sábado, 24 de noviembre de 2007

PROPUESTAS DE LA RED CONTRA LA CONSTRUCCION INDISCRIMINADA DE EDIFICIOS

Ningún Gobierno ha dado respuesta al reclamo vecinal. Los pocos proyectos que existen a nivel local son producto del trabajo y la movilización de los vecinos. No hay iniciativas estatales tendientes a conciliar la construcción con la planificación urbana. No se discuten planes urbanos ambientales integrados (Capital – Provincia, por ejemplo). Se autorizan obras sin relevar su incidencia sobre el entorno ambiental o sobre la infraestructura de servicios públicos.

Las ciudades padecen serios problemas ambientales (smog, contaminación sonora, falta de espacios verdes, etc.) y sociales (desocupación, pobreza y marginalidad, falta de vivienda social, los “sin techo”, etc.), que se ven agravados por el impacto que ocasiona en el territorio de las mismas la construcción indiscriminada de edificios (aumento de la población, aumento del tránsito, etc.). Se requiere una planificación integral de la urbe para evitar estas situaciones. Desde los municipios no se ha planteado nada en este sentido.

A golpes de mercado se construyen las ciudades y los gobiernos locales son meros espectadores de ello, cuando, en realidad, deberían ser quienes regulen la manera en que crecen las metrópolis.

Por esta razón concluimos:

· Que es necesidad prioritaria e indeclinable la utilización de las audiencias públicas, consultas populares o el método de participación ciudadana que la legislación de cada zona habilite, para legitimar cualquier resolución que quiera adoptarse en relación con el futuro urbanístico y ambiental de las zonas a implementarse, respetando de este modo la vocación de vida y características individuales de estas poblaciones.
· Que también la ciudadanía debe tener una participación más allá del rol de sus representantes políticos en:
1. En el análisis e información de servicios en su zona de residencia.
2. En el aseguramiento de la correcta presentación de planos, programas, proyectos y el presupuesto que respalde cada desarrollo a efectuarse en las áreas en donde habitan.
3. En todas las áreas municipales relacionadas con el planeamiento urbano y medio ambiente.
4. En la inversión con planificación y consulta a los vecinos.
5. En el planeamiento urbano.
· Que resultan necesarias las siguientes medidas gubernamentales:
1. La interacción de las áreas de fiscalización de obras, planeamiento urbano y preservación del patrimonio urbanístico.
2. La inversión en obras de infraestructura de servicios públicos, con participación vecinal en su diseño.
3. La inclusión necesaria y obligatoria de un estudio de impacto ambiental previo a los permisos de emprendimientos inmobiliarios u obras públicas, en el cual también se debe asegurar la participación ciudadana (obtención de lo que se da en llamar licencia social).
4. La regulación de la construcción de edificios.
5. El diseño Planes Urbanos Ambientales estratégicos y geográficamente integrados.
6. La solución de los problemas socio – ambientales.
7. La instrumentación de medidas participativas de carácter vinculante.
8. La fiscalización eficiente y eficaz de las obras.
9. La preservación de los barrios como unidades del territorio.
10. El respeto al patrimonio urbanístico.

En resumen, propendemos a tener un plan urbano ambiental que oriente el desarrollo de las ciudades, cuidando la calidad de vida de la población, resguardando los derechos ambientales y buscando que haya políticas de planeamiento participativo y gestión del ambiente urbano integradas a las políticas de preservación del patrimonio urbano y de desarrollo económico social.

Buenos Aires, 15 de Noviembre de 2007.-

MAS SOBRE ANTENAS

ROSARINOS.COM
Retiran a chicos de un colegio por temor a los efectos de una antena
Es que se inician las clases otra vez y todavía continúa instalada en ese lugar una antena de telefonía celular de la empresa Telecom Personal. A pesar de que en noviembre pasado se suscitaron reiteradas protestas, nada cambió. La torre no está habilitada por la Municipalidad y desde el gobierno local aseguran que existe la decisión de que sea removida de allí, pero el propio secretario de Gobierno municipal, Juan Carlos Zabalza, advirtió que "la Justicia Federal es la que pone las trabas para que se bajen las antenas". Mientras, ya hay padres que decidieron no enviar este año a su hijos a la escuela o están pensando en esa posibilidad ante el temor que les genera semejante estructura instalada en el patio del colegio, equipamiento sobre el que además pesa la sospecha de que produce efectos gravísimos para el organismo."Este año decidí no mandar a mi hija al La Salle porque tengo miedo". Sergio es papá de una nena de 3 años. La pequeña asistió durante el 2003 al jardín de 2 años en el colegio de Mendoza al 400. Está conforme con la educación que recibió la niña en la institución, pero la presencia de la antena de telefonía celular en el sitio lo inquietó. La preocupación no es sólo de él, sino que es compartida por muchos otros padres ante el temor de un accidente o por la posibilidad de que el equipamiento genere diversas enfermedades.Es que si bien nadie puede asegurar categóricamente que las radiaciones no ionizantes provocadas por el funcionamiento de un equipo transmisor de base de telefonía celular generen cáncer, no hay científico serio que se atreva a descartarlo. El titular de la organización no gubernamental (ONG) Alerta Antena, Esteban Villalba, indicó que este tipo de aparatos "provocan alteraciones y problemas en la salud".
Riesgos para la salud
El químico, biólogo y genetista Norberto Gilliavod, que colabora con la mencionada entidad, destacó que las radiaciones que emiten las antenas de telefonía celular generan "un mayor riesgo de desarrollar leucemia mieloide crónica" y apuntó que en ese sentido, los niños son más vulnerables a ese padecimiento que los adultos.El especialista -que participó en audiencias públicas en el Concejo Municipal- señaló que Rosario es una de las cinco ciudades de mundo más contaminadas por radiaciones. Además recomendó trasladar las torres telefónicas a unos 2 ó 3 kilómetros fuera de la periferia de la ciudad.Gilliavod subrayó que las radiaciones no sólo pueden provocar cáncer, sino que también pueden contribuir al desarrollo del Parkinson, mal de Alzheimer, alteraciones en los marcapasos, cefaleas, problemas de insomnio, ansiedad, depresión y un sinnúmero de patologías. "A pesar de que pueden traer serios problemas de salud a las personas, las antenas se siguen instalando por el gran poder que tienen las empresas transnacionales que las manejan", comentó.Graciela manda a su hijo al La Salle desde hace seis años. Esta mamá está considerando al posibilidad de cambiar al niño de colegio por el temor de la antena. Susana, quien tiene dos chicos que concurren a ese colegio, en diálogo agregó que existe un gran temor de que la antena se desplome sobre el patio, tal como ocurrió en noviembre de 2000 en el club Banco Nación, cuando murió un operario que trabajaba en la torre.Iván es papá de cuatro chicos que asisten al colegio y no ocultó su preocupación. De todos modos, consideró que será muy difícil que sea retirada la antena porque "están en juego intereses de empresas muy poderosas".Y ante esta situación, Marisa, mamá de dos alumnos, llamó al resto de la comunidad educativa a interiorizarse sobre los posibles riesgos que provocan las antenas sobre la salud.En todos los casos, los padres resaltaron la calidad educativa de la institución, pero criticaron a las autoridades por continuar con la antena dentro del predio de la escuela."Existe una duda razonable sobre los riesgos que generan las antenas. Entonces por prevención debería ser desmantelada", recalcaron los papás de alumnos del La Salle, eso sin contar que esa estructura no cuenta con habilitación.
El paraguas judicial
El director de Obras Particulares de la Municipalidad, Eduardo González; el titular de Asuntos Jurídicos, Aldo Gómez, y el secretario de Gobierno, Juan Carlos Zabalza, confirmaron a este diario que la antena ubicada en el colegio La Salle "no está habilitada". Explicaron que está funcionado porque la empresa Telecom Personal interpuso una medida cautelar ante la Justicia federal, que hizo lugar al pedido de la transnacional.Los funcionarios municipales detallaron que cuando la antena se instaló en 1996 no había una normativa al respecto en la ciudad. Entonces la empresa inició los trámites de habilitación correspondientes, llamados de aptitud urbanística. Antes de conseguir los permisos, en el año 2000, se aprobó la actual ordenanza, que prohíbe la instalación de este tipo de equipos sobre escuelas, clubes, iglesias y hospitales, entre otro tipo de entidades. La Municipalidad le dio dos años a Telecom para que cumpliera con la normativa vigente. Vencido ese plazo, la firma de telefonía interpuso una medida cautelar ante los Tribunales federales y cuando la Justicia hizo lugar a la solicitud de la transnacional frenó el poder de policía que debe cumplir la Municipalidad."Vamos a desmantelar esa y todas las antenas que no tengan habilitación", señaló Zabalza, y agregó que "sólo necesitamos que la Justicia emita la orden de allanamiento para poder actuar". En ese sentido agregó que "la Justicia federal pone trabas en este proceso al hacer lugar a los recursos de amparo y las medidas cautelares que interponen las empresas de telefonía para poder continuar operando, aún fuera de la normativa vigente".Al parecer, padres y chicos deberán continuar esperando que se diriman los tironeos en la Justicia para lograr que la norma se cumpla.
Sólo tres habilitadas
Sólo tres de las 116 antenas instaladas en la ciudad están habilitadas por el municipio, cuya potestad para otorgar el permiso de instalación fue siempre objetada por las empresas.

fuente: Gabriela Zinna, diario La Capital.

ORDENAN DESCONECTAR ANTENA EN COLEGIO

“PEINO LEONARDO ESTEBAN Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, EXPTE: EXP 20677 / 0 Buenos Aires, 9 de noviembre de 2007. Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada —a fs. 241/244 vta.—, memorial cuyo traslado fue contestado por la contraria a fs. 251/253, contra la resolución obrante a fs. 234/235. La señora Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 258. I. En el presente caso y dentro del marco de la acción de amparo, los actores solicitaron el dictado de una medida cautelar a fin de que se ordene al GCBA a desconectar una antena de telefonía celular de la empresa Telecom S.A. ubicada en el Colegio “San José de la Palabra de Dios” —establecimiento educativo al que concurren sus hijos— hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. En el escrito de inicio relataron que en el año 2000 —mientras concurrían al acto de inauguración del año lectivo— observaron la instalación de una antena de telefonía celular en el colegio. Agregaron que la misma fue desconectada el 15/02/2005 por la falta de presentación del “informe de impacto ambiental” y que luego, la empresa Telecom S.A., habría presentado el informe que provocó que la antena fuera reconectada. Destacaron los efectos potencialmente perjudiciales para la salud ocasionados por la contaminación electromagnética y agregaron que el GCBA omitió aplicar el principio de precaución establecido en el art. 4 de la ley 25.675 y que tampoco respetó el procedimiento existente en lo que se refiere a la Evaluación de Impacto Ambiental. II. A fs. 194/197, la magistrada de primera instancia resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada y ordenó al GCBA a que —por conducto del Ministerio de Medio Ambiente— y en un plazo de quince (15) días arbitre los medios para que se suspenda el funcionamiento de la antena de telefonía celular que opera en la sede del colegio hasta tanto se resuelva el fondo de la presente acción de amparo, o bien hasta que se acredite en autos que se ha cumplido acabadamente con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la Autoridad Ambiental haya extendido la pertinente autorización. III. Luego, a fs. 216, el GCBA acompañó fotocopia de la Disposición Nº1605-DGPYEA-2006, de fecha 20 de noviembre de 2006, por la que se categoriza a la actividad de “Telefonía Móvil Celular”, a desarrollarse en la calle Castillo Nº767, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto y por la que se otorga el correspondiente certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom Personal S.A. En consecuencia, solicitó que se deje sin efecto la medida cautelar ordenada. IV. Una vez cumplidas con las contestaciones de los correspondientes traslados, la señora Jueza de primera instancia resolvió denegar el levantamiento de la medida cautelar solicitada por la demandada. Para así decidir, la sentenciante de grado entendió que la Administración no demostró haber cumplido el Acuerdo 381 del Consejo del Plan Urbano Ambiental, en cuanto dispone que “toda instalación en colegios, hospitales y geriátricos o en predios contiguos a los mismos deberán evitarse. Caso contrario se deberá justificar la inexistencia de otra alternativa, así como realizar mediciones específicas que demuestren no superar los límites de exposición con máxima potencia en función de la longitud de onda del emisor”. Esta decisión fue cuestionada por el Gobierno de la Ciudad —a tenor de los argumentos expuestos en su memorial—, circunstancia que motiva la intervención de esta Alzada. V. En primer lugar, cabe destacar que los recaudos que hacen a la admisibilidad de esta clase de medidas deben ser analizados con mayor prudencia, habida cuenta de que podrían configurar un anticipo de jurisdicción anterior al dictado del fallo final (CSJN, 10/12/1997, “Garré, Alfredo A. C/ Dirección General Impositiva”, LL, 1999-E-940; esta Sala, autos “Triay, Roberto Oscar c/ GCBA s/ Amparo”, del 24/11/00). Ahora bien, en el caso sub exámine, corresponde determinar si con la presentación de fs. 216 cesaron las causas que motivaron el dictado de la medida cautelar de fs. 194/197. Es decir, si se encuentra efectivamente acreditado en autos el cumplimiento acabado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y si la Autoridad Ambiental extendió la pertinente autorización. Por otro lado, resulta oportuno destacar que la medida cautelar otorgada en primera instancia se encuentra firme toda vez que la misma no fue apelada. De las constancias de autos se desprende que con la presentación de fs. 215, el GCBA acompañó una fotocopia de la Disposición Nº1605-DGPYEA-2006 de la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 20/11/2006, por medio de la cual se categoriza a la actividad de “Telefonía Móvil Celular”, a desarrollarse en la calle Castillo Nº767, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto y por la que se otorga el correspondiente certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom Personal S.A. El art. 3 de la mencionada disposición establece las condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad: “a) Verificar el cumplimiento de las condiciones contra incendio y medios de salida del edificio donde se encuentra emplazada la antena, según capítulos 4.12 y 4.7 del Código de Edificación; b) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional idóneo siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; c) Cumplir con los Límites Máximos Admisibles (LMP) establecidos en la Ley Nº1540/LCABA/04, con respecto a ruidos y vibraciones. La constancia de denuncia comprobada podrá ser causal de la aplicación del Art. 38 de la Ley Nº123; d) Los equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario para evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior; e) Poseer un Plan de gestión de residuos sólidos que contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección dentro del marco normativa vigente en la materia; f) Contar con mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado en el Plan de Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación; g) Gestionar los residuos derivados del mantenimiento y reparación del grupo electrógeno y las baterías en desuso como residuos peligrosos; h) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y los soportes de antenas de comunicación”. A su vez, el art. 4 establece que “El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº123”. Ahora bien, como destaca la sentenciante de grado, el Acuerdo 381 del Consejo de Plan Urbano Ambiental sobre la Regulación de Antenas en la Ciudad, publicado en el boletín Oficial el 30/10/2006 establece en su artículo 6º -referido a los límites, criterios generales de localización y tratamiento de las estructuras soporte de telefonía celular- inciso 6º que “Toda instalación en colegios, hospitales y geriátricos o en predios continuos a los mismos deberá evitarse. Caso contrario se deberá justificar la inexistencia de otra alternativa, así como realizar mediciones específicas que demuestren no superar los límites de exposición con máxima potencia en función de la longitud de onda del emisor”. De lo reseñado, no puede inferirse que la demandada haya dado cumplimiento acabado con el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental exigido en la normativa legal aplicable, toda vez que la disposición Nº1605-DGPYEA-2006 de la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 20/11/2006, fue dictada con fecha posterior al dictado del Acuerdo Nº381, de fecha 28/09/2006 (publicado en el Boletín Oficial el 30/10/2006), el cual establece —como de dijo— que toda instalación en colegios, hospitales y geriátricos o en predios continuos a los mismos deberá evitarse y que, en caso contrario, se deberá justificar la inexistencia de otra alternativa, situación que no se encuentra acreditada en autos. En virtud de lo expuesto, atento que la antena se encuentra ubicada en una escuela en la cual concurren niños diariamente y encontrándose en juego el derecho a salud, conduce al Tribunal a concluir que no existen elementos suficientes para considerar reunidos —en el actual estado de la causa y con la provisoriedad propia de este estadio del análisis— los recaudos necesarios que hacen procedente el levantamiento de la tutela cautelar otorgada por la magistrada de primer grado. Sin perjuicio de lo dicho y solo a mayor abundamiento, corresponde agregar que los agravios expuestos por el apelante no logran desvirtuar lo expuesto por la sentencia de primera instancia respecto de la aplicación del Acuerdo Nº381 del Consejo de Plan Urbano Ambiental referido a la regulación de Antenas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En mérito a las consideraciones vertidas, y oído el Ministerio Público Fiscal; por mayoría de sus integrantes; el Tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución recurrida en todo cuanto ha sido motivo de apelación y agravio. Con costas a la apelante vencida (art. 63, CCAyT). Notifíquese a la señora Fiscal de Cámara y devuélvase. Encomiéndase al juzgado el cumplimiento de las restantes notificaciones, conjuntamente con la providencia que haga saber la devolución de los autos.- El Dr. Esteban Centanaro no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Carlos F. Balbín Horacio G. A. Corti

ARTICULO

Diario PAGINA 12, Suplemento M2
Ley

Por Sergio Kiernan

Este jueves fue un gran día: la Legislatura porteña votó la más abarcativa ley de patrimonio en la historia de nuestra Ciudad. No es un régimen total, no abarca todo Buenos Aires, no tiene el rigor que mostró Rosario, pero es un formidable paso adelante en la preservación de nuestros mejores edificios, la seguridad jurídica para toda una industria y un límite al caos constructivo. La ley crea un mecanismo que abarca a los casi 3000 edificios de la lista de Representativos, el puñado de premios municipales que no fueron demolidos y un número muy grande de edificios patrimoniales en el gran polígono que inventó Jorge Telerman en su absurda propuesta de Paisaje Cultural de la Humanidad ante la Unesco. La ley es también la graduación de la temática patrimonial del campo de la cultura –o de los sueños– al de la política concreta. Y es un pequeño milagro.
Al fin una alegría.

La ley

Lo que se votó en la tardía sesión del jueves a la noche fue un texto negociado paso a paso en tres comisiones. La iniciativa surgió en la comisión de Patrimonio que preside Teresa de Anchorena y forman María Eugenia Estenssoro, ambas de la Coalición Cívica, Juan Manuel Olmos y Chango Farías Gómez, del Frente para la Victoria, Marta Agostini de Varela, de Recrear, y Alvaro González, del PRO. El despacho que aprobaron estos legisladores reunía varias ideas y creaba una zona de exclusión en el Paisaje Cultural de la costa porteña, de La Boca a Núñez, donde se protegían todos los edificios anteriores al 31 de diciembre de 1941. A este amplio universo se le agregaba la lista de Edificios Representativos que el gobierno porteño reunió, tal vez para otro libro, pero que nunca movió un dedo para proteger. Y también menos de un centenar de sobrevivientes de la tan demolida lista de premios municipales de arquitectura.
Todo esto se hacía bajo el paraguas de la Emergencia Patrimonial y por un plazo de 180 días, en el que se congelaban todas las demoliciones y reformas drásticas. En un plazo de 120 días, el gobierno porteño tenía que presentar una propuesta de qué catalogar y qué liberar. Nada de esto alteraba los regímenes que protegen, mal que mal, al patrimonio en las Areas de Protección Histórica o lo que ya está catalogado.
El despacho pasó sin mayores sobresaltos por la comisión de Cultura pero comenzó a trabarse en la de Planeamiento, pese a que su presidente, Alvaro González, del PRO, ya la había votado en Planeamiento. Esto era de esperar, ya que el tema patrimonio este año se había politizado en el sano sentido de pasar a ser algo más en la vida política de la Ciudad, y por tanto en varios radares. Hubo que negociar, con participación e input del inminente Ejecutivo que asume el 10 de diciembre.
Lo que terminó ocurriendo fue que se aprobó un despacho de minoría que, con acuerdo de partes, terminó siendo votado este jueves por 38 a favor, nadie en contra y una abstención.
El acuerdo fue que se eliminara la Emergencia Patrimonial, que suena grave y además puede crear intríngulis legales de difícil manejo. El plazo de la ley se extiende a un año, el doble del original y crea un mecanismo más simple y a la vez más difuso. Todo edificio de las dos listas –premios y representativos– está automáticamente inhibido y no puede ser demolido. En el polígono, quedan en igual situación todos los construidos antes del 31 de diciembre de 1941. Quien quiera demolerlos o reformarlos tiene que seguir un trámite especial, que consiste en pedirle permiso a un ente paraestatal poco conocido, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Este CAAP tiene treinta días para pronunciarse de un modo simple, por sí o por no, sin necesidad de grandes estudios o gordas carpetas, sobre una cuestión muy simple: ¿el edificio que se quiere demoler es patrimonial? Si la respuesta es no, se gira el trámite a la Dgfoc del Ministerio de Planeamiento para que se autorice la demolición. Si la respuesta es no, la Dgfoc tiene que inhibir el terreno y presentar el pedido de catalogación permanente a la Legislatura.
Irónicamente, las constructoras pueden generar una lluvia de catalogaciones al pedir permisos para destruir el patrimonio.

El Consejo

El CAAP reúne actores diversos en el tema patrimonial, fue creado por Ordenanza Municipal en 1998 y confirmado por ley de la Legislatura en agosto de 2006. Lo forman un representante de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, otro de la Comisión de Patrimonio, otro del Ministerio de Cultura porteño y otro de la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad. Están invitadas a participar la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, la FADU-UBA, la Sociedad Central de Arquitectos, el Comité Argentino del Icomos, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio Cicop, el Instituto Argentino de investigación de Historia de la Arquitectura y Urbanismo, y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.
Sus miembros actuales son Néstor Sakim, Eduardo Fernández Aguirre, Manuel Villa, Carlos Susini Burmester, Alicia Magdij, Oscar González, Juan Felipe Manavella, Martín Gómez, Norberto D’Andrea, Liliana Barela, Jorge Mallo, Laura Weber, Beatriz Patti, Elsa Pental, Alicia Santaló, Emilio Rivoira y Nora Galli.

La política

Esta ley y este mecanismo son producto de haber llegado al fin a la etapa en que el patrimonio es un ítem en la agenda política de la Ciudad. Así como la seguridad, la salud, el tránsito y la educación son temas de plataforma con los que se ganan y pierden votos, ahora hay que hablar de temas antes “técnicos” como zonificaciones, FOTs, alturas máximas, densidad poblacional y preservación. Esta situación se fue formando por el abuso sistemático del espacio común que es la ciudad que no encontró canal en los representantes. Los ciudadanos comenzaron abrazando al Botánico para que no lo privaticen y llenen de carteles, y terminaron autoconvocados en varios barrios para detener torres.
Por alguna razón de timing y estilo, este año la gran diferencia la hizo un grupo llamado drásticamente Basta de Demoler, que comenzó a protestar airadamente por la demolición sistemática y cada vez más acelerada de algunos de los mejores edificios porteños, los petit hoteles de la zona norte y Recoleta. Barrios de lujo fundados hace un siglo, cuando el lujo argentino era francés y realmente lujoso, Recoleta y en general la zona norte tuvieron verdaderos tesoros arquitectónicos. Buena parte desapareció y fue reemplazada por tonteras de hormigón que hicieron ricos a algunos y degradaron la ciudad.
Basta de Demoler tocó una fibra de los porteños, esa que dice “al fin alguien hace algo”. Lograron un hito con el fallo de la Justicia porteña que amparó la residencia Bemberg en Montevideo 1250, frente a la plaza Vicente López, y resultó tajante en dos sentidos: en culpar claramente al gobierno porteño por su conducta “errática” en cuanto al patrimonio, y en afirmar, en doble instancia, que todo edificio que esté remotamente en trámite de protección por su valor histórico no puede ser demolido. La cobardía del gobierno porteño permitía que mientras la Legislatura trataba una catalogación, el ministerio de Planeamiento, hogar de la piqueta, permitiera demoler sin pausas. Para cuando los diputados veían el tema, el edificio ya no existía.
El fallo dejó al descubierto que la industria de la construcción no puede vivir de la picardía y de las hesitaciones interesadas del gobierno porteño. La empresa que compró el palacio Bemberg lo pagó a un precio de demolición y ahora tendrá que mostrar un ingenio escaso por estas costas para recuperar su inversión. El mecanismo creado este jueves evitará avivadas y también quiebras, y tiene el potencial de ser menos corruptible que la confusión actual.
En fin, un logro que puede ser el principio de un sistema racional que abarque a toda la ciudad y fue el resultado del esfuerzo de vecinos y políticos con principios, de equipos técnicos capaces y de jueces que dieron el ejemplo. Hay esperanza.

Las chicas superpoderosas son hijas del rigor

La ministra de Cultura porteña, Silvia Fajre, adora los libros y las inauguraciones. Su subsecretaria de Patrimonio, María de las Nieves Arias Incollá, adora los congresos internacionales de preservación y patrimonio, los libros y las inauguraciones. Ambas detestan pelearse con cualquiera que tenga algún interés económico y todavía más que se enoje su jefe, Jorge Telerman, hombre convencido de que el progresismo bien entendido no toca ranchos ajenos. No extraña que las Chicas Superpoderosas parezcan moverse sólo a fuerza de recursos de amparo, como el que logró que sacaran del cajón la ley 1227, de Patrimonio, que Fajre presentaba como un logro personal pero nunca reglamentó. Frente a la disyuntiva de tener que explicarse ante un juez, lo hicieron rapidito.
Lo mismo acaba de ocurrir con otro “olvido” surgido del mismo cajón. Resulta que la 1227 también le ordenaba a Arias Incollá crear una Unidad Técnica de Coordinación Integral, Catálogos, Registros e Inventarios, de modo que alguna vez se supiera qué había para cuidar en la ciudad. En el contexto de la ley de patrimonio, la Unidad tenía la obligación de fijar el universo de lugares, edificios y objetos a preservar, como base para pedir catalogaciones y protecciones diversas. Nunca ocurrió.
En agosto, Arias Incollá tuvo que contestar un pedido de informes que le hizo la Legislatura, que se preguntaba cordialmente qué había hecho en estos cuatro años. La funcionaria, que es miembro de cuanto grupo internacional de patrimonio organice congresos en lugares bonitos e interesantes, contestó vagamente que la Unidad existía y que se dedicaba a reunir informaciones sobre patrimonio. Como esto suena a un grupo editorial que se dedica a reunir material para los libros que Arias Incollá y Fajre aman editar, y no a proteger el patrimonio como sería su obligación, al pedido de informes le siguió algo un poco más rotundo.
El abogado Diego Hickethier presentó un amparo ante la Justicia porteña en nombre de la diputada Teresa de Anchorena, presidente de la comisión de Patrimonio de la Legislatura. Se le explicaba a la Justicia la historia del pedido de informes, se le transmitían las vaguedades contestadas y se contaban las obligaciones que la Constitución porteña le crean al Ministerio de Cultura. Obligaciones que Arias Incollá esquiva hasta por escrito, tal el terror que le tiene al Ministerio de Planeamiento.
El apriete legal funcionó. El 18 de octubre fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad la resolución 3049 de la subsecretaría, cumplida y archivada por Arias Incollá, en la que la funcionaria crea la Unidad Técnica en los términos de la ley 1227 y los decretos y resoluciones que la reglamentan. La misma resolución afirma que la Unidad no crea nuevos inventarios, ni los actualiza, sino que reúne los que realiza la Ciudad en sus infinitas reparticiones como una herramienta. ¿Y para qué sirve esa herramienta? Para “la investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras” del patrimonio.
Y no sólo para hacer libros, aunque el último que editaron las Chicas Superpoderosas permite verlas bajo un ángulo diferente. Resulta que todo el talento y voluntad política que Fajre y Arias Incollá no tienen en la defensa del patrimonio sí la tienen en el humorismo. “Sitios de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 1994-2004” es un catálogo de 288 páginas de todo tipo de edificios, lugares e instituciones así declarados por el Ejecutivo porteño. El primer factor de humor es la cantidad de ruinas que pertenecen a la misma ciudad y nunca fueron reparadas, como el Mirador Comastri, pero figuran en el libro. El segundo, y mayor, es la graciosísima, increíble, versión en inglés que acompaña a cada texto del libro. Toda persona que hable inglés en esta ilustre ciudad debe ya conseguirse una copia de este libro, seguramente en venta en el edificio de La Prensa, y compartirlo en familia. Son horas de risas para grandes y chicos. Gracias al profesor Utonio.

Cómo usar la ley

En nuestra próxima edición, m2 presentará un pequeño manual sobre cómo usar esta ley para preservar edificios en su barrio, con un mapa de las zonas de aplicación, links a las listas de edificios representativos y premiados, y una explicación sencilla de cómo pedir como vecino particular la catalogación de un edificio histórico.

lunes, 19 de noviembre de 2007

Diario PAGINA 12, Suplemento m2
patrimonio
Hasta el 22 de noviembre
Esta semana se reunió por última vez en el año la Comisión de Planeamiento de la Legislatura a tratar un largo temario. Con muchos vecinos airados y entusiastas, se habló de Belgrano, Caballito y la Ley de Patrimonio. Negociaciones, modificaciones y una actitud diferente en el PRO. El 22 es la fecha para que se trate todo en el plenario
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Por Sergio Kiernan

Este martes 13 de esta extraña semana de frío en pleno noviembre se reunió la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña, en su último encuentro del año. Fue en el muy bello salón de la planta baja que lleva el nombre de Perón, entre columnas y arcos, bajo gloriosas arañas de bronce y cristal, en un ambiente de los que supimos construir (y ya no sabemos). Fue un encuentro simbólico, con algo así como un centenar de vecinos que llegaron organizados, con carteles y fotos, oradores designados y un nivel de articulación que reíte de los sindicatos. El martes quedó absolutamente claro que el tema patrimonial y el de las torres se politizó para valer. Ya no podrá derivar como el barquito de papel, lejos de la mirada pública, contando con la indiferencia general y en particular de los medios. Todo lo que es político es noticia y estos temas ya lo son.
Lo cual explica lo que se anduvo viendo esta semana en cuanto a patrimonio y zonificaciones varias.

Ley de Patrimonio

La ley ómnibus que navegó las comisiones de Patrimonio y Cultura de la Legislatura mutó esta semana. Entre otras cosas, porque el PRO –dentro del bloque y también en el futuro Ejecutivo– está dando claras señales de asumir la politización del tema y empezar a tratarlo con responsabilidad. Como se recordará, las comisiones unificaron varios proyectos que atienden el creciente reclamo de los vecinos de la ciudad para que se frene la demolición indiscriminada de recursos no renovables, el patrimonio edificado. Así, se declaraba la emergencia patrimonial por seis meses y se daba un plazo perentorio de cuatro para que se catalogara o no un universo de edificios abarcado por la lista de Representativos, la lista de Premios Municipales y el polígono creado por Jorge Telerman para su proyecto de Paisaje Cultural de la Humanidad. Estos edificios –muchos edificios– no se podían tocar, según el proyecto, sin autorización del CAAP, que tenía el poder de preservarlos o liberarlos mientras se discutía la catalogación del conjunto en pleno.
En el PRO parecen haber entendido varias cosas respecto de este tema. Una es la clara inseguridad jurídica que crea en la industria de la construcción la situación actual, más regida por protestas, amparos, fallos judiciales y organismos públicos haciéndose los suecos que por reglas claras. Tanto, que se inventó un nuevo tipo de boleto, el que sujeta la operación a que se aprueben las demoliciones. Y un nuevo tipo de vivo, el que vende un predio histórico disimulando que lo es, para que el emprendedor se desayune solito cuando es demasiado tarde. El segundo tema que parecen haber percibido es que los vecinos ya no aceptan las demoliciones resignadamente, que el asunto aparece cada vez más en la prensa y que ocurren cosas alarmantes como que los periodistas llaman para que les expliquen por qué votaron lo que votaron. Demoler un edificio patrimonial pronto será como cerrar una escuela: un muy serio problema político. Y hay muchos más edificios patrimoniales que escuelas.
Entonces, esta semana se consensuó un proyecto diferente y positivo, que se votará el 22 de noviembre en el plenario de la Legislatura. El proyecto crea por un año exacto un procedimiento de promoción especial de protección patrimonial que abarca los edificios públicos o privados en la lista de Representativos y en la de Premios municipales, y todos aquellos en el polígono del Paisaje Cultural construidos hasta el 31 de diciembre de 1941. Toda solicitud de demolición o intervención en fachadas o espacios de uso común que llegue a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros debe seguir un procedimiento claro: tiene que ser girada de inmediato a la Dirección General de Interpretación Urbanística, para que ésta se la lleve al CAAP (Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales). El CAAP tiene que revisarla y pronunciarse en 30 días sobre si el edificio tiene o no valor patrimonial. Si no lo tiene, se lo comunica a la DGIU, para que liberen la demolición o reforma. Si lo tiene, Planeamiento debe comenzar el proceso de catalogación. En todo caso, el trámite termina en la Dgfoc.
El único rulo que tiene este proyecto es que si el CAAP no contesta en treinta días, el edificio queda liberado. Ya sabemos dónde tendrá que ponerse el reflector para ver si se cumple con la ley y se protege el patrimonio.
Como se ve, esta ley puede crear por fin un mecanismo claro y relativamente veloz para ordenar toda la ribera porteña, de La Boca a Núñez, más los casi tres mil edificios que toman las dos listas. El nivel de seguridad jurídica que esto crearía es fácil de percibir, por la claridad en las reglas, y los vecinos tendrían la tranquilidad de que su barrio no va a desaparecer y ser reemplazado por otro, más paulista, de pura prepotencia. Por supuesto, los mecanismos de catalogación normales siguen en su lugar, igual que las APH. Y todo lo que está en trámite de catalogación está inhibido de demolición mientras la Legislatura no trate el caso.
El 22 de noviembre el PRO tiene el escenario abierto para mostrar que finalmente entendió políticamente la temática patrimonial y quiere representar a los ciudadanos de su ciudad en esto también.

Las alturas

El otro gran tema de la sesión del martes pasó por las alturas constructivas. Ese día, Planeamiento votó sin demasiadas complicaciones la catalogación de Montevideo 1250 –también se vota este mes– sostenida por un fuerte fallo judicial, la de la avenida Alvear y zona aledaña, y la del palacio Maglione en la calle Entre Ríos 1948, pedido por sus propios dueños, gente patriota y de amor a sus tradiciones. Se demoró la del club Huracán por una cuestión muy cuerda: la catalogación con grado de estructural impediría reparaciones o reformas necesarias para, por ejemplo, cuestiones de seguridad del público. Se está discutiendo con el club la redacción de la ley para que la cancha no termine clausurada por preservarla.
El grueso de la discusión pasó, entonces, por las alturas constructivas en Caballito y por la U23 de Belgrano, centrada en su zona 1 –la única exclusivamente residencial de la ciudad– y en la manzana que la difunta URSS compró hace añares para construir su embajada, que ahora se busca cambiar a un uso mixto con viviendas. Al frente de la comisión, Alvaro González tuvo un día difícil, en el que debió poner orden ante un auditorio volátil, que exigió mucho y también se pasó de rosca con un abandono notable.
Ese día hablaron los Vecinos Autoconvocados de Belgrano, que levantaron cuarenta carteles mientras hablaban sus representantes, que hicieron discursos con detalles técnicos sorprendentes, llenos de cotas, FOTs y alturas máximas. Luego hablaron los vecinos de la Rural, que apuntaron a ilegalidades diversas, donaciones raras, leyes que se descartan y otras herencias del menemismo. Después fue el turno de los vecinos de Basta de Demoler, representados por el arquitecto Marcelo Magadán, que sacó el tema de ser un poco más creativos en el uso de nuestros recursos y aprender a hacer dinero con el patrimonio sin necesidad de demolerlo. Cerró Gustavo Desplatz, de la Protocomuna de Caballito, que anunció que este martes a las 19 hacen un “ruidazo” en Acoyte y Rivadavia, en solidaridad con el patrimonio.
González tuvo que poner orden varias veces y explicar que el debate de la comisión no era con el público sino entre diputados. Ya había habido varios momentos de ovación a los oradores y uno bastante tontón, cuando se dijo que los legisladores estaban al servicio de los ciudadanos de Buenos Aires y no de Moscú, un toque de nacionalismo municipal con algunos que hasta coreaban ¡Argentina! Francamente...
Al finalizar la larga reunión se había aprobado todo lo respectivo a Caballito y quedaban en negociación los detalles finales de Belgrano, básicamente por lo complicado de cotas y alturas que implica una manzana completa dividida en cuartos.

martes, 13 de noviembre de 2007

ARTICULO

LA FALTA DE FISCALIZACION ADECUADA Y LOS DERRUMBES

Por Marcelo Capelluto (*) y Margarita Fornasero (**)
Los derrumbes ocurridos durante el corriente año en distintos barrios de la Ciudad como consecuencia del boom de la construcción y la especulación inmobiliaria, revelan los graves problemas de infraestructura, la imprevisión de las constructoras, sumada a los controles ineficientes en lo que hace al ejercicio de la policía estatal, poniendo en situación de riesgo a las propiedades linderas a las obras en construcción.En un PH de Dorrego 1653, se cayó un pasillo de la vivienda y dejó aislados a sus ocupantes. El incidente se produjo medianera de por medio con un edificio en construcción. Algo similar ocurrió en un local comercial de avenida Juan B. Justo al 2300. El 6 de marzo pasado, en el barrio porteño de Boedo, se derrumbaron el patio y la cocina de una casa situada al lado de una obra en construcción sobre la calle Castro Barros al 1600. Se dijo que las lluvias habrían hecho ceder el terreno de la obra, lo que hizo que cayeran las paredes de la casa. Otros nueve episodios ocurridos en los últimos años, a saber: en Cuba 1881, Cabildo 4566, Cabello 3853, Iberá 6065, Tronador 2835, Morón 3265, Gorriti 6040, Allende 4011 y Rivadavia 3707/15. El caso más resonante ocurrió en el barrio de Caballito cuando se vino abajo la medianera de una casa situada en la calle Pedro Goyena y Thorne, provocando varios heridos. El Código de Edificación y el Código de Planeamiento determinan que el responsable civil y penal de la obra es el profesional matriculado.La problemática actual no surge de una planificación, sino surge de una especulación constructora e inmobiliaria, que están cercando a los barrios de casas bajas con la construcción de torres y edificios, atentando contra la fisonomía de los barrios, y su patrimonio histórico y cultural. Esta falta de planificación se ve no sólo en la inexistencia de estudios de incidencia ambiental, en la inexistencia de evaluaciones de impacto ambiental, realizadas por las autoridades, y por la improvisación de aquellos profesionales, que para abaratar costos y como consecuencia de su mala praxis; viviendas que lindan con obras en construcción, sufrieron derrumbes parciales, hechos que cuentan con antecedentes cada vez más reiterados desde que se desató la fiebre de la construcción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esto se desprende que no se realizarían los controles de rigor adecuados, y si se realizan estos controles, se los hace mal. El control de las construcciones forma parte del poder de policía que tienen las autoridades porteñas, el cual debe ejercerse buscando resguardar la integridad física de las personas y enriquecer la calidad de vida de quienes habitamos la Ciudad de Buenos Aires.Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires de mediados de 2006, pone en evidencia las posibles irregularidades existentes en el órgano de control de las construcciones: la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC): nos habla de falta de seguimiento de denuncias, trámites incompletos, obras en ejecución que no reúnen todos los requisitos. “Patricio Pons, vecino de Caballito, hizo denuncias y no le hicieron caso hasta que un día la pared se cayó. Igualmente personal de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del gobierno porteño había venido a mi casa y dijo que todo estaba bien"[1] .La Cámara de Demoledores y Excavadores de la República Argentina (C.D.E.R.A), viene denunciando la existencia de empresas clandestinas de demolición y esto se da por la inexistencia de un marco regulatorio para que este tipo de empresas no sigan trabajando sin habilitación, para ello debe existir un registro de empresas demoledoras y excavadoras que otorgue matrículas obligatorias para que la actividad esté reglamentada y, así, evitar que se sigan produciendo accidentes.El director del Ente Regulador de la Ciudad sostuvo que es necesario “ponerle límites y controles a la construcción indiscriminada de torres”. Es una decisión política: no quieren afectar el boom de la construcción. Pero el gobierno de la Ciudad tiene la responsabilidad de direccionar la construcción hacia donde hace falta. No puede ser que el diseño de la Ciudad esté en manos de la especulación inmobiliariaPor ello, los vecinos de la Red Verde Ciudadana reclaman medidas urgentes: Traspaso de la DGFOC a Planeamiento Urbano: no pude ser que el área que planifica la Ciudad no se comunique con la que autoriza las obras.Accesibilidad a los expedientes de la DGFOC: dicha Dirección no tiene un procedimiento claro, lo que complica la posibilidad de que cualquier habitante acceda a la vista del expediente, lo que afecta el derecho a la información ambiental. Suspensión efectiva de las obras irregulares.Efectivización de las notificaciones a los Consejos Profesionales de aquellos profesionales que hubieran cometido irregularidades.Limitación de la cantidad de obras que se realizan de manera simultánea en una misma zona.La construcción indiscriminada de edificios, sin planeamiento adecuado y control eficiente es una bomba de tiempo que nos puede estallar y dañar considerablemente. Debemos prevenir y no esperar el agravamiento de la situación. Es evidente que hubo fallas técnicas. Los derrumbes no son casualidad. Una de las funciones básicas de las autoridades urbanas es la supervisión de las construcciones que realizan los particulares. Esta labor de vigilancia debe llevarse adelante de un modo regular, a fin de que se prevengan las fallas que ocasionan derrumbes.

(*) El Dr. Marcelo Fabián Capelluto es Abogado, Procurador y Docente Universitario (UBA)
(**) La Dra. Elsa Margarita Fornasero es Abogada, Procuradora y Docente Universitaria, con el cargo de Adjunta regular en la Facultad de Derecho de la UBA.
[1] La Nación 27/03/07
Citar: elDial - DCC8ACopyright © elDial.com - editorial albrematica

SEMANA CONTRA LA CONSTRUCCION INDISCRIMINADA

JORNADAS DE PROTESTA AMBIENTAL

del 15 al 20 de noviembre.Este año se realizaran una serie de actos en dias sucesivos que seran anunciados en el primero de ellos;jueves 15 a las 19,30 horas.en el pasaje Portugal y Aranguren.Como parte de una singular protesta "con la participacion se los fantasmas de Caballito" , que narraran las vivencias del pasado de nuestro barrio. Que hoy solo se encuentra en esos estrechos 100 metrosEn ella expondremos todas las actividades que se desarrollaran en los dias siguientes. Y defenderemos ese singular rincon de la Ciudad, hoy en peligro de destruccion. .La serie de protestas concluira el 20 de noviembre donde convocamos a Acoyte y Rivadavia desde las 19 horas (como lugar central de manifestacion) y proponemos a la ciudadania realizar un ruidazo desde las 20 horas, por 10 minutos. Asimismo. se difundira un documento presentado por las organizaciones participantes.Sumate. Manda tu adhesion. Participa. Desde tu casa, en el balcon o la puerta. En el trabajo. En tu auto o donde puedas. Son solo 10 minutos de ruido por mejor calidad de vida. Te pedimos que no vengas con banderas ni pancartas politico partidarias.
ORGANIZAN:RED VERDE CIUDADANA, Proto Comuna Caballito, Asamblea de Pompeya, Libres del Sur, Agrupacion Gral. San Martìn, Causa Popular, SOS Caballito norte,Adhieren: Amigos del Lago de Palermo, Vecinos de V. Urquiza, Soldati, Parque Avellaneda, Grupo Horneros (Flores), Sociedad de Fomento de Palermo Viejo, Vecinos agrupados de Caballito, Villla Crespo, Paternal , Basta de Demoler (Recoleta). APEVU, Comedor Martin Cisneros, Centro Cultural La Linqueñita, Asociacion Vecinos de Caballito Norte, Agrupacion Felipe Vallese, Comuna Caballito, Cooperativa Pepe Rozas, Centro San Carlos Norte, Asociacio Juan Manuel De Rosas, SOS Caballito, Asociacion Sabattini , Vecinos Solidarios de Balvanera, Mujeres por Comunas, Agrupacion 19 de diciembre, vecinos de San Telmo, Vecinos de Ramos Mejia, Vecinos de Vicente Lopez, Foros, Fundaciones, ONG y MIPyME, Union Vecinal por Comunas de Villa Mitre, Periodico El Adan de Buenosayres, Asamblea de San Telmo, vecinos del pasaje Portugal, Gacetillas Argentinas (la lista definitiva se entregara con el documento el martes 20).
INFORMES: . 15-5327-3430/ 15-4989-0089/ 4903-7444 / 15-4163-5901

QUILMES

La Agrupación Vecinal Quilmes Unido ante la información brindada por los medios de prensa en cuanto a la realización de una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante a celebrarse la semana del 12 al 16 de Noviembre en la cual serían aprobadas diversas Ordenanzas tendientes a satisfacer reclamos que fueron negados u obviados por la actual gestión del Gobierno Municipal durante los últimos cuatro años, ve con preocupación la posibilidad de que, conjuntamente con este “paquete” de aprobaciones, el Ejecutivo adicionalmente apruebe masivamente proyectos de construcción de edificios de altura hasta ahora pendientes de resolución, agravando con ello el actual colapso de servicios básicos que padecemos actualmente los vecinos de nuestra ciudad.
De concretarse lo reseñado Quilmes Unido, en virtud del compromiso público asumido por el Intendente electo, solicitará a las autoridades entrantes revisar lo actuado hasta el momento en materia de otorgamiento de permisos para la construcción de edificios de altura, dando actuación a la Justicia en los casos que corresponda.

QuilmesUnido.
Integrante de la Red Verde Ciudadana.

domingo, 11 de noviembre de 2007

BERNAL

Después de mucho trabajo podemos asegurar que Bernal Unido dio un gran paso. El miércoles 7 de Noviembre las autoridades de la provincia de Buenos Aires entregaron la documentación homologada que responde en parte a lo exigido por los vecinos de Bernal. Se amplió la zona residencial exclusiva, por lo tanto – entre otras cosas – no se pueden construir edificios en un sector del casco de la ciudad.

Si bien hubo un grupo de vecinos más activos que tomó la iniciativa, esto no se hubiera logrado sin el apoyo del 97 % de los habitantes del barrio. Ellos nos contaron sus inquietudes y sus preocupaciones y en esa dirección se coordinaron las acciones. Las cintas verdes en las puertas de las casas fue una clara demostración de apoyo a los reclamos llevados a cabo ante las actuales autoridades municipales. Ellos desoyeron nuestros pedidos. Nosotros redoblamos el esfuerzo. Ellos usaron la Municipalidad de Quilmes para proteger intereses particulares. Nosotros fuimos a la justicia y a la gobernación.

Hoy sabemos que – lamentablemente – algunos permisos de obra fueron autorizados en esta zona, pero gracias al protagonismo alcanzado por el accionar vecinal conseguimos la promesa (firmada) del intendente electo Francisco Gutiérrez de revisar los permisos de obra otorgados por la gestión Villordo en los últimos dos años. Esta misma información fue negada en decenas de oportunidades ante nuestro requerimiento, entre otros por el Dr. Diego Iglesias, responsable del área de Obras Particulares y concejal electo.

Vamos a solicitar a la futura gestión que se revise detenidamente cada expediente y se actúe con el máximo rigor ante las ilegalidades detectadas.

Queremos agradecer a todos, pero especialmente a los que no creyeron en nosotros, a los que quisieron desarticular la asamblea y a aquellos que en un primer momento colaboraron desinteresadamente hasta que cedieron a las presiones políticas, abandonando así el camino de la solidaridad para refugiarse en los beneficios de los “subsidios” estatales… Todos ellos nos dieron la fuerza para seguir adelante.

Decimos que éste es un primer gran paso porque ya estamos trabajando para ampliar la zona protegida y porque queremos que las autoridades entiendan que debemos ser los propios vecinos los que conocemos y debemos decidir en qué ciudad queremos vivir y que deben dejar de escuchar a aquellos que – disfrazados de “buenos ciudadanos” – sólo hacen sus negocios, en detrimento de la calidad de vida de todos.

Creemos que la concreción de un plan urbano ambiental es impostergable. Participación y compromiso: dos cosas que los bernalenses estamos aprendiendo.

Muchas gracias y un fuerte abrazo.

Asamblea Bernal Unido

sábado, 3 de noviembre de 2007

ARTICULO II

Diario PAGINA 12
Casa demolida, vendo por amigos
La Iglesia demolió de noche y sin permiso una casona protegida por histórica en Flores. El presidente de la Legislatura logró que la propiedad sea descatalogada este jueves. El mismo cardenal Bergoglio llamó a varios legisladores para presionarlos a votar.

Por Sergio Kiernan

Este jueves, en una sesión de fin de tarde en la Legislatura porteña, Santiago de Estrada le arregló un negocio inmobiliario a la Iglesia. No fue un negociado, apenas un negocio; no fue un acto de corrupción, sólo sancionar la impunidad para un delito civil. Fue una demostración de poder del macrista que preside la Legislatura y será a partir de diciembre nada menos que el auditor del nuevo gobierno porteño, veedor de la misma legalidad de sus actos. De Estrada, ex funcionario de dos dictaduras militares y veterano de pasillos vaticanos, lo hizo como un acto más de militancia para su referente más antiguo, el cardenal Jorge Bergoglio. Resultó hasta curioso: por un terreno común y corriente de la calle Membrillar, en Flores, el jefe de la Iglesia Católica se dedicó en persona a llamar a diputados porteños y pedirle su voto. Así zafaba a la parroquia de Flores de un juicio por demolición clandestina que difícilmente podrían ganar.
La historia comenzó en septiembre de 2003, cuando un buen domingo los vecinos de la primera cuadra de Membrillar se despertaron y vieron que la vieja casa de los Piana había sido demolida a medias, de noche y sin permiso. La casona, criollona y con decoraciones italianizantes, tenía más de un siglo y tenía su fama porque era de las más viejas del barrio y porque alojaba el café La Subasta. El legendario bar compartía la casa, pasillo por medio, con una santería y librería religiosa, algo entendible porque todo el conjunto había sido legado a la parroquia de Flores por la muy creyente familia propietaria.
Los vecinos reaccionaron rápido y lograron frenar la demolición antes de que pudiera completarse. Llamaron hasta a la Defensoría del Pueblo porteña y consiguieron una acción rápida, porque la casa estaba catalogada como edificio histórico. Ya en agosto de 2000, la casa Piana pasaba a formar parte del Area de Protección Histórica 15, con otros treinta edificios del barrio. La casona quedó casi sin techos y con el remate de su frente mochado a martillazos, precintada y con sus ventanales tapiados, enredada en un juicio.
El problema para la parroquia de Flores es que ese juicio era imposible de ganar. La legislación porteña de protección del patrimonio edificado es confusa y débil, en parte gracias a la desidia de los sucesivos gobiernos, que temen ofender intereses económicos. Pero hasta un conjunto de leyes tan tímido definía la cuestión en un punto: la sanción por demoler un bien protegido es una drástica limitación de lo que se puede construir a nuevo. Obviamente, el negocio es demoler para que se construya algo mayor a lo destruido, por lo que la defensa de la basílica en la avenida Rivadavia intentó cuerpear afirmando que nunca habían recibido, ni allí ni en la sede central eclesiástica en Plaza de Mayo, una notificación formal de la catalogación. Y que ésta, de todos modos, no era definitiva porque no se había votado específicamente en la Legislatura. Argumentos débiles, ya que la APH de Flores existía y había sido votada y publicada en el Boletín Oficial. La Curia decidió buscar otra solución.
El gestor
Aquí entra en escena Santiago de Estrada, legislador porteño por el macrismo, cuyo poder ascendía a medida que se apagaba el de Aníbal Ibarra. De Estrada entendió que la presentación que se había realizado para que se autorizara terminar la demolición porque el bien protegido ya estaba a medio destruir era jurídicamente insostenible. Eso era permitir que se termine un ilícito porque ya se lo había empezado. El macrista pensó en otro ángulo, que le permitiría de paso hacer una demostración de poder: pasaría una ley para descatalogar el edificio. Era lo más simple, ya que el proyecto tendría apenas unas líneas derogando el párrafo de la APH de Flores que tocara a la casa Piana. Por supuesto que seguía siendo convalidar un ilícito –la demolición nocturna, a escondidas, sin cartel y sin permiso– pero ¿para qué se tienen amigos poderosos? Hasta logró un aliado en el Frente para la Victoria, Miguel “Pancho” Talento, cuya señora madre es muy creyente y parroquiana de Flores.
Para fines de 2005, el proyecto de De Estrada y Talento comenzaba la ronda que requiere toda ley en la Legislatura. Hubo reuniones en las comisiones implicadas y hubo dos audiencias públicas, en las que se puede anotar cualquiera que pueda opinar y resultaron inolvidables por la agresividad de los partidarios de De Estrada y de la demolición (ver aparte). En medio de todo esto, cayó Ibarra, arrastrado por la tragedia de Cromañón de fines de 2004. Para mediados de 2006, el balance de poder en la Legislatura había cambiado completamente y De Estrada se encontró de presidente.
Aún así, tomó su tiempo. En parte fue por la inexperiencia del legislador, que cometió chambonadas como convocar audiencias sin saber que necesitaba otros legisladores presentes y terminar fatigando el celular para reunir quórum mínimo a último momento, sin lograrlo. Finalmente, el 21 de diciembre, De Estrada pudo mostrar su poder y logró los 31 votos necesarios para aprobar la ley que le liberara a la Iglesia su pequeña inversión. Puso todo en el asador y hasta Norberto La Porta votó a favor.
Lo que nadie esperaba era que el problema viniera por el lado del Ejecutivo porteño. Como se sabe, toda ley es votada por el Legislativo pero es promulgada y, de ser necesario, reglamentada por el Ejecutivo. El jueves 25 de enero de este año, el Boletín Oficial de la ciudad publicaba el decreto 138 en el que el jefe de Gobierno Jorge Telerman vetaba la ley de De Estrada y Talento. Fue un golpe inesperado.
Segundo acto
Otro político tal vez hubiera desistido o esperado que terminara la campaña política en que su jefe, Mauricio Macri, se jugaba tanto. Pero De Estrada no sólo responde a otros mandos sino que es una persona de gran orgullo. Conocido como “el cardenal”, el legislador y ex funcionario de Onganía y Videla tiene llamativos aires señoriales, tal vez adquiridos de sus tiempos de embajador en el Vaticano de Raúl Alfonsín, o tal vez simplemente porque le gustan esos aires. A su hábito de saludar con una suerte de amague de reverencia con la cabeza, se le suma una cortesía muy formal y bastante altanera, muy eficiente a la hora de poner distancia: es rarísimo encontrar alguien que hable de De Estrada con algo que no sea inquietud. Tras estos años en la política se le conoce por una actitud muy vaticana, la de rehuir confrontaciones abiertas y hasta darle la razón al rival, cuando ni piensa hacer lo que se le pide.
El asunto es que De Estrada volvió a la carga y presentó nuevamente su proyecto, esta vez con el handicap de tener que levantar un veto. Uno de los temas que rechazó fue una propuesta que le llegó desde la Comisión de Patrimonio de su propia Legislatura para conservar la fachada de la casa Piana y dejar que se demuela el interior. Todo lo que tenía que aceptar el futuro constructor era adaptar un poco su diseño, preservando aunque sea la memoria del caserón, sin perder ni un metro cuadrado del negocio. De Estrada ni siquiera consideró la posibilidad de ese arreglo amistoso.
Como las cosas ya habían salido mal una vez, el socio en el negocio también se involucró. El cardenal Jorge Bergoglio, jefe de la Iglesia argentina, levantó el teléfono y llamó a por lo menos diez legisladores, para garantizar su voto. El mensaje, muy cortés, era de lo más claro y fue resumido por uno de los que recibieron el llamado: “Yo no me voy a inmolar por este tema”. El autor de la frase sabía perfectamente que lo que estaba votando no era para estar orgulloso.
Este jueves, a la noche, 31 legisladores, del PRO y ajenos pero poco dispuestos a “inmolarse”, levantaron la mano y le votaron al inminente auditor porteño su ley. La parroquia de Flores logró, con ayuda de su máxima autoridad y de su mayor contacto en la Legislatura, liberar un terreno que ahora podrá venderse para hacer un edificio más de los miles que hay en la ciudad. Además de exagerada –semejante poder de fuego para despejar un terreno común– la saga de Membrillar abre un interrogante constitucional: la Cámara porteña, en un caso por otra demolición frenada, falló claramente que todo edificio en proceso de catalogación debe quedar inhibido hasta que la Legislatura haga su trabajo. La maniobra de la inmobiliaria De Estrada-Bergoglio impide que los legisladores decidan si es o no un bien patrimonial, que viene a ser justamente su tarea.

De Onganía a Macri

Santiago de Estrada comenzó su carrera política hace exactamente cuarenta años, cuando en 1967 fue nombrado subsecretario de Seguridad Social por el dictador Onganía. Duró en el cargo hasta 1970, cuando fue reemplazado por el siguiente dictador. Evidentemente más a gusto con los sectores más católicos que con los liberales, De Estrada volvió al mismo cargo con Videla y dio un ejemplo de continuidad durando de subsecretario la dictadura entera. Para entonces regularmente definido como “militante católico”, el ex funcionario de dos dictaduras se recicló en democracia como embajador de Raúl Alfonsín ante el Vaticano. Volvió a Seguridad Social con el primerísimo menemismo, en 1989, y hasta 1991 sirvió al riojano en el PAMI. En 1998, ya definitivamente peronista, volvió al gobierno de la mano de Palito Ortega, que era secretario de Desarrollo Social y lo llevó de segundo. Fue entonces que tuvo una memorable interna con algunos obispos, por temas de fondos. En 2000, hace apenas siete años, se presentó para que alguien lo votara a algo. Lo hizo como legislador porteño en la boleta Cavallo-Beliz. En 2003 fue reelecto a su banca, esta vez bajo la bandera de Mauricio Macri y para fines de ese año era vicepresidente primero de la Legislatura. Lo reciente de su llegada al macrismo, apenas cuatro años, explica que la lealtad y obediencia de De Estrada sea para otros mandos, más naturales.

Iras de los parroquianos

En el caso de Membrillar, las dos audiencias públicas que manda el procedimiento cuando se trata una ley patrimonial fueron de gran violencia verbal. Legalmente, la demolición resulta insostenible, como todo lo que se hace de noche, anónimamente y sin sombra de haber obtenido la licencia obligatoria. Los parroquianos de la iglesia de Flores se anotaron en las audiencias con gran entusiasmo y llevaron hinchada propia, que tuvo que ser acallada por los legisladores presentes cada vez que hablaron los patrimonialistas y los funcionarios del área. Durante la audiencia, en la que los anotados para hablar lo hacen ante un micrófono y con el único límite de ser razonablemente breves, los parroquianos desvalorizaron el carácter patrimonial de la casa Piana, remarcaron una y otra vez que no se había notificado a la Curia Metropolitana, y destacaron con muchos elementos la buena tarea social de su parroquia, que atiende todo tipo de pobrezas y enfermedades. Lo mejor vino después, en la informalidad del pasillo, donde la cosa terminó muy exaltada y a los gritos. Los patrimonialistas fueron definidos como “enemigos de la Iglesia” y no faltó quien empezara a rechinar con la palabra “zurdos”.

ARTICULO

SUPLEMENTO M2 de Página 12
La inmobiliaria Estrada y Bergoglio SA
Por Sergio Kiernan

Santiago de Estrada, legislador porteño y operador inmobiliario del arzobispo Jorge Bergoglio, logró ayer que se vote nuevamente la demolición de la casa histórica de la calle Membrillar, en Flores. La casona, legada a la parroquia de Flores, fue demolida ilegalmente, un sábado a la noche y por empresa desconocida, sin licencia. Al levantarse el domingo, los vecinos frenaron la demolición. De la casona quedó el frente, algunos muros internos, los pavimentos y alguno que otro sector de los viejos techos. El asunto pasó a juicio y la parroquia se encontró con un problema: la ley es clarísima y castiga las demoliciones de edificios protegidos reduciendo lo que se puede construir en su lugar. Te cargás una casona, podés construir un chalecito.
Como el negocio estaba en vender el terreno despejado y para hacer un edificio de varios pisos, la curia movilizó a De Estrada, funcionario de la dictadura que todavía vacila entre su vocación de monaguillo y su realidad de político. Los argumentos de la parroquia de Flores eran débiles (que nadie les había comunicado la catalogación, que no era firme) y en todo caso para contárselos al juez, al que todavía había que explicarle la malísima fe de demoler a escondidas y sin permiso, tarea que ni un jesuita. De Estrada entendió que la solución era pasar una ley descatalogando la casona.
Si el legislador pensara como un legislador y no como un militante católico, hubiera vacilado. Pasar semejante ley significa no sólo premiar un ilícito por portación de amigo influyente sino además desfondar todo el tenue sistema de protección de edificios patrimoniales e históricos. Si la Iglesia puede hacerlo con su influyente propio, ¿por qué no otros? Pero De Estrada presentó un pastiche legal que co-firmó el kirchnerista Pancho Talento, sorpresa explicada cuando se conoció que su señora madre es fiel de la parroquia de Flores y tiene, más que amigo influyente, hijo influyente. Hubo dos audiencias públicas memorables por la tensión y la agresividad, donde los estradistas definieron a los preservacionistas como enemigos de la Iglesia. Finalmente pasó al recinto y se votó.
La ley era tan peligrosa, que el jefe de Gobierno Jorge Telerman la vetó de un plumazo. Fue un buen momento de su gestión, nada rica en defensas del patrimonio, y un momento de coraje.
Pero De Estrada tiene un cliente exigente en su arzobispo, por lo que volvió a las andadas. Volvió a meter el bodrio en el temario legislativo y, si bien le costó hacerlo votar porque necesita 31 votos para revertir un veto del jefe de Gobierno, lo logró este jueves a última hora. Tuvo el voto de sus PRO y del Frente para la Victoria, y de varios diputados sueltos supuestamente progresistas. ¿Qué pasó?
Lo que pasó fue que, como dijo un diputado que levantó la mano por De Estrada, “no me voy a inmolar por eso”. La frase es estridente porque muestra dos cosas: el poco peso político que todavía tiene el patrimonio, que se puede sacrificar sin pagar demasiados costos, y el nivel de presión. Es que Jorge Bergoglio en persona estuvo llamando a legisladores para garantizar su voto. No fue sólo De Estrada, que operó, disciplinó y negoció como si estuviera reformando una constitución. Fue el arzobispo porteño en persona. Y eso que le gusta mostrarse como alguien que no opera en política menuda.
Le quedó a la Coalición Cívica y a diputados sueltos como Bidonde y Hourest mantener el honor en esa noche de estradismo paladar negro. Un momento notable fue el silencio y las miradas de bronca con que fue recibido el discurso de la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena. La diputada dijo cosas como que “algunos descalifican el despacho de minoría (opuesto a la demolición) diciendo que pretendemos catalogar una pared. Pero nos queda una pared porque atrás había un edificio que fue demolido ilegalmente”. A esta ilegalidad manifiesta no se le prestó atención y Anchorena recordó que la misma Iglesia le había enseñado que era un valor reconocer las faltas con humildad, y un deber repararlas. “Le pido a la Iglesia que practique lo que nos ha enseñado”, dijo Anchorena.
Quedó en minoría, lo que indica que De Estrada debe andar comulgando por otros altares, donde enseñan otros catecismos. Curiosamente, nadie le señaló un aspecto de su ley: al premiar al demoledor clandestino y al argumentar que está bien porque la catalogación no se había votado en la Legislatura, se le impide a esa misma Legislatura legislar, que viene a ser la razón de su existencia. El edificio va a desaparecer y el tema de su catalogación pasaría a ser nulo, sin que la Legislatura pueda resolverlo.
¿Será mucho pedir que Telerman repita su veto? De Estrada no tendría tiempo de volver a montar su operación inmobiliaria, ni siquiera con mails, cartas y apretones de manos de Bergoglio a sus colegas: se va en diciembre.
Mientras tanto
La semana que viene está programado que empiece a tratarse el paquete de leyes que puede, al fin, proteger el patrimonio edificado de la ciudad, en reunión de asesores de la Comisión de Planeamiento. Como se recordará, el paquete unifica varias propuestas que culminan declarando una emergencia patrimonial que congela demoliciones y refacciones por seis meses, le da cuatro meses al Ejecutivo para que catalogue o libere los edificios comprendidos, y abarca un universo interesante de piezas: las casi 7000 compiladas en la lista de edificios notables, los pocos sobrevivientes de los premios municipales y las muchas –aun no contadas– comprendidas en la zona de la costa que Telerman presentó como Paisaje de la Humanidad ante la Unesco. Si el trámite es normal y no surgen problemas de último momento, antes de fin de mes tendremos el paquete saliendo de Planeamiento, listo a ser votado por la Legislatura en pleno, lo que hasta podría ocurrir antes del cambio de gobierno. Ahí habrá que ver qué hacen figuras de peso como De Estrada –esperemos que no caiga ninguna propiedad que la Iglesia quiera demoler en la volada– y el futuro ministro de Planeamiento Daniel Chain, nada amigo de la preservación. No será fácil, pero ahora los vecinos están movilizados detrás de este proyecto.
Mientras, la inefable Nani Arias Incollá, subsecretaria de Patrimonio Cultural del gobierno saliente, sigue sorprendida porque después de años de calma en la que pudo hacer como que la destrucción del patrimonio no era con ella, se encuentra flanqueada por la Legislatura. Esta semana, el fiscal hizo lugar al amparo presentado hace días por la legisladora Anchorena para que se mueva un poco y cree la Unidad Técnica que, justamente, tendrá que catalogar o liberar los edificios comprendidos por el paquete legal. La ministra Silvia Fajre y su subsecretaria habían dejado ese tema en el cómodo veremos en el que pasaron toda su gestión, afirmando que la UT existe porque “reúne información”. Sólo que la ley 1227 –la de Patrimonio, que estuvo cajoneada tantos años que enfrentaron otro amparo– manda que la Unidad sea ejecutiva y no documental. Ahora tienen diez días para justificar su pereza tan conveniente ante un juez.

PUERTO VERDE

Se acerca la hora de la batalla final !!!
vayan mentalizandose que es ahora o nunca
lo unico que pretendemos es que se cumpla con los decretos
originales del poder ejecutivo que dice: "que las playas de cargas
no podran ser ubicadas en zonas urbanas" , nosotros solo pedimos
que los ex Talleres Alianza sea un espacio verde para la comunidad.
Necesitamos su apoyo en este momento crucial, los esperamos en la
Institucion D.F.Sarmiento todos los miercoles a las 20,30 Hs

POR FAVOR DIFUNDALO A SUS VECINOS Y AMIGOS DE LA ZONA

COMISION VECINAL PUERTO VERDE