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lunes, 20 de octubre de 2008

BASTA DE CARTELES!!!!

La guerra de los carteles
El escandaloso lobby que hacen las cámaras de cartelería contra el lúcido proyecto que envió el gobierno porteño a la Legislatura ya dio resultados: hay un proyecto alternativo, mucho más blando, generado desde el mismo PRO.

Por Sergio Kiernan

Cuando el director general de Política y Desarrollo del Espacio Público, Tomás Palastanga, envió a la Legislatura porteña un drástico proyecto para limitar la publicidad en vía pública, se estaba metiendo en una guerra. No es que Palastanga sea un ingenuo –tiene sus ideales, que no es lo mismo–- pero es posible que ni él se imaginara lo que iba a ocurrir. Que es que las cámaras del sector se instalaron en la comisión de Protección y Uso del Espacio Público y dieron un espectáculo nunca visto ni siquiera en el edificio que alguna vez fue el Consejo Delirante. Como si alguien los hubiera votado, los lobistas carteleros se sentaron a debatir, discutir, corregir y participar del tratamiento de la ley. Esto es francamente insólito y completamente irregular, ya que la norma indica que las partes afectadas por una ley deben ser escuchadas –el reglamento hasta indica mínimos de tiempo en que pueden hablar– pero cuando los diputados o sus asesores debaten nadie tiene derecho a abrir la boca. Pero la presidente de la comisión, la diputada Silvia Majdalani, evidentemente está en contra del proyecto que envió su propio gobierno (ella es del PRO). Es más: su actitud indica que es una ardiente partidaria de los carteles, porque ya redactó un proyecto alternativo, de lo más complaciente, y quiere que se lo firmen ya, en días, ahora.
El espectáculo que dieron los lobistas de la industria del cartel les llamó la atención hasta a los observadores más cínicos del palacio legislativo. Como resulta que el sector cartelero está muy dividido, hay muchas cámaras y sociedades empresarias y muchos, muchos lobistas. Literalmente, m2 llegó a tropezarse con ellos por los pasillos y a tener conversaciones sobre la ley con gente que obviamente estaba dedicada full time al tema. Todos los lobistas están realmente angustiados con el proyecto que envió el gobierno porteño y oscilan entre el alarmismo –-¡cientos de desempleados! ¡quiebras generalizadas!–, la burla –ni en Francia son tan estrictos– y el catastrofismo constitucional: hacer sacar los carteles significa confiscar propiedades privadas.
El proyecto que envió Política y Desarrollo del Espacio Público, una dependencia del Ministerio de Desarrollo Urbano, surge del mismo PRO que gobierna, pero curiosamente tiene como peores enemigos a dos legisladoras del mismo PRO. El proyecto es realmente drástico, como es la tendencia mundial en este momento, y tiene como modelo la nueva ley de Madrid. Resulta que la capital española era de las más contaminadas de Europa y decidió limpiarse de mugres visuales con una ley dura que llevara a la ciudad al standard de Londres, París o Bruselas, ciudades realmente limpias de cartelerías. Más cerca, San Pablo pasó una ley tan draconiana que muchos comerciantes terminaron poniendo un empleado con una bandera o un cartel en la puerta para que la gente se enterara de qué se vende en los negocios. Los paulistas están unánimente felices de no vivir más en una Calcuta latinoamericana, peor de lo que es y será jamás Buenos Aires en materia de cartelería.
Como es comprensible, nada de esto conmueve a los carteleros, que sólo piensan en sus negocios. Su argumento básico es que no hace falta una nueva ley sino hacer cumplir la normativa vigente. Esto es francamente alarmante, porque es una confesión de que las empresas miembro de las cámaras y representadas por los lobistas quiebran sistemáticamente la ley. Resulta casi cómico escuchar a los lobistas dar ejemplos de carteles ilegales que fueron instalados por sus representados. Ante la obvia pregunta de por qué lo hacen, si saben que son ilegales, se te quedan mirando. Nunca se les ocurrió que uno tiene que negarse a quebrar las leyes vigentes.
Lo que no entienden los carteleros es que se pasaron de la raya y ya despertaron el encono general. La sopa visual en que se vive en la ciudad, su aspecto caótico y burdo, no tiene defensores. De hecho, cuando se conoció el proyecto de Palastanga la reacción de lectores –y periodistas, por caso– fue de alegre incredulidad: por fin alguien proponía eso, mezclado con ¿será que alguna vez ocurrirá?
Obviamente, la diputada Majdalani no piensa así. Como si la hubieran votado los carteleros, no sólo les dio un lugar indebido a los lobistas en su comisión sino que compuso un proyecto permisivo, mucho más blando del que generó su propio partido. Curiosamente, este jueves y viernes circulaban por los pasillos de la Legislatura dos agitados lobistas del sector –una de la Cámara Argentina de la Industria del Letrero Luminoso y Afines y uno de la Cámara Argentina de Anunciantes– repartiendo despacho por despacho un escrito. El texto criticaba el proyecto de Majdalani porque había dejado afuera a las marquesinas, esos gigantescos aleros que cubren de maxikioscos a teatros. Con una frescura increíble, el texto hasta sugería, palabra por palabra, lo que debería decir la ley. Exactamente eso: donde dice tal cosa, debería decir esta otra, todo escrito en el mejor lenguaje legislativo.
Ni el lobista ni la lobista notaban realmente qué alucinante resultaba que las empresas se permitieran reescribir proyectos. Tal vez no sabían que ni hacía falta que se molestaran, ya que la vicepresidente primera de la comisión, Inés Urdapilleta, ya había anunciado que sólo apoyaba el proyecto y lo firmaba si se incluían las marquesinas... Majdalani les envió el proyecto a sus colegas a fines de la semana pasada y está muy apurada para que se lo firmen ésta que comienza, un apuro llamativo.
Este nivel de desprolijidad es tal que se sabe que varios colegas de bancada del PRO están indignados (e indignadas) por no hablar de muchos de la oposición. Sin embargo, el proyecto de Majdalani tiene buena chance de pasar o puede que el original del gobierno porteño quede en la nada, como sueñan los lobistas. Es que, por un lado, la industria cartelera mueve mucho, mucho dinero, con lo que tiene fondos como para cualquier lobby. Por otro lado, es una industria que abunda en monopolios que continúan en el tiempo y el espacio, bajo gobiernos de todo tipo, seguro síntoma de aceitados contactos. Y tercero, es una industria esencial para los políticos en tiempos de campaña electoral, una industria acostumbrada a hacer favores y cobrarlos después.
Un ejercicio para lectores interesados: habrá que ver quién impulsa esta ley y comparar su entusiasmo de hoy con el tamaño de su campaña el año que viene.

Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-1521-2008-10-20.html

sábado, 1 de septiembre de 2007

CONTAMINACION VISUAL

Editorial del Diario LA NACION
Basta de contaminación visual

Sobre la avenida Lugones, toda clase y tamaño de carteles publicitarios constituye una escenografía grotesca que atrae la atención de los conductores, convirtiéndose en un motivo de distracción y consecuente factor causal de accidentes de tránsito. Frente a ello cabría preguntarse si, al igual que en otras materias ambientales, no rige el principio de "quien contamina paga", haciendo responsable de los daños generados al causante de la contaminación. Tal vez ha sido minimizado el impacto provocado por la contaminación visual, cuya masiva y brutal irrupción afecta la calidad de vida. Así y todo, a fines de 1997 y como consecuencia de una acción de amparo presentada por la Asociación de Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito (Favat) fue dictado un fallo que obligó al gobierno local a retirar los carteles publicitarios alineados a lo largo de la avenida Lugones, por considerar que su abundancia constituía una contaminación visual que resultaba peligrosa para los automovilistas. Corresponde al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, consignó esa sentencia, mantener "un ambiente sano y la seguridad pública". La resolución judicial implicó un avance de la jurisprudencia en materia de calidad de vida, generó una zona mucho más limpia de carteles y resaltó la necesidad de una evaluación de impacto ambiental y de seguridad vial previa a la colocación de carteles. Ahora es un nuevo motivo de preocupación que el propio gobierno porteño, en el seno de la Comisión Asesora Permanente de la Publicidad, haya elaborado un marco regulador para la colocación de carteles sobre los costados de las avenidas Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo, entre las avenidas Sarmiento y General Paz. Permitirá la instalación de carteles simples, luminosos o iluminados, de hasta dos caras, con una altura máxima de 20 metros y mínima de 3 metros sobre el nivel del predio. Por su parte, la Asociación Civil Iniciativa Espacio Público instó al jefe de gobierno a que dé urgente marcha atrás con el proyecto, elimine todos los carteles y prohíba en forma inequívoca, lisa y llanamente, los carteles en autopistas, autovías o vías rápidas. No se trata de ir en contra de la publicidad, instrumento importante de comunicación social, sino sobre ciertos excesos que, como ocurre en este caso, obran en franco perjuicio de la seguridad. Ante eso, cualquiera se sorprendería al enterarse de que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires contempla la obligación del gobierno de desarrollar políticas de preservación de la calidad visual de sus habitantes, y que la ley 71 de la ciudad, mediante la cual fue creado el Consejo del Plan Urbano Ambiental, en sus criterios ordenadores se refiere a la "incorporación del concepto de paisaje urbano como criterio rector para el mejoramiento de la calidad ambiental y consolidación del espacio urbano". Además, uno de sus objetivos principales es el deber de asegurar a todos los habitantes de la ciudad el derecho a circular y habitar en áreas libres de contaminación visual y sonora. Actualmente, la situación de anarquía y descontrol, la proliferación normativa y las zonas grises de las leyes han dado pie a interpretaciones interesadas. En cambio, en este tema en particular no puede haber medias tintas. Es de esperar, pues, que proyectos por el estilo del aquí comentado no solamente no progresen, sino que sean reemplazados por aquellos que promuevan el estricto control de nuestro medio ambiente y protejan nuestra visual, con la sana intención de contribuir a una mejor calidad de vida y del patrimonio natural y cultural de la ciudad de Buenos Aires.