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martes, 3 de marzo de 2009

NO DAN PIE CON BOLA

Depresión en San Telmo
Nada detiene los errores del gobierno porteño en nuestro barrio histórico: un decreto que nadie encuentra, obras que son zanjones, lámparas aberrantes y una confusión de libro con Palermo Viejo.

Por Sergio Kiernan

El fuerte calor de este verano no parece capaz de moderar el entusiasmo del gobierno porteño por estropear San Telmo. El peregrino proyecto de peatonalizar la calle Defensa ya empezó, con detalles de comedia negra, en la cuadra que va de Independencia a Chile. También se retomó la corrección de la cuadra de Estados Unidos entre Perú y Chacabuco, que desde que el mundo es mundo tenía la calle más ancha que en el resto. En la misma Estados Unidos, Espacio Público insiste en cambiar las luces y se está comprando una batalla enconada con los vecinos. Y se supo que Mauricio Macri ya firmó un decreto, el 1508, para restaurar fachadas de Defensa. Esta aparente buena idea se complica por la total opacidad del proceso: resulta que ya llamaron a licitación entre “diez empresas convocadas” pero nadie difundió la lista de edificios a restaurar, ni el pliego, ni el presupuesto. De hecho, ni siquiera publicaron el decreto en el Boletín Oficial, con lo que todo lo que hicieron es tan palmariamente ilegal que da risa. ¿No tienen un abogado en la Ciudad?

El pozo de Defensa
La cuadra de la vieja calle de la Defensa que va de Independencia a Chile parecía en este comienzo de año un canal holandés. Para estrenar el muy resistido proyecto Prioridad Peatón, las tropas del Ministerio de Desarrollo Urbano se pusieron a cavar y llegaron al metro veinte de profundidad. Como es el estilo del ministerio, que es en realidad un Comité Para que Odien a Macri, nadie le avisó nada a nadie. Por ejemplo, los comerciantes de la cuadra llegaron una bella mañana y se encontraron con la calle cortada. Se están perdiendo la temporada de verano, con lo que se suman a la legión de vecinos de San Telmo felices con el gobierno.
Por supuesto, a nadie se le ocurrió tampoco pensar en que cavar tanto en una calle tan antigua, de las originales de Buenos Aires, significa entrar en plena arqueología. No sólo no había un profesional a mano sino que los obreros no tenían la menor instrucción al respecto. Un buen día aparecieron huesos animales en plena calle y, para cuando los vecinos los vieron, los albañiles ya estaban por pasarles por encima con una aplanadora. Patricia Barral, de Defendamos San Telmo, corrió al lugar y avisó al ministerio, que detuvo el trabajo y mandó al arqueólogo Marcelo Weissel. Este se llevó los huesos, ya rotos, y una piedra de bola del pavimento colonial.
Este miércoles se volvió a perder la chance de mostrar un poco de cultura. Resulta que justo enfrente del viejo conventillo apareció una pequeña estructura de ladrillos, una mínima cámara abovedada que alguna vez fue parte de los desagües porteños. El artefacto fue rápidamente tapado con hormigón, no sea cosa que los importantes trabajos se demoraran otra vez.

Pavimentos
Mientras el ministerio de Crear Opositores sigue con estas tareas, los vecinos de San Telmo debaten sus veredas y se desesperan por sus luces. Resulta que el gobierno porteño quiere cambiarlas todas, más allá del desmán de la peatonalización de Defensa. Las opciones son gris o colorado, en esos baldosones que se usan ahora. La posición mayoritaria es de aceptación del baldosón, que al menos unificaría la colección de parches que se ve hoy. Y la discusión pasa por el color de las nuevas veredas, con bandos ya definidos que coinciden en que se deben mantener los pavimentos tradicionales en aquellos conjuntos donde la ley marca que no se cambien, como la placita Dorrego.
Donde no hay discusión es en la oposición al cambio de luces en el que sigue emperrado el otro ministerio de Inventar Vecinos Enojados, el de Espacio Público. Las lumbreras urbanísticas quieren llenar San Telmo de columnas de alumbrado, objetos que nunca existieron en el barrio. Cuando se les objeta el cambio, dicen tonterías increíbles como que las columnas son más seguras... Resulta que las columnas son aparatos enormes y pesados de metal, material que tiene la mala costumbre de oxidarse y romperse. Cada tanto, alguna columna se cae con resultados desagradables, en particular para el auto estacionado abajo.
Los vecinos defienden sus luces colgantes, las catenarias, que le dan carácter al barrio y también buena luz. Lo que todos comentan es la extraordinaria ignorancia y la conmovedora indiferencia de los funcionarios implicados en estas obras. Por ejemplo, una y otra vez les dicen a los vecinos que en Palermo Viejo se cambiaron las luces y eso fue una mejora. No entender la diferencia entre el casco histórico de la ciudad y cualquier otro lugar de Buenos Aires es tan básico que lo deja a uno pensando. Por ejemplo, en por qué tanto entusiasmo en hacer obras caras y resistidas. Habrá que ir siguiendo la evolución patrimonial de los responsables.
Por ejemplo, ¿qué gana la Ciudad con que una cuadra de la calle Estados Unidos tenga ahora la vereda más ancha, de modo que queda alineada con las demás? Esto es borrar un viejo accidente colonial, una irregularidad inexplicada en la grilla española. Para enderezar la calzada se levantaron los adoquines, se hizo una cama de hormigón, se construyó un nuevo cordón y se volvió a poner todo. Buen dinero en malas ideas.

Fachadas, fachadas
El 18 de diciembre de 2008, el Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri firmó el decreto 1508. La única manera de saber que este objeto legal existe es sabiendo que un decreto no recibe un número hasta que es firmado. Este misterio es porque el decreto nunca se publicó en el Boletín Oficial, que muestra un atraso alarmante, con lo que no tiene la menor validez. Como recordará Macri de sus lejanas clases de Educación Cívica, existe eso de la publicidad de los actos de gobierno: las leyes y decretos valen a partir de su publicación oficial, no a partir de que las firme el Jefe.
Este legalismo por supuesto no detuvo al gobierno, que ya llamó a licitación para hacer una obra de lo más delicada. El decreto es de lo más extraño y comienza afirmando que los vecinos pidieron la restauración de sus fachadas sobre la calle Defensa, por lo que la Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, que depende de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete, hizo un relevamiento. En este estudio, Descentralización descubrió que la mayoría de estos edificios están catalogados, tienen valor patrimonial y están en el Casco Histórico porteño. El texto sigue con inanidades como recordar que se viene el Bicentenario y con una suerte de justificación de las obras –el gobierno tiene miedo de que lo acusen de algo por usar dinero público para reparar fachadas privadas–. Luego miente abiertamente al decir que “la recuperación y puesta en valor del barrio de San Telmo y su casco histórico, por ser el escenario en donde transcurrieron los hechos más importantes que finalmente permitieron la conformación del Primer Gobierno Patrio, constituye una de las prioridades de esta Administración”, lo cual es evidentemente falso.
Con más apego a la verdad, el decreto descubre edificios valiosos sobre Defensa, como el convento de Santo Domingo, y menciona la eternamente prometida y jamás realizada obra de los Altos de Elorriaga, el conjunto de casonas de la esquina de Alsina que pertenecen al Museo de la Ciudad. Luego aparecen generalidades sobre qué se va a hacer: “acciones de consolidación y de mantenimiento de las características originales de los bienes o espacios abiertos, con la posibilidad de restituir partes alteradas y/o faltantes, con elementos originales; el hidrolavado y preparación de superficies, revoques, pintura, revestimiento de basamentos, mampostería y carpintería”.
Como para que nadie se alegre, el decreto menciona explícitamente el bodrio de Prioridad Peatón y hasta lo saluda anunciando que “una vez lograda la semipeatonalización de la calle Defensa, se descubrirá un nuevo paisaje arquitectónico que hoy se encuentra oculto entre el deterioro de los edificios, la falta de mantenimiento, la contaminación de los materiales y el tránsito de autos”.
Los problemas empiezan a la hora de las imprecisiones. El decreto avisa que será necesario firmar “convenios” con los privados cuyas fachadas serán restauradas. Firmar un convenio de éstos puede ser un caballo de madera que reíte del de Troya. Por un lado parece atractivo: viene el gobierno porteño y arregla la fachada que uno no tiene con qué mantener. Pero atrás viene la obligación de mantenerla una vez restaurada. Como nadie tiene la menor idea de cómo se va a hacer este trabajo, con qué parámetros y materiales, y bajo la dirección técnica de qué especialista, y como uno ya sabe con qué bueyes se ara en Buenos Aires, el resultado puede ser un arreglo mal hecho que el vecino esté obligado a mantener. Caro, malo, porteño.
El que quiera asustarse preventivamente tendrá que esperar a que el procurador porteño, al que el decreto explícitamente afirma haber consultado, le diga a Macri que lo publique. Sólo entonces se sabrá quién cae en la bolada, ya que el 1508 cita dos anexos que nadie vio nunca, con la lista de edificios a intervenir y el modelo del convenio que deberán firmar los vecinos con la “señora Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Mientras tanto...
Como para terminar de mufarlos, los vecinos de San Telmo tienen otra novedad del sector privado. Resulta que ya está anunciada la obra del Quartier Garay, una torre de 27 pisos en Avenida Garay al 700, de ésas con amenities, pileta y cancha de algo. Ya se demolió mucho en la cuadra para hacer lugar al monstruo. Los vecinos comentaron el tema con los funcionarios, que se dedicaron a mover la cabeza en pésame, decir ¡qué barbaridad! y jurar que nada pueden hacer.

Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-1570-2009-01-24.html

PATRIMONIO URBANO

La ley 2548 vuelve a vivir

Por Sergio Kiernan

La ley 2548 vuelve a las andadas esta semana. Prorrogada en diciembre por un año más, casi ampliada a dos y a toda la ciudad, la ley que protege una amplia zona de nuestra ciudad puede ser tratada este jueves en la Legislatura. El PRO la va a poner en el temario, sobre tablas, y la iniciativa está reuniendo voluntades en varios bloques.
La 2548 tomó el inolvidable engendro de Ibarra-Telerman que quería venderle un Paisaje Cultural porteño a la Unesco y lo transformó a fines de 2007 en algo efectivo y real. Resulta que el verso del Paisaje –que tantos viajes, honorarios y publicaciones rindió a sus padrinos y particularmente a sus madrinas– hasta tenía cierta existencia legal. Abarcando casi toda la ribera del Plata, de La Boca a Palermo, el área reúne buena parte del patrimonio edificado porteño.
En diciembre de 2007, el flamantísimo oficialismo se encontró con una naciente crisis por temas patrimoniales, un ítem nuevo en la agenda política porteña que ahí demostraba su enorme potencial. Con buenos reflejos, el PRO aceptó que el polígono del Paisaje tuviera todos sus edificios anteriores a 1940 protegidos, en principio, con un mecanismo novedoso. El sistema normal para catalogar o proteger un edificio patrimonial es un engorro notable, ya que fue diseñado para que se proteja poco o nada: todo el trabajo lo tiene que hacer el catalogador y la Legislatura tiene que votar todo dos veces.
La novedad fue que en el perímetro la cosa era al revés: el demoledor es quien tiene que hacer el trámite. Igual, es mucho más simple que el de catalogación, ya que el tema va al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales que tiene un brevísimo lapso para decir sí o no. Si el predio no es catalogable, el trámite vuelve al Ejecutivo para que lo autorice. Si es a proteger, va a la Legislatura.
Resulta que el sistema funcionó un año sin que quebraran las constructoras en fila ni hubiera una explosión de desempleo en el gremio. De hecho, el sector acomodó la novedad sin que se notara siquiera en el marco de la crisis internacional, que sí tuvo efectos. Por eso, a fin de año se esperaba la extensión por un año más sin sobresaltos. Fue entonces que el PRO lanzó la bomba, pidiendo que se extendiera a toda la ciudad y por dos años. Hasta hubo un comunicado por escrito del ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, enemigo abierto del patrimonio, apoyando la idea. Por varias razones, esto no ocurrió y la asamblea votó finalmente la extensión por un año y confinada al Paisaje.
Este martes, el PRO va a presentar en la comisión de Labor Parlamentaria, encargada de preparar el temario, la propuesta del tratamiento sobre tablas de la idea de diciembre, prorrogando el sistema por dos años y a toda la ciudad. La expectativa es que se debata y se vote este jueves mismo. La movida ya tiene consenso en los otros bloques. Inés Urdapilleta, del Frente para la Victoria y presidente de la comisión de Cultura, ya adelantó a m2 su voto positivo, aunque sigue con la idea de que la protección no sea apenas para edificios anteriores a 1940 sino que se amplíe a la primera modernidad, hasta 1955 o 1960.
Más aún avanza Enrique Olivera, de la Coalición Cívica, que explicó sin vueltas que la ampliación tiene el mismo espíritu del proyecto de ley presentado hace tiempo por Teresa de Anchorena, su colega de bloque y presidente de la comisión de Patrimonio.
Estos apoyos son esenciales porque un tratamiento sobre tablas implica dos dificultades. Primero, que la asamblea vote tratar el asunto. Y segundo, que lo apruebe con dos tercios de los presentes. Un proyecto normal, en sesión ordinaria, necesita la mitad más uno del voto, pero el precio para uno tratado sobre tablas es mayor.
Patricio Di Stefano, del PRO, es de los que andan contando votos y adelanta que si las cosas no salieran bien este jueves buscará que el proyecto tenga privilegio. Esa figura hace que la Legislatura tenga que tratar el proyecto en un término de tres semanas.
Con lo que queda en claro que el patrimonio es un asunto de la agenda política que están entendiendo los legisladores. Esta ley, ampliada y con dos años de plazo, puede ser la plataforma sobre la que se construya un sistema de leyes e instituciones para preservar el patrimonio, aclarar qué se puede hacer y qué no, y dar seguridad jurídica a la ciudad.

Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/subnotas/1589-147-2009-03-03.html

sábado, 23 de agosto de 2008

PAPELONAZO

Sulemento m2, Página 12
POR QUE EL ICOMOS RECHAZO EL PAISAJE CULTURAL PORTEÑO DE IBARRA Y TELERMAN
Un papelón ante el mundo
Siempre se supo que era una propuesta sin la menor seriedad. Pero el organismo técnico de la Unesco hizo un informe casi humillante que resulta un buen diagnóstico de toda una gestión que nunca movió un dedo para proteger el patrimonio edificado.

Por Sergio Kiernan

Ya es oficial, por escrito y en circulación: el engendro llamado Paisaje Cultural de la Humanidad que Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y sus funcionarias las Chicas Superpoderosas quisieron venderle a la Unesco fue rechazado formalmente. Ibarra, Telerman, Silvia Fajre y Nanni Arias Incollá tiraron tiempo y mucho dinero en el engendro que expertos independientes y funcionarios internacionales caridosos les habían avisado no iba a prosperar. Y, pese al griterío, los power points, los viajes pagos por el erario municipal y la movilización de tanto personal que tenía otras cosas más concretas que hacer, nomás no prosperó. El informe negativo del organismo técnico de la Unesco termina tersamente diciendo que “recomienda que el Paisaje Cultural de Buenos Aires, Argentina, no sea inscripto en la Lista de Patrimonio Mundial”.
Como se recordará, el disparatado Paisaje Cultural porteño forma un polígono que toma toda la ribera de la ciudad, de La Boca a Palermo. Con la falta absoluta de rigor que caracterizó la gestión cultural y sobre todo patrimonial de Ibarra-Telerman, se presentó un inmenso rejunte de más de tres mil manzanas de la ciudad con todo lo que contenían. A la Unesco llegaron entonces miles de edificios de departamentos de ínfima categoría, bajadas de autopista, baldíos, varias de las peores obras del arquitecto Alvarez, galpones y villas. Todo esto mezclado con lo mejor de nuestro patrimonio edificado y la única real esperanza de que alguien le diera la menor bola al bodrio, los bosques de Palermo.
Lo que Ibarra-Telerman y las Chicas nunca percibieron fue la contradicción entre presentar a Buenos Aires como Paisaje Cultural y a la vez negarse completamente a proteger nada. La Lista de Patrimonio Mundial contiene algunos de los mayores tesoros naturales y culturales de este peculiar planeta. Valles, templos, pueblos y arrecifes están en los lugares más dispares y van de lo muy grande a lo pequeño, pero tienen algo en común: son estrictamente protegidos, regulados y catalogados. Por supuesto, la gestión pretendidamente progresista no tenía ni ganas ni coraje para regular nada, como quedó demostrado por los largos años en que Fajre tuvo en el cajón la reglamentación de la ley 1227 y por su costumbre de hacer ojos melancólicos y repetir “no se puede, no se puede” cuando le hablaban de parar una demolición.
Fue por esto que el gobierno porteño se presentó a esa categoría nunca usada, la de Paisaje Cultural, a ver si zafaban con cosas como incluir la City porteña mientras permitían que demolieran sus grandes bancos. Pues no zafaron: el informe técnico del Icomos, la entidad dedicada a velar por los grandes monumentos del mundo, es lapidario con la sanata intentada por Ibarra & Co. Por ejemplo, cuando los argentinos afirmaron que “dada la naturaleza dinámica de los paisajes culturales urbanos, el proceso de garantizar y determinar la autenticidad e integridad debe ser mantenido bajo constante revisión para asegurar su evolución”. Los técnicos del Icomos son gente de gran erudición y de estatura profesional internacional, pero tampoco quedaron muy impresionados con este párrafo posmoderno y flu. Su respuesta fue que “Icomos no considera demostrada la coherencia de la porción urbana propuesta”.
El nivel de improvisación de la propuesta porteña es tal que los técnicos afirman que “en la presentación hay apenas explicaciones muy genéricas de la integridad (de la zona propuesta) y no se explica en absoluto qué se quiere decir con ‘completo’ o ‘intacto’. Esto se reemplaza con un énfasis en la heterogeneidad urbana y los diversos estratos culturales”. Esto último es vintage Fajre y muy conocido para los que la escucharon como subsecretaria de Patrimonio Cultural primero y ministra de Cultura después, ya que es su justificación del “patrimonio intangible”, bicho que supuestamente hace que sea lo mismo demoler o no, ya que “la ciudad cambia y evoluciona” pero siempre será igual.
El Icomos no coincide: “Icomos considera que la autenticidad de los paisajes culturales en evolución se relaciona con los procesos distintivos de interacción entre las personas y su ambiente a lo largo del tiempo, y también a las expresiones físicas distintivas de esa relación”. En buen castellano, que no alcanza con el patrimonio intangible sino que hay que cuidar las expresiones físicas, o sea los edificios. Como para que no quede duda alguna, el parecer técnico continúa diciendo que “en términos de procesos, se propone que el dinamismo y el cambio continuo son lo que hacen especial a Buenos Aires. Icomos considera que estos atributos pueden encontrarse en muchas otras ciudades y además que son fuerzas demasiado genéricas: lo que hace a un paisaje cultural algo especial es lo especial de las fuerzas socioeconómicas que impulsan el cambio”.
Habiendo aclarado correctamente que una Buenos Aires sin patrimonio —”en constante evolución”— es una ciudad más de tantas en el mundo, el Icomos explica que la propuesta porteña ni siquiera muestra que se entienda cuáles fuerzas hicieron de Buenos Aires lo que es. Según parece, la propuesta Ibarra sólo menciona la inmigración y la prosperidad inicial. El Icomos señala esto porque piensa que “deben entenderse los parámetros de cambio para que se puedan sostener ciertos atributos específicos”.
Uno de los párrafos más lapidarios del informe técnico es el que se ríe –de modo diplomático y cortés– de la idea de “ciudad viva” que le quisieron vender a la Unesco: “(La propuesta) relaciona la autenticidad del diseño arquitectónico al concepto de ciudad viva y se destaca su cambio continuo. Sin embargo, no se discuten los límites de este cambio a futuro ni se presenta evidencia detallada de los cambios de los últimos cincuenta años más que en la afirmación de que hubo pérdidas significativas y una larga historia de daños, aunque un gran número de edificios sigue en pie”. En castellano simple, no se habla de cómo piensan preservar el patrimonio edificado que supuestamente hace de Buenos Aires una ciudad única y no se hace un balance sincero de la destrucción de ese patrimonio.
La conclusión es que “Icomos no considera que se haya demostrado la integridad y autenticidad del área nominada”.
Los papelones siguen en cuanto se revisa el “Análisis comparativo” presentado por Ibarra y su troupe. Resulta que la propuesta porteña dice que nuestra ciudad es única porque presenta una grilla española reedificada con arquitecturas europeas. Como esto es un evidente disparate, se compara a Buenos Aires con ¡Río de Janeiro! Como en el Icomos son gente viajada, enseguida comparan a Buenos Aires con Montevideo, Guayaquil, Veracruz, Rosario, Córdoba y Mendoza, todas ciudades con grillas españolas reedificadas con otras arquitecturas. El informe hasta rechaza el párrafo que las Chicas Superpoderosas se plagiaron del Manual del Alumno Bonaerense, cuando afirmaron que nuestra ciudad tiene una relación única entre Pampa y Río. Para no irse muy lejos, el Icomos les recuerda que Montevideo está en el mismo río y tiene atrás una pampa.
Con una caradurez increíble, la propuesta porteña compara Buenos Aires con Liverpool, Riga, Budapest, París, Sydney y Shanghai, y afirma que Buenos Aires es, junto a Tel Aviv, “la mayor concentración urbana del estilo internacional temprano”. Los especialistas del Icomos acá parecen haberse fastidiado, ya que escriben que “la debilidad de este análisis comparativo proviene de la dificultad de determinar exactamente cómo Buenos Aires demuestra un valor universal especial como paisaje cultural. Buenos Aires es muy similar a muchas ciudades de Sudamérica y otras regiones que atraviesan varios siglos, fueron influidas o limitadas por su topografía y tuvieron variadas influencias culturales que resultaron en un conglomerado urbano heterogéneo. Resultado: “El Icomos considera que el análisis comparativo no es suficiente para demostrar un evidente Valor Universal”.
Los párrafos más duros del reporte técnico son –y esto no sorprenderá– los que hablan de la protección concreta de edificios históricos. “Queda claro que las demoliciones son numerosas y que no parece haber ninguna intención de limitar de manera significativa el número de demoliciones”; “El problema es que a menos que se administre el cambio, no hay garantías de que los muy importantes edificios del siglo 19 y temprano siglo 20 que reflejan modelos europeos, sean preservados”; “Ya se demolió mucho, o fue muy alterado, como los silos de Bunge & Born (uno de los más importantes del mundo), las Galerías Pacífico, la Sociedad Rural, el Zoológico, el Abasto, el Palacio de Correos y varios parques y plazas”; “Los procesos de catalogación toman mucho tiempo y en el ínterin los constructores aprovechan esa lentitud”.
Nuevamente, el resultado es lapidario: “El Icomos considera que la protección legal es compleja pero no parece al momento ser coordinada adecuadamente a la necesidad de proteger el paisaje urbano en las zonas propuestas” y “El Icomos considera que en resumen los mecanismos actuales de conservación apuntan a edificios individuales y no a la textura del paisaje”.
Este papelón lo hizo un grupo de funcionarios determinados a no proteger el patrimonio edificado. Desde mediados del año pasado, la situación cambió completamente porque ciudadanos privados mostraron el coraje que no tuvieron los gobiernos Ibarra-Telerman y presentaron amparos, se movilizaron y exigieron, salvando edificios y poniendo el patrimonio en la agenda política. El Icomos le dijo a la Unesco que la propuesta de paisaje cultural porteño era absurda. Por suerte no se votó en el plenario y quedó en un conveniente limbo que nos evita que el papelón sea aun mayor.
Gracias por todo.

sábado, 21 de junio de 2008

LOBBY


Diario PAGINA 12, Suplemento m2


PATRIMONIO
La central del lobby
El Copua es un órgano medio desconocido y de baja responsabilidad política, que se anda metiendo en temas patrimoniales. El martes mostró cómo y cuánto hace lobby en pleno corazón de la Legislatura.

Por Sergio Kiernan

En esta Buenos Aires año verde en la que Ejecutivo y Legislatura hablan de patrimonio, y en la que ministerios históricamente enfrentados por el tema como Planeamiento y Cultura ahora hacen planes en conjunto, el lobby de la piqueta no desapareció. Ya no juega de local, como en tiempos de Ibarra, cuando en los más altos cargos se reían a los gritos de la idea de catalogar edificios (lo hacían en los despachos con la misma actitud con que se cuentan ciertos chistes en los vestuarios). Pero la piqueta tiene dos fuertes argumentos y un ámbito semioficial donde todavía es fuerte. Los argumentos son el económico, por el colosal negocio de demoler y reemplazar con edificios baratieri pero rentables, y el ideológico, por la convicción religiosa de los profesionales de que sólo lo nuevo vale. El ámbito donde se atrincheraron estos dos machetes es esa rara criatura llamada Concejo del Plan Urbano Ambiental, órgano nacido para asesorar sobre temas urbanísticos de medio ambiente y planeamiento que se está metiendo, sin base legal ni mandato político, en el tema patrimonio para poner palos en la rueda.
Este panorama quedó en claro este martes en la reunión de asesores de la comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña. Estas reuniones se realizan regularmente y son parte del mecanismo normal de tratamiento de proyectos y leyes. Los diputados porteños tienen asesores que se especializan en los temas que siguen sus referentes, y estudian, negocian y definen políticas. Sus diputados no podrían físicamente estar en tantos lugares a la vez y este mecanismo de delegación tiene validez formal en el sentido de que los asesores se reúnen y hablan en nombre de sus jefes, aunque el o la diputado/a tienen, por supuesto, la palabra final.
La reunión del martes en Planeamiento estuvo presidida por Bárbara Rosen, su directora –cada comisión tiene un director que no es un diputado sino un asesor–, una arquitecta que fue nombrada en ese puesto originalmente por el diputado Olmos y ahora por la presidenta de la comisión, la diputada Silvina Pedreira (FPV). Rosen fue miembro del Copua y este martes mostró claramente que su corazoncito y sus ideas siguen firmemente del lado de la piqueta.
En la reunión estaba también Oscar González, que es asesor del diputado Alvaro González y es nada menos que un ex director del Copua. Había representantes de ONG como Basta de Demoler, Apevu y los vecinos de Parque Avellaneda, del Ministerio de Cultura y del de Desarrollo Urbano, además de asesores de los otros diputados miembros de la comisión. También estaba presente un cierto personaje poco conocido, pero de gran influencia, el arquitecto David Kullok, especialista en urbanismo y planeamiento urbano, y un enemigo público del patrimonio edificado.
La primera cosa rara de la reunión fue el temario que fijó Rosen, completamente dedicado a proyectos de catalogación y preservación del patrimonio. Como directora, Rosen tiene el poder de fijar el temario, pero en la práctica estas listas suelen reflejar los temas que les interesan a los miembros de la comisión. Esta vez no fue así: el temario fue estrictamente de los temas que le interesan a Rosen, que no pareció advertir que resulta llamativo que una comisión de Planeamiento de la Legislatura se fijara un temario que parece de la comisión de Patrimonio.
La reunión era para discutir proyectos que tienen que ser tratados por los diputados miembros de la comisión. Si los asesores aprueban el asunto, el tema pasa al voto de sus jefes políticos. Rosen detuvo ocho temas y en todos los casos presentó la misma razón: o el Copua se oponía, o el Copua observaba, o el Copua no se había pronunciado.
En cuatro de los casos, la excusa exhibida por Rosen roza la inconstitucionalidad. Son cuatro edificios –el Hotel Metropol, las casitas ferroviarias de Humboldt al 1100, la casa Bemberg en Montevideo 1250 y un conjunto en Lafinur al 3000– en los que el Copua no tiene ni remotamente alzada. Según la ley, es el CAAP, el consejo asesor en temas de patrimonio, el que tiene que tratar, votar y recomendar estos temas. La ley no menciona al Copua, que se arroga derechos –que no tiene– a opinar sobre un edificio individual.
Los otros cuatro proyectos que observó Rosen en nombre del Copua son más complejos, pero también muestran más la hilacha de por dónde circula el esfuerzo de lobby corporativo. Los cuatro temas bloqueados se refieren a Areas de Protección Histórica, conjuntos o ambientes de la Ciudad. En este caso se trata de la ampliación del APH del parque Tres de Febrero, de la creación de otro APH en Barrancas de Belgrano –iniciativa de Marta Varela–, de la reglamentación del APH de Flores y un conjunto de normas de manejo del Parque Avellaneda. Son temas que abarcan áreas de la Ciudad en las que un ente dedicado al medio ambiente podría concebiblemente opinar.
¿Qué hace el Copua? Obstruir, con argumentos que rozan el absurdo. Por ejemplo, afirmar que la preservación de edificios históricos en el casco viejo de Flores contradice el Plan Urbano Ambiental. Si un puñado de edificios históricos afecta el PUA, debe haber algo errado con el PUA, ya que no se entiende desde la lógica en qué afecta la ecología. También convendría recordarle al Copua que el APH Flores tiene mucha más solidez legal que ellos mismos, ya que fue votado con doble lectura en 2000, mientras que el Concejo fue votado una vez y todavía no tiene segunda vuelta y sanción firme.
Otra pajaronada es la oposición del Copua al andamiaje legal del Parque Avellaneda. Aquí aparece como vocero el arquitecto Kullok, que afirma que la idea “ata las manos” para el desarrollo del parque. En un punto, atarle las manos a cierta gente no sería una mala manera de preservar un parque repleto de edificios históricos, con un barrio de arquitectura singular y una densidad todavía manejable. Por otro lado, esto huele a pensamiento corporativo: el Parque Avellaneda se maneja con un mecanismo participativo con los vecinos que, obviamente, le molesta a un experto como Kullok.
Porque Kullok es realmente un experto, un miembro del establishment de la piqueta. Se recibió con diploma de honor en la FADU/UBA en 1963, lo que significa que fue formado como cuadro en una ideología que no era el comunismo sino el modernismo demoledor. Kullok es profesor titular en la facultad que lo formó, dirige becarios e investigadores, maestrías e institutos, y fue director general de Habilitaciones en el gobierno de Ibarra. Una de sus frases destinadas al bronce es que “no hay que preservar el patrimonio porque la identidad se construye y deconstruye una y otra vez”.
Este tipo de platitudes pasan por ideología. Por suerte, los profesionales jóvenes ya no les dan pelota a estas cosas.
Entre Rosen, Kullok y González –el asesor–, el Copua tiene bien cuidadas las espaldas en la comisión. El Copua está sirviendo ahora para hacer política sin pagar los costos políticos de buscar excepciones y mantener la Ciudad como zona liberada para hacer negocios inmobiliarios. Esto es porque sus miembros no son electos –los nombraron la Legislatura y el Ejecutivo– y en general son agradablemente desconocidos para el público.
A todo esto, la titular de la comisión, la diputada Pedreira, no está de acuerdo con nada de esto. La diputada explicó a m2 que ella tampoco entiende por qué el Copua opina en temas de patrimonio y por qué no se renuevan sus miembros –consejeros como Kullok llevan años operando tranquilos– algo que le reclama al Ejecutivo. En rigor, es el Ejecutivo que tendría que poner orden en las áreas de competencia del Copua. Ahora que el gobierno de Macri está tomando actitudes sanas y enérgicas con respecto al patrimonio y otros temas urbanos, no debería bancarse una central del lobby con paraguas oficial.


BURLADOS


Diario PAGINA 12, Suplemento m2


Historia de una avivada
La demolición de la casa Benoit en Bolívar e Independencia tiene detalles insólitos, que muestran hasta dónde llegaba la impunidad. La obediencia debida de los demoledores, la amnesia del arquitecto y la bronca en La Plata.

Por Sergio Kiernan


La demolición alevosa e ilegal de la casa Benoit en la esquina de Bolívar e Independencia sigue trayendo cola. Por un lado, la historia es de todavía más mala fe de lo que se pensaba. Por el otro, en La Plata están furiosos con que se cargaron la casa de su diseñador. Y para terminar, el arquitecto sancionado por Planeamiento tuvo un ataque de inocencia que ya despierta temores, tratándose de un profesional exitoso, maduro y experimentado. Debe ser que el orsay deja a la gente nerviosa. Por partes:
La resolución 27 de la Subsecretaría de Planeamiento porteña es una lectura centelleante, porque respira indignación. Es que la demolición de la casa Benoit fue un intento de meterle el dedo en la boca al gobierno de los que, uno sospecha, antes pasaban sin mayores sobresaltos. Los considerandos de la resolución son largos y detallados, arrancando con que el 18 de enero un tal Francisco Martignone se presentó como apoderado de la empresa Agro Bolívar SA para pedir la demolición urgente de la casa Benoit en Bolívar 775/787 ya que estaba en “peligro grave e inminente”. Martignone traía un informe técnico del arquitecto Luis Witko, un profesional de larga trayectoria que ahora sufre un preocupante ataque de angelismo. El informe de Witko es una larga lista de peligros inminentes, problemas insolubles y deterioros diversos.
Lo que Witko no mencionaba es que la casa Benoit está en pleno corazón de San Telmo, el Area de Protección Histórica número uno, que hasta los chicos saben que no se puede tocar. Pero Martignone sí lo sabía y su escrito se refiere a “las loables razones que llevaron a incorporar a la fachada del bien citado al Patrimonio Histórico de la Ciudad”. Aun así, el apoderado dice que su cliente considera que “la protección recaída sobre el bien resulta una interpretación excesiva e irrazonable de la excepción a la libre disponibilidad de su patrimonio”. La resolución de Planeamiento no se priva de observar con merecida sorna que Agro Bolívar pide demoler por una cuestión de seguridad pública, pero en realidad le interesa más disponer de su bien como se le antoje.
Lo más divertido en esta etapa es que Martignone le impone a la Ciudad un plazo perentorio de tres días para que le den permiso de demolición, lo cual es un disparate notable que Planeamiento ignoró como es debido. El 28 de enero, el apoderado volvió a la carga con otro escrito en el que declaraba vencido el plazo –que espléndido mármol facial, ese hombre– y repite su pedido. Planeamiento le contestó con el dictamen 71 de la DGIUR y le avisó taxativamente que “no podrán darse curso a solicitudes de demolición de edificios incluídos como propuesta o en forma definitiva en el catálogo con nivel de protección cautelar” porque lo prohíbe el Código.
Pero el 31 de enero, la Supervisión de Patrimonio Urbano pidió con urgencia que la Guardia de Auxilio y Emergencias verificara si el inmueble era tan peligroso para el prójimo como decían Agro Bolívar y el arquitecto Witko. La arquitecta Gómez Diz, de la Guardia, visitó el lugar e informó por escrito que el edificio tenía patologías y que había intimado a los propietarios a demoler un sector del segundo piso y “a reparar o demoler” elementos de la fachada que sí podían caerse. Como bien señala la resolución de sanciones, no hay manera honesta de interpretar que Gómez Diz autoriza, sugiere y mucho menos intima a que el edificio desaparezca. De hecho, Planeamiento recuerda que para demoler un edificio hay que tramitar en dos Direcciones Generales porteñas. Nada de esto se altera porque el dueño del edificio tenga apuro o sienta que hay una urgencia. Pero el 19 de abril, relata la resolución, Agro Bolívar ya estaba demoliendo el edificio, como surge de una inspección in situ. Para el primero de mayo, no quedaban ni los escombros.
La resolución explica que demoler de araca es un peligro que hasta puede enmarcarse en lo que el Código Penal –el penal, no el urbano– llama “incendio y otros estragos”. Y agrega que el arquitecto Witko exageró los peligros del edificio en su escrito y que el ingeniero Angel Esteban Palacios aparece como responsable técnico de una obra manifiestamente ilegal. Y que la empresa de demoliciones de Marcelo Fabián Heredia ni siquiera se molestó en pedir las autorizaciones, planos y trámites que tiene obligación de exigir antes de comenzar una demolición.
Es por eso que Witko y Palacios no podrán firmar ni el cambio de azulejos en el baño de sus señoras tías durante quince años, y Heredia puede ir despidiéndose de trabajar en la Capital. Agro Bolívar SA sólo podrá construir el 70 por ciento de lo que demolió clandestinamente y tendrá que pagar una multa.
Los descargos
La empresa de demoliciones de Heredia se empezó a justificar cuando los camiones todavía retiraban los escombros, y lo hizo con un recurso muy argentino: la obediencia debida. El joven cordobés que estaba a cargo decía cosas como “yo qué sé, es problema del cliente”, “yo no tengo nada que ver”, “a mí me llaman para un trabajo y yo lo hago”. Lo hacía con una mezcla de esa irresistible necesidad argentina de no tener nunca la culpa de nada y de la experiencia de que efectivamente nunca nadie tiene la culpa de nada en estas demoliciones.
El arquitecto Witko dijo más o menos lo mismo, pero con otra cultura. El profesional explicó que él no había hecho ningún trámite sino un estudio privado para un cliente privado, y que no era cosa de él qué hacían con su escrito. Es rarísimo, porque Witko se recibió de arquitecto hace exactamente treinta años y presenta en su currículum bancos, hospitales, comercios, hoteles y vivienda colectivas. Con semejante carrera y habiendo dejado la inocencia de la infancia atrás, se puede asumir que el arquitecto alguna vez oyó hablar de San Telmo y tiene alguna noción de que existen las leyes de protección urbana.
De hecho, hay pruebas de que sí sabe que existen, porque Witko fue uno de los profesionales de SEPRA, el estudio de Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini, que remodeló la mansión Duhau en la avenida Alvear para hacer un hotel. Esta obra fue centro de un memorable combate con los vecinos, que no le dejaron pasar ninguna a SEPRA y le dieron un verdadero seminario de legislación cautelar y patrimonial.
Entonces: ¿no se daba cuenta el arquitecto Witko de que su escrito era una justificación para demoler lo prohibido? Planeamiento piensa que sí y que además exageró los problemas de la casa Benoit para lograrlo, y por eso le impuso una sanción inédita, durísima.
En La Plata
Pedro Benoit fue el diseñador de la famosa planta de la ciudad de La Plata, esa llena de diagonales. La Plata es una de las tres ciudades planificadas de las Américas: Washington la precede por un siglo, Brasilia la sigue por otro. Benoit era hijo de un inmigrante francés que se mudó a Buenos Aires en 1818 y del que se rumoreaba era noble y hasta de sangre real. Pedro nació porteño en 1836 y debe ser el mayor urbanista argentino, porque no sólo trazó la planta de la capital bonaerense sino también las de Quilmes, San Pedro, Mercedes y Magdalena, además de pueblos más pequeños como Uribelarrea. También diseñó la catedral platense, el hoy museo Etnográfico –que fue la primera facultad de Derecho– y el canal rectificado del Riachuelo, entre 1800 obras que realizó.
Gracias a nuestro editor panóptico Jorge Cohen, no extraña que el intendente de La Plata Pablo Bruera organizara un acto de repudio a la demolición en la esquina de San Telmo donde vivió el arquitecto y exigiera que se la reconstruyera. En su ciudad, proliferaron los editoriales y los vecinos empezaron a pedir que se conservara el patrimonio propio. Por ejemplo, la otra casa de Benoit, una casilla en el parque Saavedra que ahora parece un galponcito medio quemado, vandalizado y cubierto de grafitis.
Esa casilla era una suerte de obrador durante los primeros trabajos de construcción de la ciudad y funcionaba como oficina de Benoit. Según las crónicas, buena parte de los elementos que caracterizan a la ciudad fueron diseñados allí mismo. La casilla estaba en comodato con la Sociedad Argentina de Escritores, que mantenía hasta una biblioteca. Pero la casa fue repetidamente robada y vandalizada, con lo que la SADE la abandonó.
En fin, la demolición de Bolívar e Independencia parece estar disparando una reacción en cadena que incluye un severo régimen de sanciones para futuros casos que están consensuando los ministerios porteños de Planeamiento y Cultura con una bronca que se entiende. Tal vez algún día hasta le agradezcamos a Agro Bolívar SA su avivada ilegal y al ingeniero Palacios y al arquitecto Witko su mansedumbre ante lo evidente. Hasta Heredia, demoledor con obediencia debida, puede ganarse un lugar en la historia, como catalizador de un proceso que haga respetar tanto el patrimonio como la misma ley.



domingo, 18 de mayo de 2008

PATRIMONIO



Diario PAGINA 12, Suplemento m2


demolicion y protesta en san telmo
Farsa, protestas y castigos
acto en Bolívar e Independencia para protestar por la demolición trucha de la casa Benoit. Los funcionarios, enojados y dispuestos a castigar. Macri y la necesidad de herramientas legales.


Por Sergio Kiernan


Hace poco más de dos semanas, aprovechando el feriado del primero de mayo, manos anónimas demolieron la vieja casona de Bolívar esquina Independencia. Una ironía es que alguna vez hasta podemos terminar agradecidos a esta banda de vivos que se pasó la ley por las partes. Y esto es porque su caradurismo y la violencia de la demolición desataron un enojo pocas veces visto en esta ciudad. Los vecinos están enojados. Las ONG que defienden el patrimonio están lívidas. Y los funcionarios porteños están furiosos, personalmente ofendidos por cómo se les rieron en la cara. Sucede que la demolición no fue clandestina en el modo habitual, de demoler sin permiso. Fue clandestina en el sentido de que se la habían prohibido explícitamente y la hicieron igual.
La casa de los Benoit en Bolívar al setecientos era de ese estilo indefinido, entre francés e italiano, que sólo termina existiendo en estas pampas (ya en Uruguay es levemente diferente). De dos pisos, balconera, fue cayendo en desgracia cuando lo único que importó en un edificio fue que fuera a estrenar. Ocupada, subdividida y alquilada, tenía gracias al arquitecto José María Peña una ventaja única en la vida: estaba en pleno centro de San Telmo, protegida por partida doble por su catalogación y sus raíces en la primera Area de Protección Histórica.
Pero como esto es Argentina bastó un chanta para tirarla abajo. La firma que opera con el nombre de fantasía de Agro Bolívar compró la casa y pidió autorización para demolerla. Le explicaron que era imposible, por la doble protección. Y ahí viene la avivada: los dueños llaman a la Guardia de Auxilio y afirman que la casa colapsa, se les cae encima; la Guardia acude y dictamina, correctamente, que nada de eso es cierto y que basta apuntalar una parte y demoler apenas una parte de una bovedilla para que no haya desgracias. Y que le metan con las obras de restauración. Como corresponde, los de la Guardia dejan un papel con sello oficial como comprobante de su visita.
Los avivados deciden demoler igual, pero truchando la autorización. Como se ve en la foto, levantan un andamio liviano, con media sombra, como los que se usan en restauraciones y trabajos de pintura, pero no en demoliciones. Y allá arriba le pegan un cartel de aspecto oficial. El cartel es en realidad un collage de seis printers tamaño oficio pegados en desorden, para aumentar la confusión. Ahí dice que un tal Angel Palacios es el técnico y que la demolición es de Heredia. Y hay dos números, el 15768 y el GCBA 213. Ninguno es una autorización de demolición.
Este es el detalle que terminó de enfurecer a los funcionarios, que se empezaron a llamar por teléfono y determinaron cómo los vivos inventaron la tramoya. Un resultado de esto es simplícimo y a la vez inédito. Josefina Delgado, subsecretaria de Patrimonio Cultural de la ciudad, y por tanto encargada directa del patrimonio edificado explicó a m2 que se está formando un comité de funcionarios para hablar de estas cosas, avisarse y bloquear a los vivos. El comité, y esto es realmente histórico, reúne gente de Cultura y de Planeamiento, dos ministerios que en temas de patrimonio se opusieron siempre hasta por deporte. Los vivos de Agro Bolívar lograron lo que ni mil seminarios patrimoniales.
Mónica Giglio, directora general de Interpretación Urbanística, hace ya una semana que juró que en ese terreno no se construirá una playa de estacionamiento, uso prohibido explícitamente por el Código en el APH. En privado, varios funcionarios mascullan cosas como que los van a clausurar hasta aburrirse y luego los van a llevar a la Justicia.
El problema es que la legislación no tiene mucho diente. Los avivados no van a poder hacer una playa de estacionamiento por derechas, pero si la única amenaza realista es una clausura y una causa en la Justicia porteña, hasta el más tímido se anima a romper las fajas. La segunda sanción, que se puede construir menos de lo que había en el lote –prevista en la ley de patrimonio– también depende en última instancia de inspecciones y clausuras...
Hay una tercera herramienta, la de las multas. El problema es que la mayor que puede cobrar la ciudad es de diez mil pesos, cifra que no estremecerá a ninguna empresa. El mismo jefe de Gobierno lo comprobó esta semana, cuando clausuró en persona una obra en la que otro avivado tiró cemento a las cloacas para ahorrarse alquilar un camión de desechos. Macri cerró el lugar y ordenó la multa en persona, y luego admitió que hay que actualizar las penas, que llevan años carcomiéndose a fuerza de inflación.
Evidentemente llegó la hora no sólo de hacer una ley general de patrimonio que abarque todos los edificios de cierta edad en la ciudad, sino también de incluir con fuerza el tema en el aparato de castigos. El Ministerio de Cultura tiene que tomar los poderes de policía que le otorga la ley, nunca reglamentados por la apatía y cobardía moral de las Chicas Superpoderosas –en particular Bellota/Silvia Fajre– que dejaron cajoneados los papeles que les daban autoridad hasta para clausurar. Esta sorprendente administración macrista está dando señales altas y claras de que va a sacar todo del cajón, reglamentar las leyes correspondientes y actuar desde Cultura también. Y que Planeamiento será más un socio que un rival.


LAS PROTESTAS


El edificio ya no está y en la esquina hay un baldío tapiado, que mañana a las 17 será escenario de una protesta convocada por Basta de Demoler y Proteger Barracas, entre otros grupos patrimonialistas. Parte de la protesta será volver a pintar el mural “Carnavales de antaño”, que había pintado el Grupo Muralistas del Oeste (Mónica Rojas, Marta Caveri, Emilio Reato y Jorge Ledesma) en la medianera dejada por ese otro grupo de vivos, los militares que ensancharon Independencia. Habrá murgas y reclamos de todo el rigor de la ley, además de circular información sobre otros edificios en peligro y convocar a los vecinos a moverse para proteger sus edificios.
Y ya que hablamos de cosas inéditas hasta ahora, los organizadores invitaron a Josefina Delgado y ésta aceptó, “por convicción de estas cosas y porque me parece muy bien”. No sólo eso, Delgado está hablando todo el tema con Macri, que aparece receptivo a la necesidad de ordenar el tema patrimonio en la ciudad y punir este tipo de anarquías. El jefe de Gobierno mostró una energía refrescante este verano con el caso del La Salle y sus diputados ya actúan hacia el patrimonio como con cualquier otro ítem en la agenda política. Episodios como el de Bolívar van directo a la capacidad de administración de un gobierno y francamente requieren la misma energía.

domingo, 20 de abril de 2008

TUCUMAN

Diario PAGINA 12, Suplemento m2

boom inmobiliario vs. patrimonio historico
La batalla de Tucumán


La Legislatura de la provincia de Tucumán permitió en diciembre un suicidio cultural, autorizando al gobierno a vender para su demolición varios edificios históricos y patrimoniales. Tucumán, como tantas ciudades del país, vive un boom inmobiliario que ya se va agotando y en el que cayeron cientos o miles de casas y edificios patrimoniales. Pero éste es un caso único de zona liberada por ley, algo que ni en Salta, que está terminando de demoler su historia, se animaron a hacer.
Este mes, el juez Mario Racedo, del Juzgado Federal 2, le hizo lugar a un amparo presentado por dos entidades profesionales de la provincia. El amparo, como se comprobó en esta Capital, es un herramienta eficiente para frenar destrucciones varias, algo que entendieron los abogados de las Federaciones Económicas de Tucumán y de las Entidades Profesionales Universitarias. Como nos enteramos gracias a nuestro editor at large, Jorge Cohen, el amparo incluyó siete edificios históricos.
El juez Racedo hizo lugar al amparo el tres de abril, ordenando al Ejecutivo que no innove la situación de los predios. El mismo viernes, los abogados de las Federaciones y las Entidades se presentaron y pidieron se excluya a cinco de los edificios nombrados. El juez hizo caso, con lo que quedaron protegidos en el amparo la Secretaría de Trabajo en la calle San Martín y la vieja Brigada de Investigaciones en la avenida Sarmiento, un lindo ejemplo de arquitectura pública que la Legislatura tucumana quería demoler casi completamente –iban a dejar la fachada– para hacerse un nuevo edificio de oficinas.
La Dirección General de Rentas, en San Martín y Maipú; Siprosa, en Mendoza y Rivadavia, y la Secretaría de Educación, en Sarmiento al 800, fueron retirados del amparo por la simple razón de que salió en el Boletín Oficial una modificación del enjambre leguleyo local, por lo que volvieron a quedar incluidos en el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural y de los Bienes Arquitectónicos. Más difícil de entender es que los abogados de las entidades retiraran los edificios de 24 de Septiembre 570 y Córdoba 759 por la simple razón de que no están en el Casco Histórico de la ciudad, creado por la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos. ¿Y? Un poco de imaginación, que el patrimonio no es una línea en el mapa...

Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-1402-2008-04-20.html

COPUA


Diaro PAGINA 12, Suplemento m2



areas de proteccion historica
El misterio del Copua
El Parque Avellaneda es un APH sin reglamentar y el Copua traba el paso final. Por razones que no explica, el ente –no electo y sin atribuciones– quiere sacar al parque del área histórica.

Por Sergio Kiernan



En el año 2000 se reformó esa ley grandota que todos llaman Código Urbano pero que es, al fin y al cabo, una ley de la Ciudad de varios tomos. Entre sus muchas páginas aparecían decenas de Areas de Protección Histórica, por fin unificadas de alguna manera. Una de estas APH tomaba al segundo espacio verde de nuestra ciudad, el Parque Avellaneda, un casco de estancia que terminó comida por la ciudad en su creciente suroeste.
Hay APH sencillas, cuya reglamentación consiste en unas pocas líneas marcando con exactitud sus límites. Y hay APH complejas por el tamaño, los usos y los variados elementos que reúnen. La del parque es de las bravas, con arboledas y edificios históricos, barrios históricos y natatorios, áreas verdes y calles internas.
Esta complejidad explica que el trabajo de reglamentación haya recogido los años de trabajo y las miradas de los vecinos del parque: se formó la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda, una entidad de existencia legal que reunía vecinos y funcionarios para dialogar. Ambas partes elaboraron un buen proyecto de reglamentación de la ley y los vecinos, por cuerda separada, propusieron además un plan de manejo. La reglamentación llegó a la Legislatura en 2005 y expiró, sin tratarse nunca. El año pasado, la presidente de la Comisión de Patrimonio, Teresa de Anchorena, volvió a presentarla sin alterar ni una palabra.
Esta reglamentación tiene que ser tratada por Patrimonio y también por la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura. Patrimonio ya emitió su despacho pero Planeamiento comenzó a pedir opiniones técnicas, como corresponde, y en la lista incluyó a esa entidad misteriosa, el Concejo del Plan Urbano Ambiental. Lo de misterioso arranca con el mismo Plan Urbano Ambiental, bodrio contrahecho que nunca pasó del declaracionismo ecológico y urbanístico. Lo que sí dejó fue su Concejo, que reúne al ejecutivo, el legislativo y privados del sector en funciones ya inexplicables: el PUA ya pasó, pero el Copua sigue, opinando sobre cosas en las que no tiene la menor alzada. Por ejemplo, sobre catalogaciones.
En este caso en concreto, el Copua se opuso a que la APH abarcara el Parque y aceptó que tomara el viejo barrio de la Comisión de Casas Baratas. El único argumento que se dignó a dar el Copua para su oposición fue que el parque, como todos los de la ciudad, ya es una Urbanización Parque, con lo que no necesitaría otra protección.
La arquitecta Laura Weber, directora de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, explica que esto es mezclar naranjas y bananas. Varios parques y plazas –Irlanda, Francia, Lezama y el Tres de Febrero– son UP y también APH, por sus características históricas. Que algo sea UP según el código significa un nivel de protección débil y genérico, mientras que un APH es creado “a medida”, específicamente para un lugar o ámbito en particular. Así, se puede mencionar un aljibe o un ombú, un mirador o un revoque, porque la ley es para ese rincón y para ningún otro. El Parque Avellaneda no sólo conserva el casco de la familia Olivera, de lo mejorcito que tiene Buenos Aires, sino que carga con muchos años de usos públicos, con edificios deportivos en muchos estilos, servicios, un natatorio ensoñado y cientos de árboles de especies nativas. Un semejante objeto debe ser administrado con un alto grado de especificidad.
Además se suma que el Copua descarta el producto de uno de los primeros y ciertamente el más complejo trabajo de participación ciudadana, lo que tiene enojados a los vecinos del Parque. Como explica uno de ellos, Fabio Oliva, a los vecinos les gustaría que el Copua fundamentara su decisión y escuchara razones, en lugar de presentar opiniones tersas y rápidas.
Y una pregunta final: ¿quién le dio vela en este entierro al Copua? El Parque Avellaneda ya es un APH, algo decidido por la Legislatura, que tiene el monopolio de crear leyes. El Copua se arroga el derecho a enmendarles la plana a representantes elegidos por el voto para tomar este tipo de decisiones, por lo que resultaría obvio que los miembros de la comisión, todos diputados que se ganaron el voto, deberían ignorar minuciosamente sus pareceres.

Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-1401-2008-04-20.html

sábado, 29 de diciembre de 2007

PATRIMONIO


Diario PAGINA 12, suplemento M2


Un año donde todo cambió
El 2007 será el año en que el patrimonio pasó a la agenda política de la Ciudad y todo cambió. Hubo una ley por fin coherente y útil, amparos exitosos, fallos clarísimos y conceptos económicos nuevos que comenzaron a hacerse sentir.


Por Sergio Kiernan


Se termina un año para recordar en cuanto patrimonio edificado. Esto es porque finalmente se aprobó una ley que es un real comienzo para ordenar el tema, y porque esta ley es producto de algo tan simple como difícil de conseguir: que el tema se politice y pase a ser parte de la agenda, como la salud, la seguridad y el tránsito. Es que 2007 fue el año de la protesta callejera contra las torres y la piqueta, el año de los amparos para salvar edificios y el año en que la Legislatura votó una ley con los vecinos de la ciudad mirando de cerca. En fin, el tema patrimonial salió de las publicaciones especializadas y la desesperanza para ser un tema más de política.
El proceso fue explosivo. En la primera mitad del año aparecían síntomas aquí y allá, como los lectores que mandaban fotos y denuncias de demoliciones indeseadas y hasta de aprietes absurdos, como la constructora que denunció a vecinos por tirarle un tomate a su cartel de obra en una cuadra tranquila de Villa Pueyrredón donde se alzaba el primer edificio en altura. Los vecinos de Caballito ya estaban haciendo masa crítica y poniendo en el temario cosas como cotas de altura y FOTs, mientras que los del Bajo Belgrano combatían proyectos inmobiliarios en un terreno que fue de la embajada soviética.
Las alegrías eran bien pocas y uno se encontraba envidiando a La Plata, que mal que mal y de prepo mostraba la voluntad política de frenar las demoliciones y las torres. Lo bueno pasaba por proyectos privados, como la gloriosa restauración de las galerías Güemes, que le devolvió a la ciudad una obra maestra de Gianotti que había sido vandalizada para modernizarla y medio que olvidada bajo el gris del abandono. La restauración volvió a ponerla en el mapa, levantó el nivel de los comercios, atrajo a turistas asombrados y resultó una estupenda inversión, lección que demuestra la diferencia entre ser un vivo y ser inteligente.
Foto: Alejandro Leiva
Desde la política todo parecía perdido. La boba administración de Jorge Telerman seguía siendo tan blanda como siempre, sólo que ya no se molestaba en fingir que era progresista. Las chicas superpoderosas –la ministra de Cultura Silvia Fajre y su secretaría de Patrimonio, ahora reciclada en Cultura de la Nación, Nani Arias Incollá– sacaban libritos y seguían sin mover un dedo para salvar algún edificio, aunque sea pa’ cumplir. El Ministerio de Planeamiento seguía en mano de los cínicos de siempre, que uno ignora si dejan demoler todo por convicción ideológica o por simples peajes. El “cardenal” Santiago de Estrada, en ejercicio de la presidencia de la Legislatura, logró que la Iglesia hiciera un negocito terminando de demoler, esta vez legalmente, una casa en Membrillar 64 que hasta era parte del APH de Flores. Le costó, tanto que puso a su real referente político, el cardenal (de verdad) Jorge Bergoglio, a llamar a diputados para que aprobaran la ley tramposa, papelón que llevó el tema a la tapa de Página/12. Cuánto que le debe Bergoglio a este militante católico...
El patrimonio parecía destinado a sobrevivir sólo por accidente y en los libros que el Cedodal sigue editando con su emperramiento ejemplar, o en las magníficas fotos de los que publica Larivière. Y entonces llegó julio y pasó lo inesperado.
Resulta que fue entonces que una empresa justo anunció que iba a demoler lo que resultó la gota que rebalsa el vaso. El petit hotel de Callao 924, donde funcionó por añares una mutual, es un edificio muy bello, cargado de vitrales, chimeneas, boiseries y herrerías de primera agua. Pero no es ni más ni menos hermoso que otros petit hoteles que ya cayeron para ser reemplazados, en el mismo barrio y en otros, por edificios de cuarta categoría. Lo que pasó con éste fue que un grupo de vecinos tomó la calle para intentar salvarlo, con lo que disparó el fenómeno.
“Basta de demoler” era hasta entonces más una dirección de mail y una red de contactos que otra cosa. Nacida pocos meses antes a través de El Fantasma de Recoleta –seguramente el mejor periódico barrial de la ciudad–. El Fantasma cubría las demoliciones y sugirió que los que se oponían se juntaran. Para julio, Basta de Demoler estaba listo para presentar un amparo judicial y debutar en sociedad. Hasta le hicieron un velorio al edificio. Lograron que el dueño ofreciera un futuro espacio con las antigüedades reinstaladas, para uso libre de grupos como Basta de Demoler.
A este empate por puntos le siguió enseguida un triunfo resonante, que marca un antes y después. En agosto, Basta de Demoler presentó otro amparo, esta vez por el notable edificio francés de los Bemberg en Montevideo 1250, cuatro pisos con detalles de fachada ya únicos. El juez porteño Roberto Gallardo emitió un fallo ejemplar, que frenó la demolición. La diferencia era que Montevideo estaba en la lista de Edificios Representativos de la ciudad y días antes de que se expidiera el permiso de demolición había entrado en la legislatura un proyecto para catalogarlo en firme. Gallardo entendió que no se podía demoler porque destruir el edificio iba a impedir que los legisladores ejercieran el poder con el que están investidos.
Más importante aún, Gallardo –y luego la Cámara, en apelación– dejaron en claro algo seminal: que el patrimonio tiene un valor material concreto y real, que debe ser amparado. El edificio a demoler tiene un valor intrínseco que puede y debe ser protegido por la Justicia. No es una molestia en el camino a construir un edificio nuevo y, ése sí, valioso. Esto es de una importancia enorme porque nunca había sido dicho.
Por supuesto, el gobierno porteño hizo la pajaronada de apelar, antes incluso que la empresa constructora. Perdieron como in the war y luego tuvieron la lucidez de compensar el tropezón con un gesto inédito, el de desistir formalmente de volver a apelar. Queda en el aire la responsabilidad del genio burocrático que ni se molestó en averiguar si se podía dar el permiso de demolición. Ese personaje algún debería responder con sus bienes y haberes por el daño causado.
Otra situación
Este éxito y la claridad meridiana de los fallos judiciales cambiaron completamente el panorama. La comisión de Patrimonio de la legislatura generó de inmediato cuatro proyectos para contener la situación y crear una emergencia patrimonial que frenara estos papelones. Los cuatro proyectos se unificaron, pasaron por las comisiones que corresponde rumbo al piso y fueron modificados políticamente. El 22 de noviembre de este año se votó el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial que, parcial y limitado en el tiempo como es, resulta la más amplia ley jamás aplicada en Buenos Aires en este tema. Básicamente, la ley frena toda demolición de los edificios comprendidos en la lista de Representativos –casi 3000 piezas–, de los sobrevivientes de los Premios Municipales y de los construidos antes de 1942 en el polígono que Telerman pretendió presentar como Paisaje Cultural ante la Unesco, una zoncera que terminó sirviendo para algo porque al fin y al cabo tenía existencia legal.
La ley crea un procedimiento especial para estos edificios especiales. Básicamente, no se pueden tocar sin un parecer del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, un ente que reúne Ejecutivo, Legislativo y organizaciones de arquitectos y que hasta ahora sólo hacía eso, asesorar. A partir de la ley, el CAAP tiene el poder de decir que un edificio no tiene valor patrimonial y permitir demolerlo, o decir que sí lo tiene, lo que automáticamente obliga a comenzar el trámite de catalogación.
A esta ley hay que apoyarla para que sea un éxito, pidiendo catalogaciones a granel y forzando, desde la política, a que el ejecutivo la cumpla. El patrimonio no es cosa de nostálgicos o historiadores, es un valor material palpable, un modelo de negocios que pone el eje en el edificio y no en el terreno. Esto no es ninguna novedad y fue comprobado una y otra vez en ciudades y países del mundo entero, donde muchos ganaron buen dinero y vieron sus propiedades valorizadas gracias a la protección.
Y todo con una calidad de vida mucho mejor que en, por ejemplo, San Pablo, una ciudad donde le dieron piedra libre al negocio a corto plazo y mirá como terminó.

sábado, 15 de diciembre de 2007

TEATRO EL PICADERO

Diario PAGINA 12, Suplemento M2
demoliciones
Alrededores de El Picadero
El simbólico teatro de la cortada Discépolo iba a ser demolido hasta que un amparo frenó su destrucción. Nadie parece haber recordado que una ley nacional ordena construir un teatro donde se demuela un teatro. Otro caso de inseguridad jurídica para todas las partes.

Por Sergio Kiernan

El Basta de Demoler Santiago Pusso y un nutrido grupo de nombres de la cultura están defendiendo el Teatro del Picadero, célebre en los ochenta como uno de los pocos lugares donde se pudo respirar durante la dictadura. El antiguo garaje de la cortada Rawson –hoy Discépolo pero todavía la única calle curva de la ciudad, de Callao y Lavalle a Riobamba y Corrientes– es ahora parte de un emprendimiento que toma tres lotes, llegando a Corrientes. Para variar, se alzará ahí algo demasiado alto, totalmente comercial y seguramente pesado, ya que lo firmará el arquitecto Alvarez, monomaníacamente especializado en cementos feotes.
El Picadero fue sede de Teatro Abierto, un raro espacio que los militares no pudieron cerrar y que permitió sentir que todavía había vida inteligente en el planeta Argentina de esos años. Tuvo sus bombas, sus amenazas y sus aprietes, pero siguió. Luego, en democracia y con los años, el lugar terminó eventualmente más como estudio de televisión, pero con la sala intacta.
Resulta que hay una ley nacional que permite demoler un teatro sólo a condición de construir otro, en el mismo lugar y en iguales condiciones. Esta norma es federal, aplicable a todo el país, pero además está incorporada a la ley porteña –el mal llamado Código, que es una ley grandota, nada más–. Nada de esto parece haber obstado para que se autorice a demoler el lugar, otra muestra de la pésima gestión del Ministerio de Planeamiento bajo el gobierno supuestamente progresista y honesto de Jorge Telerman. Se trata de un caso de A) estupidez, desgano y simple incompetencia; B) cobardía ante el interés económico de cualquiera que tenga un auto más grande que el tuyo o; C) interés económico del/los que firman los papeles. No hay otra explicación para dar, tan campantes, permiso para algo manifiestamente ilegal.
Otro cantar es defender el valor patrimonial del edificio en sí, ya que no está protegido de ninguna manera gracias a la proverbial inoperancia de las Chicas Superpoderosas –una de las cuales, Nani Arias Incollá, consiguió conchabo en la Secretaría de Cultura de la Nación– que por supuesto nunca se animaron a proteger el patrimonio edificado.
Aun así, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Argentino presentó un amparo para que no se demuela El Picadero. El expediente 27907/07 aterrizó en el juzgado 12 de primera instancia contencioso y tributario de la Ciudad. Fue un expediente suertudo, ya que la titular es Alejandra Petrella, una jueza que sabe largamente de patrimonio histórico y que ha dado conferencias y paneles muy informados sobre el tema. La doctora Petrella consideró que “los elementos adjuntados a la causa no resultan suficientes para examinar con profundidad la verosimilitud del derecho invocado”. Pero, con un tino notable, señaló que “las razones invocadas respecto del peligro en la demora resultan suficientes para conceder la medida peticionada”. Esto es, explicó la jueza, porque si uno da vueltas con temas jurídicos o procesales nunca se puede llegar al fondo de la cuestión porque el edificio es demolido y adiós, no hay nada más que tratar. Como escribió Petrella, “de no concederse la cautelar solicitada, la actora –los demandantes– podría ver conculcados sus derechos en forma definitiva y sin la posibilidad de remedio alguno”. Así, la jueza ordenó a la Ciudad que impida la demolición del teatro hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Habrá que ver si hay razones de fondo para que el edificio se salve definitivamente, si va a desaparecer para que alguno se haga algo más rico y si, aunque sea, alguien se acuerda de hacerles cumplir una ley nacional que ordena construir un teatro en reemplazo del teatro demolido. Mientras tanto, seguimos en la inseguridad jurídica que crearon sucesivos gobiernos porteños y que todavía no parece tener solución. Esto se debe a que nadie parece dispuesto a tener el coraje político –la estatura– de definir el tema patrimonial de una buena vez, dándole reglas claras. Las ONG y los vecinos están cada vez más activos y menos dispuestos a dejar hacer y demoler. De hecho, resulta cuestión de tiempo que empiece a haber acciones políticas sobre el tema. Las empresas ya se están acostumbrando a poner cláusulas bizantinas en contratos de compra, cosas como sujetar la operación a que se obtenga permiso para demoler y no haya amparos. Estamos en un limbo, a media agua, donde ni demoledores ni vecinos encuentran satisfacción. Es hora, evidentemente, de que alguien se ponga en estadista y cree un marco regulatorio para toda la ciudad, claro y accionable, que levante estas contradicciones que sólo benefician a los que cobran peajes.

PRESERVACION


Diario PAGINA 12, Suplemento M2



patrimonio
Contra la piqueta


Tucumán 1961, una notable pieza española. La esquina de Sarmiento 1194, lista a ser demolida. Una de las maltratadas fachadas de Carlos Calvo al 1400 y la casi demolida casa de la calle Granaderos. Pedidos urgentes para edificios en peligro.
Siguieron llegando más pedidos de catalogación de lectores, que con muy buen tino dieron prioridad a edificios que están a punto de caramelo para ser demolidos. María de la Fuente, vecina de Constitución, eligió un maltratado conjunto de viviendas en Carlos Calvo al 1400, cuyas fachadas están siendo destruidas ahora mismo con una frivolidad que da ganas de llorar. Una de estas viejas viviendas, la del 1426, fue comprada por el Radio Club para ampliar su sede en algún futuro, pero hasta que llegue ese futuro no se ocuparon de mantener lo que compraron, con lo que el edificio está muy deteriorado. Al lado está el Hotel Minerva, constantemente intervenido sin ton ni son, y sin profesionales habilitados. Para peor, el Minerva es vecino de un edificio que sí está catalogado.
Hugo Pontoriero solicita se catalogue el petit hotel de Lanús y Hary, de hacia 1910, que pena en Marcelo T. de Alvear 762, en muy mal estado. También la residencia creada por el arquitecto Agote en Paraguay 1535.
Marcela Gutiérrez pide la catalogación de esa belleza de Kalnay en Solís 1478/1480 que usamos de ejemplo hace dos semanas. Es una joya que necesita mantenimiento urgente de un arquitecto que tiene varios edificios ya catalogados como tesoros de la ciudad.
Eduardo Diéguez alerta sobre el grave peligro que corre la propiedad de Granaderos 57, en Flores, un barrio al que define acertadamente como zona liberada para las demoliciones. Diéguez solicitó una intervención urgente al gobierno porteño, ya que la hermosa casa está siendo demolida.
El muy activo Mauro Sbarbati envió otra tanda de edificios en el centro, que incluyen algunos notables. Por ejemplo, el bello de Callao y Viamonte, que está listo a demolerse y que habría que salvar y luego exorcizar, ya que por muchos años fue una base de inteligencia militar. También pone el dedo sobre esa fantasía del Art Déco español que todavía campea en Tucumán 1961 y sobre varios petit hoteles muy valiosos en Tucumán 931, Viamonte 641, Sarmiento 1194/1200 y Rodríguez Peña 575/595, éste en inminente peligro de demolición.


sábado, 3 de noviembre de 2007

ARTICULO II

Diario PAGINA 12
Casa demolida, vendo por amigos
La Iglesia demolió de noche y sin permiso una casona protegida por histórica en Flores. El presidente de la Legislatura logró que la propiedad sea descatalogada este jueves. El mismo cardenal Bergoglio llamó a varios legisladores para presionarlos a votar.

Por Sergio Kiernan

Este jueves, en una sesión de fin de tarde en la Legislatura porteña, Santiago de Estrada le arregló un negocio inmobiliario a la Iglesia. No fue un negociado, apenas un negocio; no fue un acto de corrupción, sólo sancionar la impunidad para un delito civil. Fue una demostración de poder del macrista que preside la Legislatura y será a partir de diciembre nada menos que el auditor del nuevo gobierno porteño, veedor de la misma legalidad de sus actos. De Estrada, ex funcionario de dos dictaduras militares y veterano de pasillos vaticanos, lo hizo como un acto más de militancia para su referente más antiguo, el cardenal Jorge Bergoglio. Resultó hasta curioso: por un terreno común y corriente de la calle Membrillar, en Flores, el jefe de la Iglesia Católica se dedicó en persona a llamar a diputados porteños y pedirle su voto. Así zafaba a la parroquia de Flores de un juicio por demolición clandestina que difícilmente podrían ganar.
La historia comenzó en septiembre de 2003, cuando un buen domingo los vecinos de la primera cuadra de Membrillar se despertaron y vieron que la vieja casa de los Piana había sido demolida a medias, de noche y sin permiso. La casona, criollona y con decoraciones italianizantes, tenía más de un siglo y tenía su fama porque era de las más viejas del barrio y porque alojaba el café La Subasta. El legendario bar compartía la casa, pasillo por medio, con una santería y librería religiosa, algo entendible porque todo el conjunto había sido legado a la parroquia de Flores por la muy creyente familia propietaria.
Los vecinos reaccionaron rápido y lograron frenar la demolición antes de que pudiera completarse. Llamaron hasta a la Defensoría del Pueblo porteña y consiguieron una acción rápida, porque la casa estaba catalogada como edificio histórico. Ya en agosto de 2000, la casa Piana pasaba a formar parte del Area de Protección Histórica 15, con otros treinta edificios del barrio. La casona quedó casi sin techos y con el remate de su frente mochado a martillazos, precintada y con sus ventanales tapiados, enredada en un juicio.
El problema para la parroquia de Flores es que ese juicio era imposible de ganar. La legislación porteña de protección del patrimonio edificado es confusa y débil, en parte gracias a la desidia de los sucesivos gobiernos, que temen ofender intereses económicos. Pero hasta un conjunto de leyes tan tímido definía la cuestión en un punto: la sanción por demoler un bien protegido es una drástica limitación de lo que se puede construir a nuevo. Obviamente, el negocio es demoler para que se construya algo mayor a lo destruido, por lo que la defensa de la basílica en la avenida Rivadavia intentó cuerpear afirmando que nunca habían recibido, ni allí ni en la sede central eclesiástica en Plaza de Mayo, una notificación formal de la catalogación. Y que ésta, de todos modos, no era definitiva porque no se había votado específicamente en la Legislatura. Argumentos débiles, ya que la APH de Flores existía y había sido votada y publicada en el Boletín Oficial. La Curia decidió buscar otra solución.
El gestor
Aquí entra en escena Santiago de Estrada, legislador porteño por el macrismo, cuyo poder ascendía a medida que se apagaba el de Aníbal Ibarra. De Estrada entendió que la presentación que se había realizado para que se autorizara terminar la demolición porque el bien protegido ya estaba a medio destruir era jurídicamente insostenible. Eso era permitir que se termine un ilícito porque ya se lo había empezado. El macrista pensó en otro ángulo, que le permitiría de paso hacer una demostración de poder: pasaría una ley para descatalogar el edificio. Era lo más simple, ya que el proyecto tendría apenas unas líneas derogando el párrafo de la APH de Flores que tocara a la casa Piana. Por supuesto que seguía siendo convalidar un ilícito –la demolición nocturna, a escondidas, sin cartel y sin permiso– pero ¿para qué se tienen amigos poderosos? Hasta logró un aliado en el Frente para la Victoria, Miguel “Pancho” Talento, cuya señora madre es muy creyente y parroquiana de Flores.
Para fines de 2005, el proyecto de De Estrada y Talento comenzaba la ronda que requiere toda ley en la Legislatura. Hubo reuniones en las comisiones implicadas y hubo dos audiencias públicas, en las que se puede anotar cualquiera que pueda opinar y resultaron inolvidables por la agresividad de los partidarios de De Estrada y de la demolición (ver aparte). En medio de todo esto, cayó Ibarra, arrastrado por la tragedia de Cromañón de fines de 2004. Para mediados de 2006, el balance de poder en la Legislatura había cambiado completamente y De Estrada se encontró de presidente.
Aún así, tomó su tiempo. En parte fue por la inexperiencia del legislador, que cometió chambonadas como convocar audiencias sin saber que necesitaba otros legisladores presentes y terminar fatigando el celular para reunir quórum mínimo a último momento, sin lograrlo. Finalmente, el 21 de diciembre, De Estrada pudo mostrar su poder y logró los 31 votos necesarios para aprobar la ley que le liberara a la Iglesia su pequeña inversión. Puso todo en el asador y hasta Norberto La Porta votó a favor.
Lo que nadie esperaba era que el problema viniera por el lado del Ejecutivo porteño. Como se sabe, toda ley es votada por el Legislativo pero es promulgada y, de ser necesario, reglamentada por el Ejecutivo. El jueves 25 de enero de este año, el Boletín Oficial de la ciudad publicaba el decreto 138 en el que el jefe de Gobierno Jorge Telerman vetaba la ley de De Estrada y Talento. Fue un golpe inesperado.
Segundo acto
Otro político tal vez hubiera desistido o esperado que terminara la campaña política en que su jefe, Mauricio Macri, se jugaba tanto. Pero De Estrada no sólo responde a otros mandos sino que es una persona de gran orgullo. Conocido como “el cardenal”, el legislador y ex funcionario de Onganía y Videla tiene llamativos aires señoriales, tal vez adquiridos de sus tiempos de embajador en el Vaticano de Raúl Alfonsín, o tal vez simplemente porque le gustan esos aires. A su hábito de saludar con una suerte de amague de reverencia con la cabeza, se le suma una cortesía muy formal y bastante altanera, muy eficiente a la hora de poner distancia: es rarísimo encontrar alguien que hable de De Estrada con algo que no sea inquietud. Tras estos años en la política se le conoce por una actitud muy vaticana, la de rehuir confrontaciones abiertas y hasta darle la razón al rival, cuando ni piensa hacer lo que se le pide.
El asunto es que De Estrada volvió a la carga y presentó nuevamente su proyecto, esta vez con el handicap de tener que levantar un veto. Uno de los temas que rechazó fue una propuesta que le llegó desde la Comisión de Patrimonio de su propia Legislatura para conservar la fachada de la casa Piana y dejar que se demuela el interior. Todo lo que tenía que aceptar el futuro constructor era adaptar un poco su diseño, preservando aunque sea la memoria del caserón, sin perder ni un metro cuadrado del negocio. De Estrada ni siquiera consideró la posibilidad de ese arreglo amistoso.
Como las cosas ya habían salido mal una vez, el socio en el negocio también se involucró. El cardenal Jorge Bergoglio, jefe de la Iglesia argentina, levantó el teléfono y llamó a por lo menos diez legisladores, para garantizar su voto. El mensaje, muy cortés, era de lo más claro y fue resumido por uno de los que recibieron el llamado: “Yo no me voy a inmolar por este tema”. El autor de la frase sabía perfectamente que lo que estaba votando no era para estar orgulloso.
Este jueves, a la noche, 31 legisladores, del PRO y ajenos pero poco dispuestos a “inmolarse”, levantaron la mano y le votaron al inminente auditor porteño su ley. La parroquia de Flores logró, con ayuda de su máxima autoridad y de su mayor contacto en la Legislatura, liberar un terreno que ahora podrá venderse para hacer un edificio más de los miles que hay en la ciudad. Además de exagerada –semejante poder de fuego para despejar un terreno común– la saga de Membrillar abre un interrogante constitucional: la Cámara porteña, en un caso por otra demolición frenada, falló claramente que todo edificio en proceso de catalogación debe quedar inhibido hasta que la Legislatura haga su trabajo. La maniobra de la inmobiliaria De Estrada-Bergoglio impide que los legisladores decidan si es o no un bien patrimonial, que viene a ser justamente su tarea.

De Onganía a Macri

Santiago de Estrada comenzó su carrera política hace exactamente cuarenta años, cuando en 1967 fue nombrado subsecretario de Seguridad Social por el dictador Onganía. Duró en el cargo hasta 1970, cuando fue reemplazado por el siguiente dictador. Evidentemente más a gusto con los sectores más católicos que con los liberales, De Estrada volvió al mismo cargo con Videla y dio un ejemplo de continuidad durando de subsecretario la dictadura entera. Para entonces regularmente definido como “militante católico”, el ex funcionario de dos dictaduras se recicló en democracia como embajador de Raúl Alfonsín ante el Vaticano. Volvió a Seguridad Social con el primerísimo menemismo, en 1989, y hasta 1991 sirvió al riojano en el PAMI. En 1998, ya definitivamente peronista, volvió al gobierno de la mano de Palito Ortega, que era secretario de Desarrollo Social y lo llevó de segundo. Fue entonces que tuvo una memorable interna con algunos obispos, por temas de fondos. En 2000, hace apenas siete años, se presentó para que alguien lo votara a algo. Lo hizo como legislador porteño en la boleta Cavallo-Beliz. En 2003 fue reelecto a su banca, esta vez bajo la bandera de Mauricio Macri y para fines de ese año era vicepresidente primero de la Legislatura. Lo reciente de su llegada al macrismo, apenas cuatro años, explica que la lealtad y obediencia de De Estrada sea para otros mandos, más naturales.

Iras de los parroquianos

En el caso de Membrillar, las dos audiencias públicas que manda el procedimiento cuando se trata una ley patrimonial fueron de gran violencia verbal. Legalmente, la demolición resulta insostenible, como todo lo que se hace de noche, anónimamente y sin sombra de haber obtenido la licencia obligatoria. Los parroquianos de la iglesia de Flores se anotaron en las audiencias con gran entusiasmo y llevaron hinchada propia, que tuvo que ser acallada por los legisladores presentes cada vez que hablaron los patrimonialistas y los funcionarios del área. Durante la audiencia, en la que los anotados para hablar lo hacen ante un micrófono y con el único límite de ser razonablemente breves, los parroquianos desvalorizaron el carácter patrimonial de la casa Piana, remarcaron una y otra vez que no se había notificado a la Curia Metropolitana, y destacaron con muchos elementos la buena tarea social de su parroquia, que atiende todo tipo de pobrezas y enfermedades. Lo mejor vino después, en la informalidad del pasillo, donde la cosa terminó muy exaltada y a los gritos. Los patrimonialistas fueron definidos como “enemigos de la Iglesia” y no faltó quien empezara a rechinar con la palabra “zurdos”.

ARTICULO

SUPLEMENTO M2 de Página 12
La inmobiliaria Estrada y Bergoglio SA
Por Sergio Kiernan

Santiago de Estrada, legislador porteño y operador inmobiliario del arzobispo Jorge Bergoglio, logró ayer que se vote nuevamente la demolición de la casa histórica de la calle Membrillar, en Flores. La casona, legada a la parroquia de Flores, fue demolida ilegalmente, un sábado a la noche y por empresa desconocida, sin licencia. Al levantarse el domingo, los vecinos frenaron la demolición. De la casona quedó el frente, algunos muros internos, los pavimentos y alguno que otro sector de los viejos techos. El asunto pasó a juicio y la parroquia se encontró con un problema: la ley es clarísima y castiga las demoliciones de edificios protegidos reduciendo lo que se puede construir en su lugar. Te cargás una casona, podés construir un chalecito.
Como el negocio estaba en vender el terreno despejado y para hacer un edificio de varios pisos, la curia movilizó a De Estrada, funcionario de la dictadura que todavía vacila entre su vocación de monaguillo y su realidad de político. Los argumentos de la parroquia de Flores eran débiles (que nadie les había comunicado la catalogación, que no era firme) y en todo caso para contárselos al juez, al que todavía había que explicarle la malísima fe de demoler a escondidas y sin permiso, tarea que ni un jesuita. De Estrada entendió que la solución era pasar una ley descatalogando la casona.
Si el legislador pensara como un legislador y no como un militante católico, hubiera vacilado. Pasar semejante ley significa no sólo premiar un ilícito por portación de amigo influyente sino además desfondar todo el tenue sistema de protección de edificios patrimoniales e históricos. Si la Iglesia puede hacerlo con su influyente propio, ¿por qué no otros? Pero De Estrada presentó un pastiche legal que co-firmó el kirchnerista Pancho Talento, sorpresa explicada cuando se conoció que su señora madre es fiel de la parroquia de Flores y tiene, más que amigo influyente, hijo influyente. Hubo dos audiencias públicas memorables por la tensión y la agresividad, donde los estradistas definieron a los preservacionistas como enemigos de la Iglesia. Finalmente pasó al recinto y se votó.
La ley era tan peligrosa, que el jefe de Gobierno Jorge Telerman la vetó de un plumazo. Fue un buen momento de su gestión, nada rica en defensas del patrimonio, y un momento de coraje.
Pero De Estrada tiene un cliente exigente en su arzobispo, por lo que volvió a las andadas. Volvió a meter el bodrio en el temario legislativo y, si bien le costó hacerlo votar porque necesita 31 votos para revertir un veto del jefe de Gobierno, lo logró este jueves a última hora. Tuvo el voto de sus PRO y del Frente para la Victoria, y de varios diputados sueltos supuestamente progresistas. ¿Qué pasó?
Lo que pasó fue que, como dijo un diputado que levantó la mano por De Estrada, “no me voy a inmolar por eso”. La frase es estridente porque muestra dos cosas: el poco peso político que todavía tiene el patrimonio, que se puede sacrificar sin pagar demasiados costos, y el nivel de presión. Es que Jorge Bergoglio en persona estuvo llamando a legisladores para garantizar su voto. No fue sólo De Estrada, que operó, disciplinó y negoció como si estuviera reformando una constitución. Fue el arzobispo porteño en persona. Y eso que le gusta mostrarse como alguien que no opera en política menuda.
Le quedó a la Coalición Cívica y a diputados sueltos como Bidonde y Hourest mantener el honor en esa noche de estradismo paladar negro. Un momento notable fue el silencio y las miradas de bronca con que fue recibido el discurso de la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena. La diputada dijo cosas como que “algunos descalifican el despacho de minoría (opuesto a la demolición) diciendo que pretendemos catalogar una pared. Pero nos queda una pared porque atrás había un edificio que fue demolido ilegalmente”. A esta ilegalidad manifiesta no se le prestó atención y Anchorena recordó que la misma Iglesia le había enseñado que era un valor reconocer las faltas con humildad, y un deber repararlas. “Le pido a la Iglesia que practique lo que nos ha enseñado”, dijo Anchorena.
Quedó en minoría, lo que indica que De Estrada debe andar comulgando por otros altares, donde enseñan otros catecismos. Curiosamente, nadie le señaló un aspecto de su ley: al premiar al demoledor clandestino y al argumentar que está bien porque la catalogación no se había votado en la Legislatura, se le impide a esa misma Legislatura legislar, que viene a ser la razón de su existencia. El edificio va a desaparecer y el tema de su catalogación pasaría a ser nulo, sin que la Legislatura pueda resolverlo.
¿Será mucho pedir que Telerman repita su veto? De Estrada no tendría tiempo de volver a montar su operación inmobiliaria, ni siquiera con mails, cartas y apretones de manos de Bergoglio a sus colegas: se va en diciembre.
Mientras tanto
La semana que viene está programado que empiece a tratarse el paquete de leyes que puede, al fin, proteger el patrimonio edificado de la ciudad, en reunión de asesores de la Comisión de Planeamiento. Como se recordará, el paquete unifica varias propuestas que culminan declarando una emergencia patrimonial que congela demoliciones y refacciones por seis meses, le da cuatro meses al Ejecutivo para que catalogue o libere los edificios comprendidos, y abarca un universo interesante de piezas: las casi 7000 compiladas en la lista de edificios notables, los pocos sobrevivientes de los premios municipales y las muchas –aun no contadas– comprendidas en la zona de la costa que Telerman presentó como Paisaje de la Humanidad ante la Unesco. Si el trámite es normal y no surgen problemas de último momento, antes de fin de mes tendremos el paquete saliendo de Planeamiento, listo a ser votado por la Legislatura en pleno, lo que hasta podría ocurrir antes del cambio de gobierno. Ahí habrá que ver qué hacen figuras de peso como De Estrada –esperemos que no caiga ninguna propiedad que la Iglesia quiera demoler en la volada– y el futuro ministro de Planeamiento Daniel Chain, nada amigo de la preservación. No será fácil, pero ahora los vecinos están movilizados detrás de este proyecto.
Mientras, la inefable Nani Arias Incollá, subsecretaria de Patrimonio Cultural del gobierno saliente, sigue sorprendida porque después de años de calma en la que pudo hacer como que la destrucción del patrimonio no era con ella, se encuentra flanqueada por la Legislatura. Esta semana, el fiscal hizo lugar al amparo presentado hace días por la legisladora Anchorena para que se mueva un poco y cree la Unidad Técnica que, justamente, tendrá que catalogar o liberar los edificios comprendidos por el paquete legal. La ministra Silvia Fajre y su subsecretaria habían dejado ese tema en el cómodo veremos en el que pasaron toda su gestión, afirmando que la UT existe porque “reúne información”. Sólo que la ley 1227 –la de Patrimonio, que estuvo cajoneada tantos años que enfrentaron otro amparo– manda que la Unidad sea ejecutiva y no documental. Ahora tienen diez días para justificar su pereza tan conveniente ante un juez.