicadores de servicios públicos, los valores de la propiedad, densidades demográficas, etcétera. Utilizamos algo que se llama Geographic Information System (GIS) que permite "mapear" variables económicas en el espacio territorial de una ciudad. El desarrollo lleva a la urbanización. El 80% de la población vive en ciudades. Y el nivel de bienestar de los ciudadanos muchas veces depende de la calidad de vida en su entorno, no solamente en la vivienda y el barrio. El bienestar no sólo depende del ingreso, sino de que no te roben cuando salís, de tener un espacio verde cerca, un centro de deportes, una biblioteca, teatro, buenos accesos. Eso puede determinar el nivel de bienestar de una forma importante y muchas veces no están reflejados en los indicadores de ingreso.
Fortuna: ¿Se utiliza en los rankings de ciudades más atractivas para vivir?
Sanguinetti: Sí. Uno de los indicadores de competitividad de los países y las ciudades tiene que ver con la calidad de vida, que está reflejada en el tipo de vida que ofrecen. Buenos Aires, por ejemplo, sigue estando bien catalogada, a pesar de sus disparidades. La economía urbana, además, puede ver eso en forma mucho más desagregada. Aporta instrumentos para ir a niveles de análisis mucho más concentrados en territorios determinados. Muchas veces el enfoque del desarrollo urbano se realiza en términos sectoriales, es decir, en cuanto a la provisión de educación, salud o vivienda. Pero también hay que ver el territorio en particular, ya que en cada área puede haber necesidades muy distintas.
Fortuna: ¿En qué grado ha estado presente este enfoque en las políticas públicas?
Sanguinetti: Yo creo que en la mayoría de las políticas públicas de desarrollo urbano ha prevalecido ese enfoque sectorial. Es decir, se pensó siempre que lo que se necesitaba son cloacas, educación o pavimento, sin tener en cuenta la valuación en cada espacio. Los precios de mercado reflejan todo, incluso las externalidades negativas. De todos modos, yo creo que la ciudad de Buenos Aires ha empezado a tener ese cambio de enfoque, a partir de los proyectos para revalorizar la zona sur, o la descentralización de los Centros de Participación, por ejemplo. Quizás todavía no hemos visto mayores resultados.
Fortuna: ¿La economía urbana toma en cuenta también la disponibilidad de recursos?Sanguinetti: Para cambiar una dinámica de desarrollo, se necesita una mayor asignación de recursos públicos, además de un cambio de normativa. El presupuesto público debe estar bien distribuido geográficamente. Pero la obra pública debe ayudar a motorizar la inversión privada. Lo del tenis en Parque Roca, por ejemplo, es una buena idea. Cosas similares se hicieron por ejemplo en Texas, donde el nuevo estadio de los San Antonio Spurs se construyó en la parte más postergada de la ciudad.
Fortuna: ¿Hay una fórmula general para definir cuánto debe haber de inversión pública y cuánto de esfuerzo privado?
Sanguinetti: No, las formas de intervención del sector público pueden ser muy variadas: desde desgravaciones impositivas hasta inversión directa en obras o la concesión de terrenos fiscales. Esto requiere sobre todo buena gestión, no sólo tiene que haber un plan estratégico que mire y tenga en cuenta los incentivos económicos, sino mucha gestión en donde el sector público actúe y haga que las fuerzas de mercado colaboren con el esfuerzo público. Por eso es el área donde más se intersectan el interés privado con el público. El problema es que hasta hace muy poco, la visión que había era que si vos eras un funcionario público y eras honesto, no podías reunirte con nadie del sector privado, porque significaba "curro"; o el extremo opuesto, que si uno quería desarrollar cosas, el sector privado debía hacer lo que quisiera. La idea es tener una visión intermedia. Para evitar la corrupción, tiene que haber un plan que tenga en cuenta la economía de los desarrollos.
Fortuna: ¿Desde la maestría hay puntos de contacto con áreas del gobierno de la ciudad?Sanguinetti: Hay una materia que se llama Taller de Economía Urbana, a través de la cual hacemos convenios con distintas entidades territoriales. Por ejemplo, hemos trabajado sobre el problema del Riachuelo, en La Matanza, para ver por qué ese área está tan degradada, y vimos que no era sólo un problema de contaminación, sino los valores de propiedad muy bajos, basurales abiertos con un problema de límites, de coordinación de distintos niveles de gobierno, etcétera.
Fortuna: ¿Participaron en el plan de la Secretaría de Medio Ambiente para mudar el polo petroquímico de Dock Sud?
Sanguinetti: No. Y allí sería fundamental un abordaje desde la economía urbana. Lo que ocurre muchas veces es que las ciudades crecen y terminan rodeando a los suburbios industriales. Hay que ver cómo se hace compatible el desarrollo económico con un entorno urbano, ya que la actividad económica siempre produce polución. Entonces, se debe analizar cómo asignar derechos de forma tal que aquel que "poluta" es porque realmente lo necesita hacer y lo paga. Hay instrumentos económicos para ello.
Fortuna: ¿Qué problemas son urgentes para la Ciudad de Buenos Aires?
Sanguinetti: El problema del sur de la ciudad y el uso del puerto son dos temas muy importantes. Otro es el tratamiento de residuos, que tiene la particularidad de que puede ser un problema "metropolitano", es decir, necesita un nivel de coordinación entre la Ciudad y los municipios del Conurbano. Allí está faltando quizás un ámbito de coordinación de políticas con los municipios vecinos. El tema de la seguridad es otro aspecto que debería descentralizarse, pero el delito no tiene límites, así que también puede requerir cierta coordinación entre la Ciudad y los municipios.
Fortuna: ¿Son parecidos a los problemas de otras grandes ciudades como San Pablo o Mexico D.F.?
Sanguinetti: Por supuesto. Pero en Buenos Aires incluso estamos mejor, aunque no quiere decir que no haya problemas. Muchas reformas que se hicieron en los ´90 en América latina fueron buenas, pero es cierto que dejaron marcas en el territorio que hay que mirarlas. Hay ciertas ciudades o áreas que se desarrollaron más o menos, generando desequilibrios que deben ser abordados a través del enfoque de economía urbana.