sábado, 29 de septiembre de 2007

MAR DEL PLATA

Diario 0223
Fomentistas se pronunciaron contra la indiscriminada construcción de torres en el Barrio San Carlos

El ex presidente de la Sociedad de Fomento del barrio San Carlos y habitante de la zona, José Bujedo, se mostró en contra de la construcción de torres en ese sector de la ciudad. En este sentido manifestó que hay fundamentos que lo avalan. “Los concejales tienen que consultar más a una institución intermedia y a los vecinos, como para no autorizar rápidamente este tipo de cosas”, dijo el fomentista y remarcó que “San Carlos no es apto para que se construyan estas torres”. A pesar del generalizado malestar de los vecinos y la concreta posibilidad del colapso de los servicios de agua y cloacas, los concejales de Acción Marplatense, PJ y la mayoría de la UCR avalan la controvertida iniciativa impulsada por el intendente Katz. Cabe recordar que el Ejecutivo Comunal elevó al Concejo Deliberante un proyecto pretendiendo modificar la normativa urbanística prescripta en el Código de Ordenamiento Territorial, en las manzanas comprendidas entre la Avenida J. J. Paso y las calles Alem, Bernardo O 'Higgins y Bernardo de Irigoyen. En Alem y Paso está ubicado el Sheraton Hotel. El Código de Ordenamiento Territorial sólo permite construir allí edificios de hasta cinco pisos. Con los cambios, todos los emprendimientos pasarían a tener la altura del hotel cinco estrellas. La sanción de la mega-excepción abrirá la puerta a un millonario negocio inmobiliario. En iniciativas de lujos similares, el metro cuadrado se cotiza actualmente a un valor promedio de entre 1.500 y 2 mil dólares. La especulación constructora e inmobiliaria está cercando los barrios de casas bajas con una muralla de torres y edificios, atentando contra la fisonomía de éstos, su patrimonio histórico y cultural, y la calidad de vida de los vecinos. El próximo lunes, la Comisión de Legislación del HCD, que encabeza el edil de AM, Héctor Rosso, trataría el polémico expediente que atenta contra la calidad de vida de los vecinos de los barrios San Carlos y Playa Grande. Un informe oficial de Obras Sanitarias Mar del Plata-Batán advierte sobre el impacto negativo que generará la construcción de grandes edificios en la zona de la Avenida Juan José Paso, Leandro Alem, Bernardo O’ Higgins y Bernardo de Irigoyen, es un punto clave para explicar los perjuicios que pueden acarrear este tipo de polémicas obras. El vecino y ex fomentista del barrio San Carlos, José Bujedo, dio su opinión respecto a esta iniciativa. “Es verdad lo que dice el informe de Obras Sanitarias, porque de pronto cuando llega el verano y hay mayor demanda de agua, se torna difícil que los habitantes podamos tener el agua suficiente”, dijo en referencia a que es una zona de canteras, alta y de muchas rocas. En ese sentido añadió que “siempre ha sido difícil concentrar el fluido del agua, pese que en el Parque Primavesi se instaló un bombeador para tener la fuerza necesaria”. Además añadió que durante la temporada, los circos que llegan a la ciudad insumen un consumo de agua enorme. Por lo demás, la gente se siente molesta por el hecho de construir edificios así, de manera exagerada en cuanto a la altura. Al respecto comentó que cuando se pensó en hacer un complejo en la zona de las manzanas de Rizzo, al lado de la Villa de Paso, él fue el encargado de realizar un informe acerca de lo que pensaba la gente. “Hice una consulta por cada domicilio, y no querían saber nada por el tema de que las grandes construcciones tapan el sol y la vista privilegiada”, señaló. Y sostuvo: “Esto de las torres puede complicar aún más las cosas. Los concejales tienen que consultar más a una institución intermedia y a los vecinos, como para no autorizar rápidamente estas cosas. Hay una demanda inmobiliaria de mucho valor, por la ubicación, el paisaje y porque la gente cuida muy bien la vivienda, y eso influye”. Finalmente en conclusión sostuvo: “San Carlos no es apto para que se construyan estas torres”.

AUTOR / FUENTE: Celeste Vergara

PROTESTAS


Diario PAGINA 12, Suplemento m2


Vecinos en la calle

Los vecinos de esta ilustre ciudad han descubierto el patrimonio de un modo que parece súbito. Por supuesto, lo que ocurre en realidad es que descubrieron que pueden defenderlo saliendo a la calle, protestando, movilizándose. Esto es, politizando el tema en el sentido más simple de ponerlo en la agenda política y cobrándoles a sus representantes electos la falta de legislación y de iniciativa política para defender el patrimonio construido.
En un punto, el tema es simple. Respecto del patrimonio hay tres clases de políticos. La mayoría nunca escuchó hablar del tema y no lo tiene presente porque con él no se ganan votos ni se tienen papelones. Son gente que sabe que, por ejemplo, no se puede cerrar un hospital ni siquiera si realmente hiciera falta cerrarlo, porque el escándalo sería sideral. Saben también que con el patrimonio no ocurre lo mismo.
Una minoría de políticos defiende el patrimonio, lo aprecia y conoce, pero hace apenas lo que puede ante una mayoría indiferente y ante el tercer tipo de político, minoritario pero realmente peligroso. Estos son los que directa o indirectamente lucran con la destrucción de nuestro edificios mejores, vía “peajes” para autorizar o acelerar construcciones o simplemente como miembros de la industria, a la que van a volver al dejar la función pública y en la que quieren ser recibidos con los brazos abiertos. Estos lo hacen por dinero y los ejemplos en administraciones pasadas, presentes y hasta futuras son claros y evidentes.
El único modo de parar esto es, desgraciadamente, haciendo olas. Los vecinos de Caballito, Parque Chas, Agronomía y Recoleta lo han descubierto y se mueven con energía, habiendo salvado ya varios edificios a fuerza de manifestaciones y recursos de amparo. Los eventos que se cuentan en la nota principal sobre el edificio de Montevideo 1244/50 les suben el costo político a los coimeros y a los indiferentes por igual, lo que ayuda a cuidar el patrimonio.
Ahora son los vecinos de la calle Pujol al 1400, en Caballito, los que salen a protestar, esta vez porque se va a construir un edificio de diez pisos en esa cuadra tranquila de casas unifamiliares, otra de las novedades con que se encuentran los porteños con el código que trabajaron finamente De la Rúa, Ibarra y Telerman, cada uno en su momento y con sus partes, para que toda la ciudad sea negocio para las constructoras. El miércoles, los vecinos se reunieron en la esquina de Pujol y Tres Arroyos para realizar un cacerolazo de protesta por el edificio. Como se verá, ya está empezando a haber una cierta sofisticación en la protesta, pues no se trata de una brutal torre sino de un edificio de diez pisos.
No muy lejos, en Floresta, los vecinos están de luto porque cerró el viejo café que desde hace muchos años encantaba con el nombre de El Arbolito, en la esquina de Bahía Blanca y Avellaneda, justo enfrente de la plaza Vélez Sarsfield. El barcito de la foto, una encantadora y típica esquina, cerró para ser reemplazado por la consabida torrecita de barrio, alta porque está en una avenida, y tan fea y olvidable como toda la arquitectura comercial actual. Los vecinos están enojados porque se dirigieron a su CGP, el 7, y a la Dirección General de Patrimonio pidiendo que el edificio sea catalogado aunque sea en su fachada, y cuentan que “nada se ha hecho”. Los vecinos de Floresta ya saben con qué bueyes aran y se están comunicando para sacar fotos de la esquina y pedirles a los obreros de la demolición que les regalen algunas molduras, para llevarlas a la Junta Histórica del barrio y preservarlas. Una tristeza.

PATRIMONIO URBANO



Diario PAGINA 12, Suplemento m2




Una de cal, una de canto
La Cámara porteña confirmó el amparo que frena la demolición de Montevideo 1244/1250, en un fallo ajustadísimo, tajante y unánime. No sólo rechazó los pintorescos argumentos del procurador porteño, sino que le recordó al Ejecutivo un nivel de coherencia básico: si hay un proyecto de ley para catalogar un edificio, no pueden autorizar que se lo demuela. Sabugo, por su parte, se negó finalmente a inhibir la destrucción del edificio.


Por Sergio Kiernan



El edificio de los Bemberg en Montevideo 1244/50, que fue salvado de la segura demolición por los vecinos reunidos en Basta de Demoler, sigue en el centro de una muy inédita movida política. Por un lado, la Cámara porteña acaba de rechazar la apelación del procurador porteño con un contundente, claro y unánime fallo que le explica un par de cosas al gobierno de cómo se deberían hacer las cosas. Por el otro, el inefable Mario Sabugo acaba finalmente de enviar su informe a la Legislatura afirmando que no va a inhibir el edificio, porque ya autorizaron la demolición. Resultó que el funcionario no es distraído: es cómplice.
Los vecinos de Basta de Demoler perdieron la patriada en Callao 924 –por puntos: salvaron las antigüedades del petit hotel– pero se están luciendo en la de Montevideo 1250. Su amparo para que el delicioso edificio no sea demolido y reemplazado por una fea torre de vidrios prosperó y acaba de ser confirmado con toda la fuerza por la Cámara porteña. Los jueces Balbín, Corti y Centanaro no sólo le hicieron caso al fallo de su fiscal sino que fueron taxativos en algo obvio: cuando se trata un proyecto de ley para catalogar un edificio, hay que inhibirlo. Siempre, siempre, siempre, porque si no van, lo demuelen y todo se torna abstracto. ¿Quién dijo que a los abogados no se les entiende nada?
El largo fallo de la Cámara se origina en la insólita apelación del procurador general porteño, que por alguna razón considera que el pueblo que representa sería lesado si no se demuele el petit hotel. Balbín, Corti y Centanaro, de forma unánime, rechazaron esta semana su apelación. El escrito cuenta que el amparo fue presentado por Santiago Pusso como “vecino” –y en nombre de los vecinos de Basta de Demoler– con argumentos claros y llanos como que “es un barrio tan castigado por (las demoliciones), siendo que otrora ostentaba orgulloso una gran cantidad de petit hoteles, que daban marco a una fisonomía arquitectónica y urbanística única en una ciudad latinoamericana y que de no ser preservada es irrecuperable”.
La historia que resumen los jueces continúa con la presentación de los diputados porteños Teresa de Anchorena y Jorge Enríquez, que demuestran que la autorización de demolición fue emitida después de que le comunicaran a las dependencias del Ejecutivo porteño que corresponden que estaba en trámite un proyecto de ley para catalogar el edificio. El Ejecutivo se hizo el oso y autorizó nomás, lo que resulta o sospechoso o estúpido, y en todo caso es incorrecto.
En contra se presentó la dueña del edificio, IQ Plaza Vicente López, cuyo representante explicó que iban a demoler nomás con la venia del gobierno porteño, y que estaban lesados en sus intereses económicos, además de haber cesanteado o suspendido a sus obreros y haber tenido que suspender el remate de las piezas de la demolición. También se presentó el procurador general porteño, apelando antes que los empresarios lesados, presentando argumentos que bordean la ciencia ficción. Primeramente, dijo que no hay verosimilitud en el reclamo del amparo, porque todos los papeles de la autorización de demolición están en orden. Como quedó claro arriba, esa autorización se dio después de que se comunicara por nota que se estaba proyectando legislativamente catalogar el edificio. De esto, el procurador general no se da por enterado. Su segundo argumento es que no existe “peligro en la demora”, lo cual es abiertamente psicodélico: una demolición toma literalmente horas o días, con lo que la premura de frenarla es evidente. Tercero, el procurador protesta porque no hay contracaución, esto es, porque no se fija un castigo económico por haber frenado la demolición. ¿Alguien necesita una chicana más clara para decirles a los vecinos que se callen y no se metan en los negocios inmobiliarios?
El fallo
Los jueces explican que consideraron los deberes que fija la Constitución de nuestra ciudad-estado al gobierno, entre los que están fijarse políticas medioambientales y culturales, garantizando explícitamente la preservación y restauración del patrimonio urbanístico y arquitectónico. Lo mismo ocurre con el Código de Planeamiento Urbano, que ordena catalogar y remitir a la Legislatura en un plazo perentorio de diez días (que ni Ibarra ni Telerman cumplieron jamás de los jamases). Luego le recuerdan al procurador porteño varios casos en los que hubo verosimilitud, apuro y contracaución y vuelven a repetir que Anchorena y Enríquez le comunicaron al Ejecutivo que se trataba de una catalogación en la Legislatura. Y ahí escriben, con claridad de romanos: “La existencia de un proyecto de ley sobre catalogación debe aparejar la modificación preventiva del catálogo respectivo mientras dure el trámite, y ello comporta la improcedencia de otorgar permisos de obra o demolición hasta tanto se resuelva”.
¿Se entiende? Los doctos jueces no dicen que “debería” inhibirse la demolición sino que “debe”. Hay que hacerlo. Punto.
Por tanto, la Cámara encuentra “razonable” y “ajustado” el amparo, y lo confirma: “Resuelve no hacer lugar a la apelación y, en consecuencia, confirmar la decisión recurrida”.
Este estupendo fallo unánime es una piedra basal para la acción: todo edificio o APH en proyecto, tratamiento o en ese limbo al que los condena el cajoneo de Telerman debe ser respetado. Como dicen los jueces, no debe autorizarse demoliciones u obras, como está sucediendo con el entorno de Parque Lezama, para dar un ejemplo entre tantos.
La de Sabugo
No es lo que piensa el arquitecto Mario Sabugo, subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del gobierno porteño. Sabugo tuvo pendiente a más de uno con su famoso expediente sobre la casa de Montevideo 1244/50, que tardaba más que el legendario general Alais en llegar a la Legislatura pero al fin lo hizo esta semana. Sabugo es el funcionario que debía dictar la inhibición del edificio a proteger, impidiendo que se lo demuela, pero no lo hizo y se escudaba en su demora con razonamientos y razones burocráticas. En la edición del sábado pasado de m2 se reveló su enojo con una nota en la que no explicaba nada de fondo, excepto que no era él el que autoriza demoliciones.
El muy completo expediente llegó por fin a la Legislatura, con la ficha de estudio que puso a Montevideo 1250 en la lista de edificios notables de la ciudad y con un largo intercambio de notas y más notas, lo que indica por qué toma tanto tiempo catalogar o proteger algo. Al final de todo, está la carta de Sabugo, que explica que el expediente incluye “el informe 6271-DGIUR-07 de fecha 18 de septiembre de 2007 de la Dirección General de Interpretación Urbanística”. El segundo párrafo –la carta es sintética– dice que “cabe señalar que con fecha 1º de agosto la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro ha registrado los planos de demolición del inmueble (...) tal como surge de fs 29”.
Y ahí viene el final: “Por lo expuesto, el dictado del acto administrativo por el que se incorpora con carácter de preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la parcela en la que se asienta el inmueble (...) ha devenido inoficioso toda vez que la que la (sic) catalogación tiene por objeto preservar el bien con niveles de intervención los que en ningún caso admiten demolición”.
Como esto es mal castellano y peor lógica, Sabugo tuvo que explicarse oralmente. Lo que explicó fue que, sencillamente, como sus colegas de Obras y Catastro ya habían autorizado la demolición, él no iba a pararla. En ningún momento pareció importarle que el edificio no haya sido demolido todavía, gracias a la Justicia, sino que sus colegas del otro escritorio ya habían firmado el permiso. Esto es confundir la burocracia con la realidad –el edificio todavía existe– y es una solidaridad rarísima, que confunde disciplina con incoherencia.
O sencillamente lo “inoficioso” es meterse con el negocio inmobiliario, tener un poco de coraje cívico para hacer lo que claramente marca la ley.
Menos mal que tenemos jueces y vecinos activos.

Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-1291-2007-09-29.html

jueves, 27 de septiembre de 2007

COMUNICADO

1er Encuentro Ambientalista Nacional
Reunión de trabajo de ambientalistas en el
Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación

ARGENTINA SE ABRAZA POR LA VIDA
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2007 (EAN)

Con la participación de 200 organizaciones ambientales y sociales de diversos puntos del país, concluyó el 1er Encuentro Ambientalista Nacional realizado durante los días 20 y 21 de setiembre en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación; tuvo la finalidad de comenzar la articulación de acciones conjuntas inmediatas de escala nacional, a través de una transformadora coordinación de esfuerzos.
En las 80 exposiciones de los panelistas participantes, los problemas ambientales se evidenciaron agravados por la falta de respuesta efectiva de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que habitualmente prioriza los intereses económicos de empresas por encima de la calidad de vida. Esta situación puede leerse como un genocidio, en el cual se combinan campesinos fumigados, cuencas enteras contaminadas por las mineras en varias provincias o por la industria en la del Matanzas - Riachuelo, trabajadores rurales expulsados, pérdida de soberanía alimentaria, víctimas de vertidos y emanaciones sin control. También crece el hacinamiento generado por la construcción indiscriminada (de lujo) en al Área Metropolitana Buenos Aires, en paralelo con el aumento de la población de villas y asentamientos precarios.

La convocatoria fue realizada por dos redes de ONG de trayectoria: RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista) que trabaja desde hace 20 años y la APEVU Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos) creada en 1993 a instancias de la Asociación Amigos del Lago de Palermo.
Se ha proyectado un encuentro nacional permanente de las iniciativas ambientalistas para lograr mayor comunicación e integración entre todas las redes, ONG e iniciativas ciudadanas.

UN FUTURO CONFLICTIVO

En las 80 exposiciones de los panelistas participantes, los problemas ambientales se evidenciaron agravados por la falta de respuesta efectiva de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que habitualmente prioriza los intereses económicos de empresas por encima de la calidad de vida.
Esta situación puede leerse como un genocidio, en el cual se combinan campesinos fumigados, cuencas enteras contaminadas por las mineras en varias provincias o por la industria en la del Matanzas - Riachuelo, trabajadores rurales expulsados, pérdida de soberanía alimentaria, víctimas de vertidos y emanaciones sin control. También crece el hacinamiento generado por la construcción indiscriminada (de lujo) en al Área Metropolitana Buenos Aires, en paralelo con el aumento de la población de villas y asentamientos precarios.


La ciudadanía tiene que participar, organizarse y movilizarse.
No hay más tiempo para perder.
Proponemos una nueva movilización ambientalista nacional
para el próximo 12 de diciembre a las 12:00 hs.


El 12/12 a las 12:00 hs
Plaza Congreso a Plaza de Mayo
Área de Comunicación del 1er Encuentro Ambientalista Nacional

Lic María Alejandra Morales malejandrams@yahoo.com.ar
Jorge Carcavallo jorgecarcavallo@hotmail.com


Arq Osvaldo Guerrica Echevarría - Asociación Amigos del Lago de Palermo
p/ APEVU Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos.

Carlos A. Manessi - Centro de Protección a la Naturaleza - Santa Fe
p/ RENACE Red Nacional de Acción Ecologista.

1er Encuentro Ambientalista Nacional20 y 21 de setiembre de 2007Auditorio HCDN
Ciudad de Buenos Aires
convocado porAPEVU / RENACE

martes, 25 de septiembre de 2007

COLABORACION EXCLUSIVA

El desarrollo de una política ambiental

A pesar de las múltiples reformas económicas implantadas en nuestra región en los últimos años, América Latina aún tiene que encontrar el camino hacia formas de progreso que podamos sostener y que satisfagan las necesidades de su gente, sus empresas y sus gobiernos a través del tiempo. La competitividad y la eficiencia son elementos clave en una economía mundial en integración. El crecimiento económico no es sostenible sin progreso social y protección ambiental. Es necesario mejorar la educación en todos los niveles, promover la actividad de la pequeña empresa, así como nuevos y más eficientes esquemas de atención a la salud y seguridad social.
El diseño e implementación de una política ambiental en los países actualmente en desarrollo, se erige como una condicionante importante para lograr la equidad, el desarrollo económico e indiscutiblemente, el cuidado del ambiente.
Dicha política ambiental deberá reunir características de estabilidad a través del tiempo; consistencia con el desempeño institucional y general; y de consideración de las capacidades de liderazgo público y privado, así como de las condiciones económicas, políticas y sociales municipales. Aún más, el éxito de la gestión ambiental deberá fundarse en una clara definición de objetivos y prioridades que, además debe ser congruentes con las necesidades reales de la sociedad.
Gran parte del problema de deterioro ambiental en Argentina se debe al convencimiento de que los recursos naturales son ilimitados e invulnerables, sufrimos perjuicios por las inundaciones rurales y urbanas, por la desertización de los suelos y la deforestación, más del 22% de los habitantes de argentina carecen de agua potable y al menos el 44% no tiene cloacas. También hay que tener en cuenta la falta de una política adecuada, la ausencia de coordinación en la aplicación de las normas y a la insuficiente información y conciencia publica sobre la protección de la naturaleza. Por lo que siempre se reacciona cuando ocurren las crisis, pero no se piensa ni se actúa para prevenirlas.
El problema de la gestión depende sobre todo de los políticos, que no son diferentes del resto de la sociedad. Los políticos, como el resto de los seres humanos, tienen un comportamiento poco previsor. ¿Cuántos de nosotros se ponen el cinturón de seguridad en los coches por miedo a las multas y no como medida de prevención de un accidente? Con el estado actual del conocimiento, se podrían realizar medidas que evitarían muchos problemas. Sin embargo, en muchas ocasiones se toman decisiones que no es que vayan en contra del conocimiento científico, sino incluso contra el sentido común.
La preservación de la calidad del ambiente es una necesidad, una aspiración y una obligación. Es un derecho y, al mismo tiempo, un deber. Es el primero de los derechos humanos: el derecho a la vida, sin la cual no tienen razón de ser los demás. Preservar la calidad del ambiente significa ampliar la posibilidad de supervivencia.
Sería muy interesante que tanto los políticos, como los empresarios y la sociedad argentina en su conjunto, tomará como base los temas ambientales en tres áreas: Seguridad, Salud y Educación.

¿Por qué hablar de Seguridad Ambiental?

Porque por más espectaculares que sean los secuestros, robos y asesinatos de cada día, la inseguridad también es ambiental, y se cobra muchas más vidas que la violencia callejera.
La Argentina carece de una estructura específica para la investigación de los delitos contra el ambiente. En realidad, la mayor parte de las denuncias sobre este tipo de delitos son formuladas por organizaciones no gubernamentales, que carecen de los medios técnicos y competencias para llevar adelante las investigaciones necesarias sobre el tema.
Es necesaria la creación de un área específica para la investigación de los delitos ambientales. Por supuesto que las distintas fiscalías toman a menudo temas ambientales, pero lo hacen de buena voluntad, sin la formación profesional necesaria para hacerlo. Esto aumenta mucho las posibilidades de error en un tema muy específico desde lo técnico.
Se establece así una cadena perversa en la cual la Policía no actúa porque no recibe las instrucciones adecuadas, ya que quien tiene competencia para darlas no está en tema y quien conoce el tema no tiene las competencias necesarias para convocar a las fuerzas de seguridad.
Se necesitan Tribunales Ambientales que cuenten con un cuerpo de peritos conformado por técnicos especializados en estos temas: Técnicos Superiores en Gestión Ambiental, Técnicos en Ecología y Técnicos en Seguridad e Higiene.
La existencia de Peritos Ambientales, siempre que se tomen su labor en serio, permite la apertura de investigaciones para, con el auxilio de la Policía, practicar diligencias, instar ante el juzgado la adopción de medidas cautelares y ejercitar las correspondientes acciones penales. Asimismo está entre sus funciones el velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales, como autos o sentencias, que afecten al interés público o social.
No existe en la actualidad un cuerpo de peritos ambientales registrado ante la Suprema Corte de Justicia a los cuales acudir cuando se necesita un informe válido para presentar en juicios ambientales.
Podemos tomar como ejemplo, un tema ambiental como es el caso de los transformadores con PCB. Hay denuncias de transformadores con PCB que fueron enterrados, arrojados al Río de la Plata o vendidos como chatarra para ser fundido el metal. En todos los casos, se trata de violaciones a la Ley de Residuos Peligrosos. En los países desarrollados, existen registros contables de la cantidad de residuos peligrosos existentes y se va registrando su tratamiento y disposición final mediante bases de datos unificados a nivel nacional.
En Argentina existen normas estrictas que prohíben la venta o el empleo de determinadas sustancias químicas consideradas como peligrosas para la salud o el ambiente. El largo listado incluye insumos industriales o de la construcción, pesticidas, medicamentos, entre muchos otros. Muchas de ellas, sin embargo, pueden obtenerse sin inconvenientes, ya que las respectivas leyes, decretos o resoluciones de prohibición no suelen indicar un organismo de aplicación que sea responsable de hacer cumplir esa prohibición.

¿Por qué hablar de Salud Ambiental?

Porque la ausencia de saneamiento apropiado conduce a enfermedades diarreicas, que sumadas a la desnutrición, al hacinamiento, al estrés mental severo y a la exposición al frío, predisponen a una gripe potencialmente mortal. La gripe es el eslabón final de una cadena de dificultades más profundas. Por lo tanto, el diagnóstico de una mera gripe, que puede mal interpretarse como no vinculada a las condiciones del ambiente humano, debe ser entendido con un criterio epidemiológico más amplio.
La pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados. La esperanza de vida al nacer está cayendo debido a la exposición de su población a agentes físicos y químicos diversos. Favorecidas por descalabros ecológicos, emergen nuevas enfermedades transmisibles, el SIDA es la más conocida y vuelven a aparecer con creciente incidencia la tuberculosis, el cólera, el paludismo, el dengue, la fiebre amarilla, entre otras.
La posibilidad de los niños de desarrollarse y convertirse en adultos productivos el día de mañana está fuertemente determinada por la calidad de su salud y educación. Los factores ambientales son importantes ya que pueden causar o exacerbar enfermedades en los niños.
La salud ambiental es aquella parte de las ciencias ambientales que se ocupa de los riesgos y efectos que para la salud humana representan el medio que habita y donde trabaja, los cambios naturales o artificiales que ese lugar manifiesta y la contaminación producida por el mismo hombre a ese medio.
La salud y el desarrollo tienen una relación directa. Tanto el desarrollo insuficiente que conduce a la pobreza como el desarrollo inadecuado que redunda en el consumo excesivo, combinados con el crecimiento de la población mundial, pueden motivar graves problemas de salud relacionados con el ambiente en los países desarrollados y en los países en desarrollo. La salud de una comunidad esta directamente relacionada con factores que condicionan la relación entre salud y enfermedad, y la necesidad básica humana de un ambiente seguro, y uno que provea condicionantes idóneos de salud, y que se expresen en agua pura, alimento y techos adecuados.
La creación de un ambiente para la salud depende de la participación de todos; no solamente en términos de acciones contributivas de todos los miembros, sino de acciones cooperativas entre los sectores. El problema ambiental esta profundamente relacionado con el vínculo que tienen los hombres con su entorno y depende también de la relación de los hombres entre sí.

¿Por qué hablar de Educación Ambiental?

Porque Argentina necesita poner en ejecución unas políticas en educación ambiental que orienten los esfuerzos de numerosos grupos que, de manera organizada o no, realizan acciones tendientes a racionalizar las relaciones del ser humano con el medio natural o transformado. Necesariamente, esta política debe tener como referentes, las estrategias que en este sentido se han formulado tanto a nivel internacional como nacional, dado que la problemática que pretende soluciones y las potencialidades que apuntan a reforzar atraviesan las fronteras locales e internacionales.
Atendiendo al carácter sistémico del ambiente, la educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con el entorno, a partir de conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la vida y en una concepción del desarrollo sostenible.
El cómo se aborda el estudio de la problemática ambiental y el para qué se hace educación ambiental, depende tanto de cómo se concibe la realidad o relación entre el individuo, la sociedad y la naturaleza como de qué tipo de sociedad se quiere. No se trata simplemente de conservar y proteger la naturaleza para el desarrollo sino de construir nuevas realidades, nuevos estilos de desarrollo que permitan manifestar lo que es diferente, en lo cultural y en lo natural.
La Política Ambiental Regional es parte fundamental del proyecto político del desarrollo de cada una de las regiones. Más que un simple documento ella expresa el compromiso ambiental de los servicios públicos nacionales que operan en cada territorio, de los gobiernos regionales y municipios, del sector privado, de las universidades y medios de comunicación, de las ONG's, gremios diversos, organizaciones sociales y otras formas de expresión de la comunidad.
El buen término de una política ambiental requiere de excelencia en la planificación, eficiencia en la gestión y de firmeza y de probada fiscalización. Sin fiscalización o sin el fortalecimiento adecuado de su eficiencia, el diseño institucional, los nuevos cuerpos legales, reglamentarios y otros instrumentos a desarrollar, tendrán pocos o nulos efectos.

Cristian Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social- E-mail: cristianfrers@hotmail.com

lunes, 24 de septiembre de 2007

PROYECTOS

Proto Comuna Caballito
Hechos. No palabras


Les queremos comentar que para el jueves 27 se acordo en la Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires una preferencia para el tratamiento de varios proyectos sobre proteccion patrimonial. De fundamental importancia para la preservacion del patrimonio arquitectonico cultural de la Ciudad.
Se trataran los proyectos. 1753-D-06, 1811-D-07 y 1966-D-07, de Ley, normas para realizar demoliciones, obras nuevas y modificaciones en fachadas y espacios comunes de edificios cuya fecha de construcción sea anterior al 31/12/41.
Asimismo la Comision de Labor Parlamentaria acordo, para el 4 de octubre proximo, dar preferencia al tratamiento de los proyectos: Exp. 1867-D-06, de Ley, modificacion del Codigo de Planeamiento Urbano en el polígono Barrio Caballito. (Frente para la Victoria) y al Exp. 712-D-07, de Ley, rezonificacion de un sector del Barrio de Caballito. (Coalicion Civica). En todos los casos en http://www.cedom.gov.ar/ pueden encontrar el texto completo de los proyectos.
Para empezar la preferencia no implica un acuerdo para la aprobacion de los proyectos. Y si estos no tienen despacho de Comision. Se requiere de una mayoria especial para el tratamiento y la aprobacion de los mismos. Por lo que es fundamental este despacho, que en gran medida depende del macrismo. Que cajoneo, en algunos casos, desde hace mas de un año su tratamiento. Solicitarle a Álvaro Gonzalez . Presidente de la Comision de Planeamiento Urbano el tratamiento seria de gran utilidad.(4338-3190, despagonzalez@legislatura.gov.ar , info@alvarogonzalez.com.ar ) .
En lo que se refiere a los proyectos sobre Caballito. Nosotros consideramos que el mejor para nuestro barrio es el 1867-D-06. Ya que establece normativa para toda la superficie de Caballito. Tomando en cuenta las diferentes realidades que se pueden presentar en toda su extencion (6,8 km2 o 247 manzanas,.como mas les guste).
El proyecto 712-D-07 se concentra en aproximadamente 50 manzanas de nuestro barrio. De aprobarse, seguramente solucionara la problematica de los vecinos que ahi viven. Pero a costa de incrementar la demanda de contruccion de edificios de altura en las restantes zonas de Caballito. Agravando la ya dificil situacion que estamos pasando.
Desde siempre hemos pregonado la unidad de los diferentes territorios que presenta nuestra barriada. Y la necesidad de buscar soluciones integrales para nuestra situacion Nunca apoyamos los parches ni las soluciones personales. La problematica es de Caballito. Y las soluciones deben pensar en nuestra integridad.
Desde ya adelantamos que concurriremos a la Legislatura el proximo 4 para defender nuestros derechos a una mejor calidad de vida y a un crecimiento sustentable. E invitamos a todos los vecinos a acompañarnos.
Por ultimo los invitamos a visitar http://www.youtube.com/prensacaballito donde posteamos un video de menos de 4 minutos llamado FRENO A LAS TORRES.
Un fraternal saludo.

Lic. Gustavo Desplats
Coordinador Proto Comuna Caballito

INFORMES: . 4903-7444 15-4163-5901
Envio de correo SOLO a
VIDEOS

Pueden reproducir total o parcialmente, desgrabar, copiar, distribuir en todo soporte cualquier contenido de nuestro canal de youtube y blogs. Citando la fuente

MERECEMOS UN CABALLITO MEJOR
OTRA BUENOS AIRES ES POSIBLE
POR UNA ARGENTINA EN SERIO

lunes, 17 de septiembre de 2007

ARTICULO


Suplemento CASH de Página 12


crisis habitacional en la ciudad de buenos aires
El deseo de la casa propia
El déficit de viviendas es muy importante en la Capital. El problema habitacional, entre la crisis de crecimiento y la exclusión estructural.


Por Sebastian Premici


El problema habitacional de la ciudad de Buenos Aires no sólo involucra a la Villa 31, donde viven aproximadamente 22.000 personas, que serían reubicadas según los planes de Mauricio Macri. Para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, el déficit es de 86.125 viviendas, el 8,4 por ciento del total de hogares. Las personas con dificultad para acceder a un hogar propio –los que viven en villas, inquilinatos, hoteles, entre otros– alcanzan al millón. La Legislatura porteña declaró la emergencia en 2004. Desde entonces, pese al boom inmobiliario, la situación sigue igual. En lo que va del año, fueron desalojadas en la ciudad 11.400 personas, cuando en todo 2006 sumaron 12.438 habitantes.
El problema habitacional oscila entre dos posiciones: crisis de crecimiento y exclusión estructural. Un ejemplo de lo primero es Caballito. “Se ha producido un proceso de concentración de la construcción que es aberrante. Caballito, Villa Urquiza y Palermo reúnen el 47 por ciento de todas las obras durante 2006. Hay nueve barrios que concentran el 80 por ciento de todo lo construido. Los catorce del Sur, que representan el 35 por ciento, sólo participaron del 5 por ciento de esa expansión”, explicó a Cash Gustavo Desplats, dirigente de la asociación vecinal Protocomuna de Caballito.
Foto: Bernardino Avila
“Se elige una manzana para construir una torre de veinte pisos (dos departamentos por piso); a cuatro personas por unidad, son ciento sesenta individuos. Esto trae problemas de infraestructura y de servicios, problemas de elevación de temperatura por hormigón armado, etc. Hay que planificar la manera en que crece un barrio”, indicó a este suplemento Osvaldo Sidoli, integrante de la Red de Abogados Voluntarios de Poder Ciudadano. Para el ministro de la Producción, Enrique Rodríguez, deberían invertirse en toda la ciudad 1000 millones de dólares en cloacas, agua potable y diferentes obras.
Daniel Chain, que proviene de la constructora del Grupo Macri, es la persona que está trabajando en los lineamientos para el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del futuro gobierno. Su visión sobre la ciudad es la de una mayor densificación, es decir, poner más gente en un mismo lugar. El crecimiento vegetativo de la ciudad –según el censo de 2001, 2.700.000 habitantes– es del 1,5 por ciento anual. “Cuando uno densifica menos, más personas se quedarán sin vivienda, es un esquema expulsivo. Si no hay vivienda, hay que ir a buscarlas a otro lado”, precisó Chain. Pero no es el único modelo que existe, según evalúa el arquitecto Rodolfo Livingston: “Si uno camina por la calle Córdoba y ve un gran cartel, generalmente no sabe que allí hay un hueco. Es decir, la ciudad está llena de huecos donde podría construirse, para hacer casitas de uno o dos pisos, donde podrían intervenir muchos maestros mayores de obras y albañiles. En el caso de los grandes proyectos inmobiliarios, generalmente se les da trabajo a muy pocas personas”.
Macri buscará urbanizar las villas como vía para abordar la segunda cuestión del problema habitacional: la exclusión estructural. “No hay políticas estándares para ingresar a una villa. En relación con la Villa 31, hay que resolver el problema del transporte (Retiro, el Puerto, el tráfico de colectivos). Pero también están presentes los desarrollos inmobiliarios para la zona. Esta historia es como el huevo y la gallina. Por eso queremos el control de la policía y las tierras del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado. Calculo que encontraremos una solución mixta, ni topadoras ni una urbanización completa”, afirmó a Cash el macrista Alvaro González, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano.
La arquitectura y el urbanismo confunden generalmente la resolución de un problema con el cambio de lugar de un problema. Los de Caballito quieren que las torres se construyan en otro lado, los de Ensenada que se arroje la basura en otro barrio; los de Parque Patricios no quieren viviendas sociales cerca. Y Macri quiere erradicar la Villa 31. “Hay una confusión entre el problema y el lugar. Se piensa que el problema son las villas y las torres, pero no es así. Antes de hacer un Plan Urbano es necesaria la participación de todos los actores involucrados porque no es posible mover la población de un lado al otro porque un Plan lo disponga. Hay un tema de sociología urbana y psicología social que debe tenerse en cuenta”, reflexionó el arquitecto Juan Molina y Vedia.


sábado, 15 de septiembre de 2007

PATRIMONIO II

Diario PAGINA 12, Suplemento M2
Las aventuras de Montevideo 1250

Por Sergio Kiernan

En todo lo que sea patrimonio, el gobierno porteño nos tiene acostumbrados a un nivel de incoherencia, apatía y arrugue ya desolador. Pero en estas últimas semanas, el equipo que todavía encabeza Jorge Telerman protagonizó un papelonazo memorable, nada menos que ante la Justicia porteña. Un funcionario de alto nivel primero se “olvidó” de cumplir la ley y luego la rompió con premeditación y alevosía, y otro terminó siendo más papista que el Papa, cuidándole el bolsillo a una empresa privada y no al pueblo de su ciudad.
Este carnaval gira alrededor de la magnífica residencia de los Bemberg en la calle Montevideo al 1200, uno de los edificios franceses más lindos que tiene Buenos Aires y exactamente el único en su estilo que le queda a nuestra castigada ciudad. Como se sabe, el edificio no existiría si no fuera por la velocidad mental y legal de los vecinos reunidos en Basta de Demoler, un grupo profundamente cansado de la piqueta indiscriminada. Una empresa privada se preparaba para destruirlo y construir una torre, según parece una de particular fealdad y fachadas vidriadas. Los vecinos lo evitaron con un recurso de amparo al que hizo lugar la Justicia porteña que, ducha en saber con qué bueyes anda uno arando, puso una consigna policial para que no haya demoliciones nocturnas.
Lo curioso del asunto es que nada de esto hubiera pasado si los funcionarios del gobierno porteño cumplieran con sus deberes y el jefe de ese gobierno alguna vez se diera por enterado del tema patrimonial. Sucede que el 18 de julio se había abierto un expediente de catalogación del caserón de Montevideo 1250, que el 23 de ese mismo mes fue girado, como manda el trámite, al subsecretario de Planeamiento Urbano. Este funcionario se llama Mario Sabugo, es arquitecto y sabe que cuando se recibe un expediente de catalogación su deber es hacer dos cosas: inhibir el edificio hasta que se resuelva por sí o por no la catalogación, y girar todo el tema al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Sabugo, curiosamente, se “olvidó” de lo primero pero cumplió con lo segundo.
Pocos días después de todo esto, Planeamiento Urbano recibió otro expediente, el que pedía autorización para demoler completamente el petit hotel. Pese al expediente de catalogación enviado por la legisladora porteña Teresa de Anchorena, pese a que se cumplió el trámite de enviar el tema al CAAP, resultó que el lote no estaba inhibido. Planeamiento, en una incoherencia completa y faltando a la ley, autorizó la destrucción del edificio el primero de agosto.
¿Queda claro? Planeamiento faltó a la ley al no inhibir el edificio hasta que la Legislatura decida la catalogación y la quebró a fondo al autorizar que se demuela.
Mientras tanto, el CAAP estudiaba el tema y terminaba, el 21 de agosto, votando a favor de recomendar la catalogación. El bloque a favor incluyó al representante de la Sociedad Central de Arquitectos, entidad que no está formada precisamente por patrimonialistas. E incluyó también a la doctora Nora Galli, que representa en ese consejo asesor al Poder Ejecutivo porteño. El mismo Poder Ejecutivo que, a través de su Ministerio de Planeamiento, autorizaba que se demuela.
La frutilla del postre es un verdadero misterio, inexplicable desde cualquier definición de coherencia. Resulta que la obra quedó parada por orden judicial que, como toda orden judicial, se puede apelar, en este caso ante la Cámara porteña. Y el primero en apelar no fue el particular afectado, el dueño –o dueños– del edificio y futuros constructores de la fea torre. El primero en apelar fue el procurador de la Ciudad, que también representa al Poder Ejecutivo porteño. Los dueños del edificio apelaron también, pero después.
Esto es un misterio oscuro como la medianoche por una razón muy simple: al gobierno porteño, al pueblo porteño, al estado de esta ciudad, no le afecta en lo más mínimo que el edificio no se demuela. No hay modo de inventar que el pueblo de esta ciudad quedaría lesado en sus intereses si el amparo se sostiene. Para mejor, la apelación termina de redondear la incoherencia fatídica del Ejecutivo porteño: su Ministerio de Cultura sigue en el sueño de los justos, abúlico ante estos temas; su Ministerio de Planeamiento da autorizaciones manifiestamente ilegales de demoler; su representante en el CAAP vota por la protección; su Procuración apela para que no se proteja nada.
El caso está en la Cámara porteña que, entre tanto zigzag, tiene una guía clara: hay un trámite de catalogación, lo que implica legalmente que no se demuela hasta que se apruebe o rechace. No es un amparo eterno, no se pide a la Justicia que ande protegiendo edificios históricos. En rigor, se le pide que haga lo que debería haber hecho el arquitecto Sabugo, un hombre distraído.

PATRIMONIO URBANO

Diario PAGINA 12, Suplemento M2

El debate que viene
El tema patrimonial ya salió de los círculos especializados y entró en la política porteña por la movilización de los vecinos y el eco en los medios. Ya se abrió el debate en la Legislatura con tres proyectos de ley.

Por Sergio Kiernan

El tema patrimonial está pisando fuerte en la Legislatura porteña, porque cada vez tiene más presencia en los medios y porque ya más de un barrio de la ciudad tomó la calle contra las demoliciones. En los días y semanas que vienen se va a escuchar en el palacio de la calle Perú debatir nada menos que tres proyectos importantes para el tema, mientras que en la comisión de Patrimonio Arquitectónico se busca unificarlos en uno solo. Como no ocurrió antes con el tema patrimonial, hasta se empiezan a ver las diferencias partidarias típicas de un tema que existe políticamente. No es poco.
Uno de los tres proyectos es del diputado Jorge Enríquez, del PRO/Juntos por Buenos Aires, que pide simplemente que la Legislatura suspenda la demolición de los edificios que figuran en el inventario realizado por el ministerio de Cultura porteño como “edificios representativos de la Ciudad”. Esta protección es explícitamente para evitar que sean demolidos antes de que haya tiempo de debatir si se los cataloga o no.
Curiosamente, estos edificios ya deberían estar protegidos por el mismo hecho de estar en ese inventario, como se descubrió en el caso de Callao 924, un petit hotel ya destruido. Al parecer, la ya famosa abulia de la ministra de Cultura porteña –conocida por considerar la protección patrimonial una utopía más difícil que la paz mundial– evitó que se cumpliera. Es más, ni siquiera las marchas y protestas por la demolición de Callao 924 la despertaron, a ella o a su jefe, Jorge Telerman.
El segundo proyecto es de los legisladores Fernando Caeiro y Teresa de Anchorena, ambos de la Coalición Cívica, y pide la emergencia patrimonial de la ciudad por un plazo de 365 días corridos. Esto es una reivindicación explícita de todos los grupos de vecinos movilizados: que no se demuelan edificios de valor patrimonial por un año, para dar tiempo de debatir un régimen de protección coherente. El proyecto de Anchorena y Caeiro incluye el área comprendida por el peculiar proyecto de Paisaje Cultural de la Unesco con el que Telerman soñó conquistar París, y todo edificio construido antes del 1º de enero de 1942, año del que se dispone el primer catastro completo de la ciudad.
Esto no es un congelamiento completo sino un simple trámite especial que hace que estos edificios no puedan demolerse sin el visto bueno del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de la Ciudad, ente compuesto por un representante de la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, otro de la comisión de Patrimonio, otro del ministerio de Cultura porteño, otro de la comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico, otro de la Comisión Nacional de monumentos y lugares históricos, otro de la Sociedad Central de Arquitectos, otro de la FADU-UBA, otro del Icomos, otro del Cicop, otro del Instituto de Investigación de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, y otro del CPAU. El consejo es presidido por el subsecretario de Planeamiento e Interpretación urbanística. Si el CAAP no considera el edificio valioso, se lo demuele y listo. Si le ve el valor, se lo inhibe y comienza el trámite normal para ver si se lo cataloga o no, en el cual hay por lo menos dos instancias en que el público y los propietarios pueden pronunciarse a favor o en contra.
En los pasillos de la Legislatura se ve a estos dos proyectos con chances favorables, ya que muestran voluntades favorables en varios bloques y partidos. Aunque mientras el diputado Enríquez busca con rigor que el Ejecutivo cumpla la ley, su colega del PRO –y de Juntos por Buenos Aires–, Alvaro González, se opone cerradamente a cualquier cosa que limite la piqueta. Es que González preside la comisión de Planeamiento y no está tan atento a lo que quieren los votantes como a lo que quiere la industria de la construcción.
El tercer proyecto es el más abarcador. Es, nuevamente, el proyecto “1942” de la diputada Teresa de Anchorena, presidente de la Comisión de patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura. El proyecto es muy simple y toma una idea que ya rige en Rosario, ciudad que vive un boom y no sufrió ninguna catástrofe bíblica por velar por su patrimonio. Todo edificio construido antes del 1º de enero de 1942 está protegido en principio y no puede ser demolido sin el visto bueno del CAAP. Si el CAAP lo considera sin valor, por múltiples razones, el parecer allana el expediente de demolición. O el expediente va a la Legislatura, con la recomendación de que se inicie el trámite de catalogación. Como se ve, similar a la emergencia patrimonial y nada particularmente draconiano.
Habrá reuniones de comisión, primero en Patrimonio y luego en Planeamiento, y luego hay que votar en el recinto. Lo importante es que el tema ya no queda olvidado y languideciendo en algún cajón, cómodamente olvidado por falta de peso político. Hay gente en la calle por el patrimonio, hay cada vez más cobertura mediática del asunto, que ya no es para especialistas. Y en octubre se vota de nuevo.

jueves, 13 de septiembre de 2007

REPORTAJE

Revista FORTUNA
REPORTAJE: Pablo Sanguinetti
“La obra pública incentiva la inversión privada”

El especialista en economía urbana habla de los problemas en la ciudad de Buenos Aires. La inseguridad, la contaminación y la calidad de vida. Cómo impactan las regulaciones y las obras de infraestructura en la geografía económica.

Por Carlos Sueldo

La economía urbana es "una forma de entender cómo afectan los incentivos económicos el desarrollo de un territorio y, a partir de allí, cómo hacer para que los incentivos privados sean consistentes como maximizadores del valor social. Surge a partir de un diagnóstico en el área del urbanismo, donde había un enfoque muy ‘físico’, propio de las escuelas tradicionales, que atendía muy poco a los incentivos económicos que hay detrás del desarrollo de las ciudades. Ese enfoque pone mucho énfasis en la planificación física, pero no desde el punto de vista de la dinámica que generan las altas densidades. Esta especialización intenta ocupar ese espacio. La idea es entender los incentivos económicos detrás del desarrollo de las ciudades para darle instrumentos al planificador público que generen un desarrollo urbano más balanceado". La definición de Pablo Sanguinetti, director de la Maestría en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella, explica una especialización que surgió primero como postgrado y que, desde hace dos años se dicta como maestría.
Fortuna: ¿Cómo es un desarrollo urbano balanceado?
Sanguinetti: El planificador "físico" busca un balance geográfico en la distribución de la riqueza, en términos de activos urbanos. Pero lo cierto es que no se puede mudar a los ricos donde están los pobres y viceversa. El mercado y sus agentes privados tienen una dinámica propia que se debe afectar, por ejemplo, a partir de regulaciones del uso del suelo. En las ciudades se producen muchas fallas de mercado y gran parte de los problemas tienen que ver con eso. Por ejemplo, cuestiones de polución o de congestión, entre otras. Las fuerzas del mercado por sí solas pueden generar "deseconomías" o externalidades negativas que requieren ser reguladas.
Fortuna: ¿Se promueve entonces un mayor intervencionismo?
Sanguinetti: Por supuesto, la misma economía liberal dice que se justifica la intervención estatal, a través de la regulación, cuando hay fallas del mercado. El objetivo de la economía urbana es hacer que las fuerzas de mercado maximicen no sólo el valor privado, sino también el valor social de las inversiones. La idea es que el precio que alguien paga por una propiedad refleje también sus costos sociales. Un ejemplo muy actual es lo que pasa con las torres de Caballito. Allí hubo una mala planificación, ya que no se tomo en cuenta cómo minimizar el costo social. No se asumió eso. Son elementos muy importantes para el planificador urbano, pero también para los developers privados.
Fortuna: ¿Alcanza a otros actores privados o públicos?
Sanguinetti: A todo aquel que planifica proyectos de infraestructura urbana. La economía urbana tiene que ver primero con modelos de localización, tanto de personas como de empresas, para minimizar los costos totales, entre los cuales incluye los de producción, distribución y los llamados "costos sociales". En esos costos no sólo se incorporan los propios, sino los asociados a las economías de aglomeración, de los "distritos industriales". Hay una materia que estudia la provisión óptima de bienes públicos urbanos y cómo deberían regularse. Y también tiene que ver con el principio del máximo beneficio: se provee hasta que el beneficio es igual a los costos… La economía urbana pone énfasis en cómo impactan las regulaciones, las obras de infraestructura, en la geografía económica.
Fortuna: ¿Cómo se puede ver el impacto de las regulaciones en la geografía urbana?
Sanguinetti: Por ejemplo, lo que hacemos es mirar muchos indicadores de servicios públicos, los valores de la propiedad, densidades demográficas, etcétera. Utilizamos algo que se llama Geographic Information System (GIS) que permite "mapear" variables económicas en el espacio territorial de una ciudad. El desarrollo lleva a la urbanización. El 80% de la población vive en ciudades. Y el nivel de bienestar de los ciudadanos muchas veces depende de la calidad de vida en su entorno, no solamente en la vivienda y el barrio. El bienestar no sólo depende del ingreso, sino de que no te roben cuando salís, de tener un espacio verde cerca, un centro de deportes, una biblioteca, teatro, buenos accesos. Eso puede determinar el nivel de bienestar de una forma importante y muchas veces no están reflejados en los indicadores de ingreso.
Fortuna: ¿Se utiliza en los rankings de ciudades más atractivas para vivir?
Sanguinetti: Sí. Uno de los indicadores de competitividad de los países y las ciudades tiene que ver con la calidad de vida, que está reflejada en el tipo de vida que ofrecen. Buenos Aires, por ejemplo, sigue estando bien catalogada, a pesar de sus disparidades. La economía urbana, además, puede ver eso en forma mucho más desagregada. Aporta instrumentos para ir a niveles de análisis mucho más concentrados en territorios determinados. Muchas veces el enfoque del desarrollo urbano se realiza en términos sectoriales, es decir, en cuanto a la provisión de educación, salud o vivienda. Pero también hay que ver el territorio en particular, ya que en cada área puede haber necesidades muy distintas.
Fortuna: ¿En qué grado ha estado presente este enfoque en las políticas públicas?
Sanguinetti: Yo creo que en la mayoría de las políticas públicas de desarrollo urbano ha prevalecido ese enfoque sectorial. Es decir, se pensó siempre que lo que se necesitaba son cloacas, educación o pavimento, sin tener en cuenta la valuación en cada espacio. Los precios de mercado reflejan todo, incluso las externalidades negativas. De todos modos, yo creo que la ciudad de Buenos Aires ha empezado a tener ese cambio de enfoque, a partir de los proyectos para revalorizar la zona sur, o la descentralización de los Centros de Participación, por ejemplo. Quizás todavía no hemos visto mayores resultados.
Fortuna: ¿La economía urbana toma en cuenta también la disponibilidad de recursos?Sanguinetti: Para cambiar una dinámica de desarrollo, se necesita una mayor asignación de recursos públicos, además de un cambio de normativa. El presupuesto público debe estar bien distribuido geográficamente. Pero la obra pública debe ayudar a motorizar la inversión privada. Lo del tenis en Parque Roca, por ejemplo, es una buena idea. Cosas similares se hicieron por ejemplo en Texas, donde el nuevo estadio de los San Antonio Spurs se construyó en la parte más postergada de la ciudad.
Fortuna: ¿Hay una fórmula general para definir cuánto debe haber de inversión pública y cuánto de esfuerzo privado?
Sanguinetti: No, las formas de intervención del sector público pueden ser muy variadas: desde desgravaciones impositivas hasta inversión directa en obras o la concesión de terrenos fiscales. Esto requiere sobre todo buena gestión, no sólo tiene que haber un plan estratégico que mire y tenga en cuenta los incentivos económicos, sino mucha gestión en donde el sector público actúe y haga que las fuerzas de mercado colaboren con el esfuerzo público. Por eso es el área donde más se intersectan el interés privado con el público. El problema es que hasta hace muy poco, la visión que había era que si vos eras un funcionario público y eras honesto, no podías reunirte con nadie del sector privado, porque significaba "curro"; o el extremo opuesto, que si uno quería desarrollar cosas, el sector privado debía hacer lo que quisiera. La idea es tener una visión intermedia. Para evitar la corrupción, tiene que haber un plan que tenga en cuenta la economía de los desarrollos.
Fortuna: ¿Desde la maestría hay puntos de contacto con áreas del gobierno de la ciudad?Sanguinetti: Hay una materia que se llama Taller de Economía Urbana, a través de la cual hacemos convenios con distintas entidades territoriales. Por ejemplo, hemos trabajado sobre el problema del Riachuelo, en La Matanza, para ver por qué ese área está tan degradada, y vimos que no era sólo un problema de contaminación, sino los valores de propiedad muy bajos, basurales abiertos con un problema de límites, de coordinación de distintos niveles de gobierno, etcétera.
Fortuna: ¿Participaron en el plan de la Secretaría de Medio Ambiente para mudar el polo petroquímico de Dock Sud?
Sanguinetti: No. Y allí sería fundamental un abordaje desde la economía urbana. Lo que ocurre muchas veces es que las ciudades crecen y terminan rodeando a los suburbios industriales. Hay que ver cómo se hace compatible el desarrollo económico con un entorno urbano, ya que la actividad económica siempre produce polución. Entonces, se debe analizar cómo asignar derechos de forma tal que aquel que "poluta" es porque realmente lo necesita hacer y lo paga. Hay instrumentos económicos para ello.
Fortuna: ¿Qué problemas son urgentes para la Ciudad de Buenos Aires?
Sanguinetti: El problema del sur de la ciudad y el uso del puerto son dos temas muy importantes. Otro es el tratamiento de residuos, que tiene la particularidad de que puede ser un problema "metropolitano", es decir, necesita un nivel de coordinación entre la Ciudad y los municipios del Conurbano. Allí está faltando quizás un ámbito de coordinación de políticas con los municipios vecinos. El tema de la seguridad es otro aspecto que debería descentralizarse, pero el delito no tiene límites, así que también puede requerir cierta coordinación entre la Ciudad y los municipios.
Fortuna: ¿Son parecidos a los problemas de otras grandes ciudades como San Pablo o Mexico D.F.?
Sanguinetti: Por supuesto. Pero en Buenos Aires incluso estamos mejor, aunque no quiere decir que no haya problemas. Muchas reformas que se hicieron en los ´90 en América latina fueron buenas, pero es cierto que dejaron marcas en el territorio que hay que mirarlas. Hay ciertas ciudades o áreas que se desarrollaron más o menos, generando desequilibrios que deben ser abordados a través del enfoque de economía urbana.

MAR DEL PLATA

Diario 0223

Reclaman que se realice “amplio debate” antes de autorizar construcción de torres en Alem

Se profundiza el rechazo contra la construcción indiscriminada de torres en el Barrio San Carlos. La concejal radical, Verónica Hourquebié, manifestó en declaraciones a 0223.com.ar que “hoy por hoy no votaría el expediente” que posibilita modificar la normativa urbanística prescripta en el Código de Ordenamiento Territorial, en las manzanas comprendidas entre la Avenida Juan J. Paso y las calles Alem, Bernardo O 'Higgins y Bernardo de Irigoyen. La edil sostuvo que, al contrario de otras ciudades del mundo, Mar del Plata “destruye el patrimonio con la excusa de la modernización” y apuntó que la posible construcción de torres podría acarrear gravísimos perjuicios con relación a la prestación de los servicios de agua y cloacas. Hourquebié sostuvo que si bien el tema de las reformas puede tener un debate, hoy por hoy existen otros problemas que aquejan a los vecinos de la zona y que no se han resuelto. “Sobre la zona de Alem hay un tema que todavía no se solucionó, que es el de la nocturnidad. Los mismos vecinos se están quejando de que esto lleva un montón de gente y sobre las habilitaciones que se están dando, y esa es una de las razones por las que no votaría el expediente. No se ha resuelto un tema y encima se habla de construir torres, lo que incrementaría la densidad poblacional y traería problemas en los servicios”, apuntó. Y sobre esto último agregó que el mismo presidente de Obras Sanitarias Sociedad de Estado, Carlos Katz, ha estado diciendo que no está hecho un parámetro en cuanto al tema cloacal y de agua. “Sería sumar un problema más sin haber solucionado el otro”, expresó la edil de la UCR quien añadió: “El titular de OSSE manifestó los inconvenientes que surgen por las deficiencias en cuanto a las estructuras, no solo en la zona de Alem sino en varias zonas de Mar del Plata. De hecho sabemos que llega el verano y Punta Mogotes no recibe bien la presión del agua”. Cabe señalar que el 14 de noviembre de 2006, el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman suspendió por 90 días los trámites de permisos para construir torres en Caballito, Palermo, Núñez, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón. Cumplido el plazo, levantó la suspensión y, con el decreto 220, exigió que para tramitar nuevos permisos en esos barrios (excepto en Núñez) hay que presentar un certificado de factibilidad de suministro de agua potable y cloacas expedido por AySA (ex Aguas Argentinas). Además, hay que presentar un estudio de impacto ambiental. En cuanto a las nuevas construcciones altas que se pretenden poner en marcha sobre la costa marplatense, la edil Hourquebié señaló: “No estoy en contra del progreso ni de la modernización, pero me parece que hay que hacer un estudio. En ciudades de otros países se construye en donde se quiere fomentar la industria, pero cuidan lo que es el patrimonio histórico e invierten en preservarlo. Acá parece que es todo al revés, se destruye el patrimonio con la excusa de la modernización. Me parece que son cosas que pueden ir de la mano, pero con una planificación verdadera”, opinó. Finalmente dijo que “tiene que cuidarse la identidad y protegerse los patrimonios culturales” y consideró que antes de aprobar algo se debe consultar no solo con los vecinos sino también con los profesionales y Colegios que entienden en el tema. “Tiene que ser un debate amplio”, concluyó.

AUTOR / FUENTE: Celeste Vergara

MAS CONSTRUCTORAS NEGLIGENTES

SIGUEN LOS DERRUMBES


En el día de hoy se produjeron dos nuevos derrumbes en obras en construcción en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la RED VERDE CIUDADANA venimos anunciando desde hace tiempo la irresponsabilidad de las empresas constructoras, que no toman las medidas necesarias para prevenir estas situaciones. No puede ser que, por apurarse a construir para explotar el negocio inmobiliario, lo hagan mal o no tomen los recaudos necesarios.

El "boom" inmobiliario afecta los derechos adquiridos de los vecinos, ya que modifica sustancialmente sus condiciones de vida. Y, como si esto fuera poco, se le agregan los perjuicios que sufren las propiedades linderas por los derrumbes que se producen accionar negligente de las constructoras. El Gobierno de la Ciudad es cómplice de estos demoronamientos, ya que su poder de fiscalización no llega o llega tarde.

"Deben suspenderse las construcciones por un plazo de 120 días, para poder realizar un control efectivo de las obras en curso, ya que con la aparición de nuevos emprendimientos no se alcanza a controlar las que se están ejecutando".

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de mediados de 2006, pone en evidencia las irregularidades existentes en el órgano de control de las construcciones: la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC): falta de seguimiento de denuncias, trámites incompletos, obras en ejecución que no reúnen todos los requisitos, etc.

La construcción indiscriminada de edificios, sin planeamiento adecuado y control eficiente es una bomba de tiempo que comenzó a explotar. No podemos esperar el agravamiento de la situación. Se deben tomar medidas urgentes:

· Traspaso de la DGFOC a Planeamiento Urbano: no pude ser que el área que planifica la Ciudad no se comunique con la que autoriza las obras.
· Accesibilidad a los expedientes de la DGFOC: dicha Dirección no tiene un procedimiento claro, lo que complica la posibilidad de que el ciudadano acceda al expediente. Además, se deberían poner los mismos en la web para favorecer la participación vecinal en el control.
· Suspensión efectiva de las obras irregulares.
· Efectivización de las notificaciones a los Consejos Profesionales de aquellos profesionales que hubieran cometido irregularidades.
· Limitación de la cantidad de obras que se realizan de manera simultánea en una misma zona

Sin fiscalización adecuada, la seguridad de miles de vecinos de la Ciudad está amenazada.

miércoles, 5 de septiembre de 2007

DECLARACION

CONSTRUCCIÓN INDISCRIMINADA

Las organizaciones vecinales de todo el país, que estamos siendo espectadores de a la sustitución de casas bajas por edificios altos, el cambio de perfil de sus barrios, la construcción indiscriminada (tanto del desarrollo inmobiliario como de obras públicas), sin un previo plan de desarrollo que articule esfuerzos conjuntos para llegar a destinos de interés común a todos los habitantes.

Es indudable que las decisiones referentes a cuestiones ambientales y de planificación urbanística son de tal magnitud e importancia que dejarán su impronta tanto en las generaciones presentes como futuras, prolongando sus efectos por décadas. Resultando de tal trascendencia que escapan a una decisión meramente técnica o de cualquier circunstancial mayoría política.

Por esta razón concluimos:

1. Que es necesidad prioritaria e indeclinable la utilización de las audiencias públicas, consultas populares o el método de participación ciudadana que la legislación de cada zona habilite, para legitimar cualquier resolución que quiera adoptarse en relación con el futuro urbanístico y ambiental de las zonas a implementarse, respetando de este modo la vocación de vida y características individuales de estas poblaciones.
2. Que también la ciudadanía debe tener una participación más allá del rol de sus representantes políticos en:
a. Análisis e información de servicios en su zona de residencia.
b. Aseguramiento de la correcta presentación de planos, programas, proyectos y el presupuesto que respalde cada desarrollo a efectuarse en las áreas en donde habitan.
c. La inclusión necesaria y obligatoria de un estudio de impacto ambiental previo a los permisos de emprendimientos inmobiliarios u obras públicas, en el cual también se debe asegurar la participación ciudadana (obtención de lo que se da en llamar licencia social).
d. La participación ciudadana en todas las áreas municipales relacionadas con el planeamiento urbano y medio ambiente.
e. La inversión con planificación y consulta a los vecinos.

En resumen, quienes integramos la RED VERDE CIUDADANA propendemos a tener un plan urbano ambiental que oriente el desarrollo de las ciudades, cuidando la calidad de vida de la población, resguardando los derechos ambientales y buscando que haya políticas de planeamiento participativo y gestión del ambiente urbano integradas a las políticas de preservación del patrimonio urbano y de desarrollo económico social.


SOS CABALLITO – VECINOS DEL PASAJE VOLTA –
VECINOS DE VILLA PUEYRREDON – BERNAL UNIDO –
QUILMES UNIDO – VECINOS EN DEFENSA DEL PARQUE WARNES
NEUQUINOS EN ACCION
RED VERDE CIUDADANA
http://www.verdeciudadana.blogspot.com/
redverdeciudadana@gmail.com

TUCUMAN

NUEVODIARIOWEB

Tucumán: Todos los ingenios contaminan
Ninguno de los ingenios inspeccionados cumple con la Ley ambiental

Un extenso trabajo realizado por el Departamento Químico de la Gendarmería Nacional, fue presentado ante la Fiscalía Federal de esa provincia. En él, se confirma que los 15 establecimientos azucareros que están radicados en suelo tucumano producen un grave daño ambiental. Nuevo Diario les presenta una detallada síntesis con los efectos que generan cada uno de ellos.Nuevo Diario tuvo acceso a un informe extenso que contempla la situación de 15 ingenios de la provincia de Tucumán efectuado por Gendarmería Nacional de Tucumán, que fue elevado este año a las autoridades de la Fiscalía Federal de Tucumán.Esta investigación realizada por la División Medio Ambiente del Departamento Químico de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional arroja una lapidaria situación, ya que los 15 ingenios contaminan, a través de distintos hollines y desechos líquidos, que son derivados a la Cuenca Salí-Dulce.Según la documentación, las investigaciones se iniciaron de oficio en fecha 28 de agosto de 2006, en período de zafra azucarera, con el objeto de determinar si las distintas denuncias por contaminación producto de la elaboración de azúcar, tienen asidero suficiente, y en su caso, si se infringe la Ley 24.051. Entregándose los resultados en marzo del presente año, ya que se debe indicar que se desprende de los informes, que en la mayoría de los casos no se brindó la información requerida.El informe da a conocer la situación de los siguientes ingenios: La Fronterita, San Juan, La Corona, Bella Vista, Aguilares, Cruz Alta, Concepción, La Providencia, Leales, La Florida, La Trinidad, Marapa, Ñuñorco, Santa Bárbara y Santa Rosa.El Escuadrón Nº55 de Gendarmería Nacional de Tucumán procedió a recoger muestras representativas en los distintos lugares, las que fueron analizadas conforme a los parámetros de la Ley 24.051.Asimismo se dispuso que se comisionara personal de dicha fuerza, con el objeto de que se apersonaran con las patrullas ambientales a las distintas zonas expuestas, para averiguar las posibles afecciones a la salud que más se repiten allí, y por qué causas; para ello, debían pedir colaboración y tomar declaraciones testimoniales de empleados, médicos y personas a cargo. En especial, según indican los informes, se debía preguntar si se presentaban casos producidos por algún tipo de contaminación, sea de aguas o de aire, y por qué razón; si se derivan los casos a otros centros asistenciales; cuántos casos se atienden por mes; si los mismos pueden deberse a la toxicidad de los desechos de los ingenios de la zona, o a las emisiones de sus chimeneas.La contaminación que generan las industrias tucumanas, especialmente los ingenios, no sólo al aire sino también al agua es una problemática que desde hace años viene sufriendo Tucumán y también Santiago del Estero.Sin embargo, se debe destacar que durante el año pasado y el presente hubo claras muestras de comenzar a revertir esa situación.En ese sentido, el viernes pasado el escuadrón 55 Tucumán de la Gendarmería Nacional realizó un allanamiento en el ingenio La Trinidad.La orden fue dispuesta por Mario Racedo, juez Federal subrogante a cargo del Juzgado Federal Nº 2. Esta medida forma parte de la investigación judicial que lleva adelante el fiscal Federal Carlos Brito, respecto de la denuncia que realizó el Gobierno de Santiago del Estero sobre presunta infracción a la Ley 24.051, de residuos peligrosos.Según indicaron los medios tucumanos, la hipótesis de las autoridades de la Provincia vecina es que la industria tucumana podría ser responsable de la contaminación de los ríos Salí y Dulce.Es así que Gendarmería tomó muestras de líquidos y sólidos que emanan del ingenio y que son vertidos a los cursos de agua interiores y exteriores.Según trascendió, a través de los medios de Tucumán, la intención del juez Racedo sería disponer medidas similares en otros ingenios e incluso extender la búsqueda de pruebas a otras industrias, como la citrícola y la cárnica, y a los basurales.

MERCEDES

NOTICIAS MERCEDINAS
En la Justicia Federal de Mercedes se debe resolver importante causa por contaminación
Se trata de una demanda de la ONG “Justicia Ambiental” contra Curtarsa. Le exigen recomponer el suelo en Jáuregui y el del lecho del río Luján, así como el acuífero subterráneo.

Se tramita en la justicia de Mercedes una importante causa por contaminación ambiental en la que un grupo de vecinos a través de una organización no gubernamental reclama a una industria de la zona recomponer el suelo y el del lecho del río Luján, así como el acuífero subterráneo.
Conocida es la preocupación que hay en la vecina localidad de Luján por las estadísticas alarmantes de cáncer que hay en Jáuregui y de ahí que incluso se pretende la relocalización de Curtarsa, empresa enclavada en el centro de la localidad de referencia.
El doctor Sebastián San Pedro y su par Hugo Linares son los patrocinantes de la ONG ambientalista “Justicia Ambiental”, que ha iniciado ante el Juzgado Federal de Mercedes una demanda contra Curtarsa SAIC, a la que pretende se la condene a cesar la contaminación y daño a la salud que su actividad produce y la recomposición del daño ambiental ya producido.
“En el proceso se ha trabado la litis y la demandada, a contrario de la que piensa la comunidad afectada y reflejan desde hace años los medios locales y el Poder Legislativo de la Provincia, ha calificado sorprendentemente la pretensión de Justicia Ambiental como temeraria y maliciosa”, consideró el doctor Linares, e informó que si bien la ONG de referencia tiene su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, como toda persona jurídica puede actuar en cualquier parte de la República. “Nos llama la atención que a pesar de la intensa actividad que la comunidad de Jáuregui ha realizado contra Curtarsa y la imputación de que ha producido su actividad cáncer en la población, nunca se haya tomado el toro por las astas, o sea llevar el caso a los estrados judiciales”, marcaron los patrocinantes de “Justicia Ambiental”, ONG que actúa por derecho propio, pero a la vez con base en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional que habilitan a este tipo de personas jurídicas a ejercer acciones que tienden al cese y recomposición del daño ambiental, como daño colectivo que afecta a todas las personas y al futuro.
“La contaminación que se imputa a Curtarsa SA es debida a que en su proceso industrial se utilizan diversas sustancias muy contaminantes halladas por Greenpeace en su estudio zonal y que se han precipitado al medio ambiente colindante. En especial el cromo con el que se ha contaminado tanto el suelo de la fábrica como el colindante, los cursos de agua linderos y los acuíferos”, dijo Linares sobre el caso y destacó que según la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25675, la empresa tendría que realizar las obras para recomponer tanto el suelo de su fábrica, el colindante y el del lecho del río Luján, como así también el acuífero subterráneo.
“Existe sobre el punto un importante sustento doctrinario y pronunciamientos reiterados de la jurisprudencia, lo que me permiten afirmar que la demanda es desde el punto de vista del derecho como de gestión ambiental muy sólida”, consideró el abogado de este importante caso que se tramita en el Juzgado Federal de Mercedes, en una acción que no pretende la indemnización de daños y perjuicios individuales, sino la condena al cese y recomposición referido.
La causa se tramita en el Juzgado Federal de Mercedes, Secretaría Civil, bajo el expediente “Justicia Ambiental c/ Curtarsa”. En la Secretaría Penal del mismo Juzgado y la Fiscalía Penal Federal, tramita también una investigación penal por la posible comisión de delitos en la contaminación que se atribuye a Curtarsa.
También con las papelerasLa ONG “Justicia Ambiental” es conocida por su participación en el conflicto de las papeleras. El juez federal de Concepción del Uruguay hizo lugar a un pedido de la ONG Justicia Ambiental para que se realicen relevamientos del estado ecológico en las zonas de influencia de Botnia y Ence, para tomar registros de la calidad del agua, el suelo, flora y fauna y datos sobre el movimiento turístico de la zona, antes de que las pasteras entrasen en actividad.

CARTA

Agencia NOVA

Correo de Lectores
Nací y elegí vivir en un barrio arbolado, con sol, luz y sin olor a cloacas


Señor Director de Agencia NOVA:

Nueve manzanas, 54 construcciones simultáneas que van de los mil metros cuadrados en los terrenos mas pequeños en adelante, delimitadas por la calle Arévalo (vereda norte) y vereda sur de la calle Dorrego, entre las avenidas Santa Fe y Niceto Vega, la muestra comprende las obras en construcción hasta el 15 de julio, lamentablemente el número aumenta diariamente. La falta del cartel de aviso de obra reglamentario en muchas de estas obras hace imposible el cálculo de los metros totales que se incorporan.

No obstante, teniendo en cuenta que las obras van desde mil a 5 mil metros cuadrados, un promedio mínimo daría 1500 metros cuadrados por obra, lo cual multiplicado por las 54 obras relevadas, da como resultado que se estarían incorporando 81 mil metros cuadrados. Si calculamos un promedio de 2 mil, este número seria 108 mil metros cuadrados.

Los nuevos permisos para construcción que se entregan a diario agravan los perjuicios ocasionados a los vecinos, ya sea por el alto nivel de ruido y de contaminación, la saturación de los servicios y la destrucción acelerada de la fisonomía del barrio.

El barrio de Palermo Viejo o Hollywood, según la moderna denominación, se caracterizaba por ser un barrio bajo, con mayoría de edificaciones planteadas en uno o dos pisos, muchas de ellas de principios del siglo pasado. Hasta hace poco tiempo se destacaba por la tranquilidad de sus calles, que hoy se ven interrumpidas por el ruido y los trastornos ocasionados por las obras.

Colegiales, Palermo y Chacarita: Por un proyecto de ley que proteja al barrio, manteniendo su fisonomía, su paisaje, su historia ¡No al abuso! ¡No a las torres! Los derechos urbanos son derechos humanos. Por más sol, menos ruidos, mejores servicios, ambiente limpio y más espacios verdes


Comisión de Acción Vecinal
prensaasambleas@yahoo.com.ar

MAR DEL PLATA

Diario 0223
Vaticinan “tensión social” por la construcción indiscriminada de torres

“El problema más grave de las torres es el suministro de los servicios”, lo dijo el escritor y candidato a intendente por la Coalición Cívica, Carlos Balmaceda, respecto a su opinión con relación a la autorización por la controvertida vía de excepción o decretazos para la construcción de grandes torres en el sector costero y en aquellos barrios donde predomina la especulación inmobiliaria. “Estos emprendimientos vienen de la mano de fuertes inversiones, contratación de mano de obra, financiamiento de proyectos que por un lado son buenos y por otro, malos”, señaló y subrayó que “no darle importancia a este tema es desconocer, que tarde o temprano, se producirán conflictos sociales. Hay que evitar tensiones sociales”. “Tenemos conciencia que este modelo, concretamente la construcción de torres - el desarrollo de espacios cuasi-privados - , no es solo una tendencia en Mar del Plata sino nacional como resultado de una tendencia internacional”, explicó Balmaceda quien agregó que “estos desarrollos urbanos con estas características ya tienen fuerte impacto en ciudades como Río de Janeiro y el sur de España”. “Nos enfrentamos a un problema de moda, cultural, de forma urbana que viene desde otros lugares del mundo, con lo cual obliga a tomar posiciones de conciliación con los sectores que desean realizar estas obras. El más grave problema de las torres es el suministro de los servicios. Y estas construcciones afectan la utilización de servicios de agua, gas o electricidad. Si se resolviera eso, en el fondo, aparentemente no habría mayores problemas”, detalló el escritor. Finalmente dijo que el impacto urbano que esto produce es “para considerarlo y consensuar. Estos emprendimientos vienen de la mano de fuertes inversiones, contratación de mano de obra, financiamiento de proyectos que por un lado son buenos y por otro malos. Esa contradicción es la que se tiene que resolver con especialistas, calidad de vida, medio ambiente. Son temas que hay que trabajarlos con personas con experiencia”. “No darle importancia a este tema es desconocer, que tarde o temprano, se producirán conflicto sociales. Hay que evitar tensiones sociales” recalcó. En cuanto a lo que observa sobre la realidad de Mar del Plata, el candidato de la Coalición Cívica indicó: “Sigue habiendo una cantidad de gente en la pobreza, la indigencia, que continúa siendo manipulada, mientras muchos temas no se resuelven. Proponen un esquema muy confuso. A la gente le cuesta entender esto que se presentó recientemente en la ciudad (por la Concertación Plural)”. “En este momento tan delicado para la política marplatense, casi de emergencia ética y moral en el campo político, queremos dar un testimonio activo de que hay otra posibilidad, otro modelo y otra capacidad de gestión. Estamos preparados para gobernar” concluyó.

AUTOR / FUENTE: Celeste Vergara/Radio Nativa

QUILMES

Diario PERSPECTIVA SUR
En un radio de apenas 154 manzanas
En apenas tres años, más de setenta nuevos edificios llegaron a Quilmes Este
Un cálculo rápido indica que hay un promedio de un nuevo edificios cada dos manzanas. Sin embargo, en algunos sectores la concentración de torres es mucho mayor. El relevamiento fue realizado por los integrantes de Quilmes Unido, quienes rechazan las construcciones masivas. Como dice una frase popular que reza nada es más viejo que el diario de ayer , haciendo referencia a la vertiginosidad con que las cosas cambian en el mundo moderno, algo similar puede ocurrir con el relevamiento realizado por los integrantes de la agrupación vecinal Quilmes Unido, dado que la proliferación de edificios de propiedad horizontal en el ámbito de Quilmes Centro no parece tener freno.Y es en un radio censado de 154 manzanas, que va desde las calles Guido y Sarmiento hasta Hipólito Yrigoyen y Las Heras, el trabajo contabiliza más de setenta nuevas construcciones.Un cálculo rápido arroja el alarmante promedio de un nuevo edificio por cada dos manzanas. Aunque claro, no en todas ellas los vecinos han visto elevarse una nueva torre, con lo cual, queda en claro que algunas manzanas están sufriendo una fuerte concentración de este tipo de propiedades. En el ámbito de 30 manzanas (Mitre, Videla, Saavedra y San Martín) hay una de las dos grandes concentraciones, con 37 edificios. Aquí, el cálculo es 1,3 propiedades por cada manzana. El otro gran grupo es el delimitado por las calles Mitre, Humberto Primo, San Martín, y Guido. Allí, en 30 manzanas hay 22 edificios, casi uno por manzana.
LAS CALLES PREFERIDAS
El relevamiento muestra, además, que hay calles particularmente preferidas por los inversores en el ámbito del plano de Quilmes Este relevado. Uno de los casos más claros es el de la calle Lavalle con siete edificios en marcha, sobre un total de 50.Por su parte, Almirante Brown tiene ocho obras. Y Olavarría cuenta con cuatro. Y cuatro también hay en Alvear y en Brandsen. En total, suman 51 los edificios-torre de propiedad horizontal que se están construyendo actualmente en Quilmes, y 21 los que según el relevamiento de Quilmes Unido fueron terminado entre el 2006 y lo que va a del presente año. Es decir, hay en los últimos tres años una cifra estimada en el orden de las 72 nuevas construcciones de edificios, que se suman a los ya emplazados con anterioridad en las calles del microcentro quilmeño.
COLAPSO EN LOS SERVICIOS
Desde hace dos años a esta parte viene observándose una cada mayor dificultad para transitar vehicularmente por el microcentro de la ciudad, que ha sido abordada en numerosas ocasiones por PERSPECTIVA SUR.Los integrantes de Quilmes Unido atribuyen esta situación a la cada vez mayor cantidad de vehículos en circulación en la ciudad como consecuencia de la irrefrenable llegada de edificios de propiedad horizontal. E incluso, los Bomberos Voluntarios de Quilmes dieron cuenta días atrás del impacto de los conflictos de tránsito que provocaron demoras para llegar a un incendio registrado en el décimo piso de un edificio de la calle Alvear.Sin embargo, el del tránsito no es el único problema que advierten los de Quilmes Unido que va a afectar en lo inmediato la calidad de vida de los quilmeños. Servicios como el gas natural, como la energía eléctrica, o el agua potable va a colapsar irremediablemente una vez que estas propiedades comiencen a comercializarse y estén habitadas, dijo Mario Sinisgalli, uno de los principales referentes de la agrupación vecinal que nació poco después de promediar el mes de enero de 2007. A los repetidos cortes de luz que se registraron en el microcentro durante el último verano, y la falta de presión del gas natural en los más fríos días del invierno, se sumó por estos días el dato del colapso de la red cloacal en torno a las calles Almirante Brown y Humberto Primo, donde sótanos, garages y baños se cubrieron hasta con un metro de aguas servidas.
LA PERDIDA DE LA IDENTIDADO
tro de los aspectos cuestionados por los de Quilmes Unido es la pérdida de la identidad de nuestra ciudad , según dijo Mónica García. Porque hemos visto en estos últimos tiempos como se han demolido chalets históricos, ubicados todos en una línea arquitectónica similar .Los edificios que brotan como hongos en Quilmes Este tienen un perfil muy similar en su estilo arquitectónico, pese a que no sean llevados adelante por las mismas firmas constructoras o diseñados por los mismos grupos de arquitectos. Y se emplazan, usualmente, en predios donde hasta su demolición se ubicaban casas con varias décadas de antigüedad que eran claros exponentes de un estilo que caracterizó al Quilmes de la segunda mitad del siglo XX.
OFERTA Y DEMANDA
En las repetidas ocasiones en que fueron consultadas por este medio, varias de las más prestigiosas inmobiliarias de Quilmes Centro dieron cuenta de que la demanda de departamentos de propiedad horizontal en edificios está muy lejos de ir acorde con el volumen de las construcciones. Algunos justifican el boom señalando que quienes pueden, prefieren apostar a una inversión segura, que es la de un edificio. Si no lo venden o lo alquilan hoy, pueden hacerlo mañana, o en un mes .Claro que como contrapartida, los inversores aseguran que están construyendo para responder a la demanda de propiedades en Quilmes, a la que califican como muy importante , y que atribuyen al hecho de que hacía más de treinta años que no se construía en la ciudad .Por su parte, los arquitectos, que al comienzo de la explosión de las construcciones habían ocupado un rol preponderante al quedar en el centro de la escena, optaron luego por tomar distancia de la pulseada entre inversores y detractores de los edificios. Adujeron que ellos están trabajando y que cuando se los contrata, cumplen con lo pedido, pero allí termina su relación con las obras.
LA NUEVA NORMA MUNICIPAL
La Comuna dispuso mediante un decreto que lleva la firma del Intendente, que desde comienzos de agosto y hasta el último día del mes de diciembre, todas aquellas firmas que quieran poner en marcha un emprendimiento inmobiliario debían presentar certificados de factibilidad brindados por las empresas de servicios públicos. Si bien la medida era exactamente lo que venía pidiendo desde su nacimiento los de Quilmes Unido, y desde hace dos años los de Bernal Unido, no dejó de sorprender no sólo lo tarde que la gestión tomó la decisión, sino también el breve lapso de tiempo por el que estará vigente. Mientras tanto, ya hay más de setenta emprendimientos entre los terminados de 2006 a esta fecha, y sumando lo que están en marcha en estos días.
FACTIBILIDAD RECLAMADA
Los de Quilmes Unido realizaron presentaciones ante las distintas empresas de servicios públicos, pidiendo informes respecto a la situación de cada uno de los servicios básicos, es decir, agua corriente, cloacas, energía eléctrica, y gas natural. Con excepción de la empresa AySA, indicaron, no hubo respuesta a sus planteos, que habían sido anteriores a la medida dispuesta por la Comuna.Claro que, la realidad ya demostró que las posibilidades de brindar respuesta a una mayor demanda en el volumen en que sería necesaria una vez habitados todos los edificios en construcción es muy complicada. Al menos, de no mediar obras de infraestructura e inversiones millonarias que las empresas, por el momento, no tienen en carpeta.
DE DONDE SALEN LOS FONDOS
Finalmente, uno de los datos sobre los que ya había trabajado PERSPECTIVA SUR en un informe respecto al tema que fue luego tomado para una investigación de oficio por parte de la Justicia Federal platense, es el del origen de los fondos. Varias veces millonaria es la inversión que se requiere para realizar la construcción de un edificio de nueve pisos, como promedio, ya que los hay más altos y más bajos. Los montos se ubican en el orden de los 1500 a los 2000 pesos por metro cuadrado, para el caso de un edificio torre de propiedad horizontal. Otro dato señala que remodelar, es decir, trabajar sobre una propiedad ya existente, cuesta en el caso de un departamento de 120 m2 con cocina, dos baños, cambio de pisos en estar y dormitorios y pintura completa cuesta 70.000 pesos.Estimaciones de diferentes inmobiliarias quilmeñas sitúan en el orden de los 4 a los 6 millones de pesos una obra de entre 9 y 12 pisos de altura, entregado listo para habitar .Claro que el interrogante más importante es de dónde surgen los fondos necesarios para realizar tales inversiones, no sólo a la luz de que los 3 millones de pesos de promedio deben multiplicarse por las más de 70 obras en marcha, sino porque no hay líneas de crédito a través de entidades bancarias ubicadas dentro del distrito que otorguen el capital necesario como para poder realizar luego esa inversión.