martes, 1 de mayo de 2007

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE OPINA SOBRE LA CONSTRUCCION INDISCRIMINADA

ADVIERTEN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ¨SIN UNA PLANIFICACIÓN ADECUADA¨
La entidad ¨Vecinos por la Vida" hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo advirtiendo sobre los posibles impactos negativos "de la construcción de decenas de edificios en propiedad horizontal, estimándose en más de mil unidades habitacionales, dentro de la zona que se conoce como de los bulevares y adyacencias" de esta capital

En la carta enviada al defensor del Pueblo Carlos Bermúdez, se expresa: "Néstor Juan Alessio, D.N.I. N° 12.698.519, y con domicilio real en calle Sarmiento 7384 de Santa Fe, por la presente se dirige a Ud. a los efectos de poner en v/conocimiento y solicitarle lo siguiente: Que es de público y notorio que en el microcentro urbano santafesino o dentro de la zona que se conoce como de los bulevares y adyacencias se están construyendo decenas de edificios en propiedad horizontal (más de setenta, de acuerdo a informaciones recogidas), estimándose en más de mil unidades habitacionales. Que en relación a este tema, vengo a efectuar una serie de consideraciones, advirtiendo sobre los posibles impactos negativos de estas obras y dejando formal y legalmente planteado ante esta repartición, que los potenciales perjuicios, molestias y daños concretos, que las mismas pueden acarrear en la calidad de vida de miles de santafesinos, son imputables pura y exclusivamente a la falta de previsión, prevención e incumplimiento de la normativa vigente por parte de las autoridades y organismos de control de la Municipalidad de Santa Fe. Que vengo a efectuar esta presentación en razón de que "…nuestra memoria torna imposible admitir resignadamente la deshumanización urbana que imponen unas normas de mercado aplicadas de facto, con soberbia descomunal." (1) y se realiza a manera de medida de aseguramiento de pruebas, para que en el futuro, nadie pueda alegar: "no sabía, o nadie me avisó" y como planteo previo para eventuales acciones, fundamentándose en los hechos y derechos que a continuación se exponen. No tengo dudas que muchos celebran estos síntomas de "progreso o adelanto urbano", adhiriendo inconscientemente a una forma de pensamiento, perfectamente entendible, coincidiendo con lo expresado por Pepe Eliaschev, quién afirma que la ciudad se ha ido transformando: "en una ciudad insultantemente desmejorada por la avidez de la especulación edilicia y por una opinión pública en la que a menudo prevalece la ignorancia organizada". (2) Estas cosas ocurren a partir de "…hechos consumados que emergen y mueren cada día ante la mirada atónita del ciudadano autocondenado a la marginalidad expectante. En muy contadas ocasiones, oportunas denuncias periodísticas, movilizaciones de vecinos preocupados e intervenciones de políticos conscientes, logran detener la construcción de mamarrachos que pretenden rascar el cielo, o evitan a último momento la ocupación de terrenos municipales…" (3) "La doctrina del downsizing (un empequeñecimiento físico que permite maximizar las ganancias de las empresas) asume contornos espantosos en el trazado de la vida cotidiana, cuando la gente admite, tolera y hasta aplaude el afeamiento deliberado…" (4) En tal sentido Ecologistas en Acción (ONG española) ha expresado: "La especulación urbanística se está convirtiendo en el principal problema ambiental y social, ya que está destruyendo de forma irreversible nuestro recurso más preciado, el suelo, agravando otros problemas ambientales, como el aumento de la demanda del agua, el deterioro del paisaje, provocando un alarmante aumento de la corrupción." No puede entenderse, en tal dirección, que la Municipalidad con su proliferación de áreas técnicas en la materia o peor aún a través de los pomposos planes que al inicio de cada gestión se anuncian con bombos y platillos bajo la forma de Planes Directores, Reguladores, Estratégicos, Crecimiento Sustentable o cualquier otra denominación, nada haya dicho al respecto, concediendo las autorizaciones pertinentes, o por lo menos es lo que aparenta. Sospechosamente, nunca existen políticas o mecanismos de regulación, muchos menos prevenciones ambientales para la preservación de la calidad de vida y el bienestar de los vecinos, cuando de grandes inversiones se trata. Sean estas: grandes mercados, antenas de telefonía, autovías, construcciones en zonas inadecuadas o lechos de crecidas o de inundación, entre otras. Las ciudades resumen "…en la última década, los experimentos que se aplicaron a todo el país en este período, sobre todo los vinculados a una desregulación acompañada de una enérgica y desequilibrada reducción del Estado". (5) Estas afirmaciones que pueden aparecer como temerarias, surgen claras del informe difundido bajo el nombre "Geo Argentina 2004" que analiza la situación ambiental nacional, firmado por Atilio Savino, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que expresa: "La gestión urbanística de nuestras ciudades sufrió recientemente dificultades derivadas de la casi inexistente planificación de mediano y largo plazo y del recorte de las funciones estatales". Se observa que las normas urbanas terminaron por aplicarse solo a la clase media ya que "El mercado solía eludir o manipular el control normativo en la producción de hábitat para los sectores socioeconómicos altos, en tanto los sectores bajos no podían cumplimentarlo por su incapacidad económica"; el resultado "la baja calidad ambiental de grandes sectores urbanos" y "la inexistencia o mínima provisión de servicios", en los mismos. Cualquier coincidencia con lo que puede ocurrir en Santa Fe, es pura coincidencia. Lo expuesto muestra "Barrios desnaturalizados por excrecencias metastásicas, parques arruinados por el abandono, especulación edilicia sin restricción ni límites, desaparición de toda intención estética en edificios e instalaciones, …todo parece hablar de una poética mezquina que sólo rinde homenaje a la lascivia de la máxima rentabilidad posible." (6) "Las urgencias se acumulan y se potencian en el contexto de una época pautada por el imperio de un laisser-faire urbano que convirtió" a las ciudades "en laboratorio ideal para concretar especulaciones inmobiliarias y aventuras toleradas por una permisividad de mercado sin límite". (7) "Se consolidó la hegemonía de la rentabilidad como centralidad urbanística: se protege aquello que deja ganancia o -al menos- no implica inversión social, mientras que se estimula o tolera todo tipo de arbitrariedad individual, aún cuando se agravie derechos personales o normas comunitarias preestablecidas. El shopping y la autopista son, así, intervenciones urbanas que articulan una poética de los hechos consumados, una suerte de salvaje pragmatismo para el cual la modernización sólo puede consumarse en términos de exclusión social." (8) Frente a este panorama, que es común a otros lugares del mundo, no es casual que comiencen a alzarse voces en contra de estos emprendimientos sin regulación, en tal sentido, la Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio de España, con el apoyo de más de 600 asociaciones, expresa: "La especulación urbanística es hoy un problema de estado: se trata sin lugar a dudas de un problema social, medioambiental y cultural grave del país. Nos encontramos ante un hecho histórico: nunca en la historia había tenido lugar una ocupación del suelo tan extrema y con impactos como los que resaltamos: - transformación social -se trata de un modelo que genera desigualdad, segregación y precariedad, una sociedad y un territorio desestructurados - impacto medioambiental sin precedentes - borrado cultural -se están destruyendo las señas de identidad esenciales del paisaje y la cultura local, que es remplazada por el hormigón y el modelo estandarizado y globalizado de una cultura de masas ultraliberal. Se trata del mayor expolio social, medioambiental y cultural de la historia. "La precariedad de infraestructuras básicas, en particular de los recursos hídricos, el agua, es uno de los aspectos más graves de este modelo destructivo e insostenible de desarrollo. Desde la Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio denunciamos que, el paradigma de la corrupción afecta al urbanismo en todo el país y pone de manifiesto más que ninguna otra problemática la precariedad de nuestra democracia. Una corrupción que implica a promotoras, mafias internacionales, partidos políticos, poder judicial, la banca y muchos otros agentes. Frente a esta corrupción generalizada y a una situación de indefensión, en la que el ciudadano es víctima sistemática, unimos recursos y voces para articular mecanismos de denuncia legal y social que pongan un freno a esta situación." Más allá de las consideraciones realizadas, intentaré mostrar los impactos concretos que se acarrearían a los vecinos de la ciudad, esas construcciones, en un área de unos pocos Km2 de superficie y con escasos espacios verdes. Partiendo del supuesto de que cada torre puede albergar una cantidad aproximada a 20 departamentos promedio (entiendo que puede superarse esa cantidad), hacen un total de 1400 unidades habitacionales, con un promedio de 4 moradores en cada una, (pueden ser más), nos da un incremento de casi 6.000 personas en la zona, más de la mitad de una ciudad chica, que se anexa a espacios ya recargados por el devenir histórico urbano, con servicios públicos casi al borde del colapso, por obsolescencia, insuficiencia y falta de inversión. Por las características de esas unidades habitacionales y los costos, todo indicaría que estarían destinadas a familias o sectores de recursos medios y medios-altos, los que por lo general tienen una capacidad adquisitiva o de consumo superior a la media urbana. A partir de ello, se debería esperar un incremento importante en la demanda energética, producto de la mayor densidad poblacional y también de los estándares de confort de esos sectores (ascensores, electrodomésticos en general y particularmente acondicionadores de aire). Esta situación puede provocar un objetivo colapso de la provisión del servicio eléctrico en toda la ciudad, lo que podría verse agravado por un eventual redireccionamiento de la oferta energética hacia las áreas mencionadas, con refuerzos en la infraestructura de cableado, transformadores y potencia, en desmedro de otras zonas, que padecerán bajas de tensión(lo que ya ha ocurrido). O en su defecto que nada de esto se realice y todos deban padecer las consecuencias, con apagones o cortes frecuentes. Si en épocas críticas en materia energética, se direcciona la oferta hacia los sectores de mayor capacidad contributiva, preguntémonos, quiénes van a sufrir los perjuicios de dichas decisiones. Frente a estas dudas, quizás muchos funcionarios puedan alegar, no sin razón, que este no es un problema municipal, sino que es competencia provincial, a través de la Empresa Provincial de la Energía (E.P.E.), las que no habría hecho las inversiones necesarias en un área crítica. Analicemos seguidamente el tema del servicio de saneamiento de cloacas, partiendo de la base que las redes existentes en la zona céntrica tienen una antigüedad cercana a las 7 u 8 décadas, más allá del mantenimiento o reparaciones realizadas. Como es de público conocimiento, este servicio presenta gruesas falencias y debe ser desobstruido en forma periódica, dada la imposibilidad de evacuación de las aguas servidas. En muchos lugares vemos como estos líquidos se derraman por las calles. Con el agregado de las miles de viviendas, el atascamiento será constante, con las molestias, perjuicios y potenciales riesgos sanitarios. En relación a la provisión de agua potable, cuestionado por toda la ciudadanía y aún abrigando esperanzas de solución con la actual prestadora, la nueva realidad muestra que el mismo incrementará la demanda en la zona de referencia, lo que obligará a aumentar la capacidad de bombeo y presión hacia la misma, decayendo en otros barrios, pudiendo llegar al corte del servicio, a lo que debemos sumar la rotura de caños por esta situación, con pérdidas de líquido y deterioro de pavimentos, en muchos casos recién efectuados. Esto último puede apreciarse en la actualidad en toda la ciudad de Santa Fe. En este tema, también escucharemos: "no es un problema municipal, esto es responsabilidad y competencia de ASSA", pero el perjuicio lo sufrirá toda la ciudad. Residuos: Se incrementará el volumen y tonelaje de los residuos sólidos urbanos (RSU), en proporción a la densidad poblacional y a las altas posibilidades de consumo de los nuevos vecinos. Se alegará que es más fácil la recolección de residuos en áreas concentradas, lo que no deja de ser cierto, siempre que olvidemos mencionar, que ello implicará el ingreso de mayor cantidad de camiones, con la contaminación por gases y acústica consiguiente, en horarios casi siempre inconvenientes. Ordenamiento vial: Sin olvidar que los nuevos moradores se ubican en sectores de ingresos medios-altos, podemos suponer que por familia poseerán un automotor o más, lo que nos da un total de casi 1.500 nuevos vehículos en el área, incrementándose los gases y partículas en suspensión y la contaminación acústica en el lugar, lo que desmejorará la calidad del aire. Esta realidad provocará un incremento de la congestión vehicular y problemas de estacionamiento y guarda de los autos. En tal sentido tengamos presente que las ordenanzas respectivas disponen que las construcciones mencionadas tengan una cochera cada dos unidades habitacionales, lo que no siempre se cumple, por lo cual la demanda excede en un cincuenta por ciento a la oferta existente. Estacionar la cantidad de autos referidos equivalen a dos hectáreas de terreno. Esto provocará que la Municipalidad, con afán recaudatorio y en beneficio de las prestadoras privatizadas de estacionamiento medido (S.E.S.), extiendan la zona de "exclusión" a éstas áreas, en perjuicio de muchos. Otras problemas: Inundación Pluvial: la zona tiene ya graves falencias de escurrimiento de aguas y escasa capacidad de los desagües pluviales y que con registros de pocos milímetros de precipitación, producen el anegamiento de amplios sectores del casco céntrico, lo que ha sido suficientemente documentado en las crónicas periodísticas después de cada lluvia. Esta situación se incrementará gravemente, ya que muchos patios y centros de manzanas de tierra de las viejas casonas, utilizadas en estas obras, se impermeabilizarán con cemento, aumentando el escurrimiento hacia las calles, agravando el problema y aumentando el impacto sobre aquellos barrios periféricos de cota baja, los que se inundarán permanentemente por la falta de previsión suficiente, incrementándose los daños y perjuicios en los sectores de menores recursos de la ciudad. Valor de la tierra: Entiendo que este es un elemento central de la permisividad oficial, ya que con ello se espera la obtención de recaudaciones mayores, convirtiendo en algo inútil las regulaciones. "Las zonas que necesitan el control más estricto tienen el mínimo control, desde que la densidades de población levantan el valor de la tierra y esto, a su vez demanda aun mayores densidades". (9) Como contrapartida en el resto de la ciudad se produce una depreciación inmobiliaria, con el consiguiente desmejoramiento de los servicios. "Por desgracia hay enormes intereses creados para hacer de la naturaleza un infierno, y se gana muy poco dinero –en realidad nada- con dejar las cosas tal como están. De manera que es fácil ver cuál será el lado que pierda en un país dominado por el concepto venal de una economía siempre en expansión. La destrucción de la vecindad y la mala construcción puede ser organizada con fines de lucro". (10) "Hilera tras hilera de grandes prismas o torres, crean un ambiente pobre para cualquier tipo de recreación, porque quitan el sol a la zona y destruyen la escala humana intima y familiar." (11) Lo mencionado es causa del empenumbramiento del área, lo que incide en el aumento de la demanda energética. Espacios verdes y arbolado: Un principio guía en construcción urbana es establecer densidades aceptables de ocupación humana, con un espacio abierto que crezca en proporción directa al número de residentes permanentes en un distrito. Ocurre esto en nuestra ciudad? Todo lo contrario. A los fines de garantizar el bienestar urbano la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina 10 mts2 de espacios verdes como mínimo por habitante, para satisfacer las necesidades de 6.000 personas se tendrían que habilitar por lo menos 6 plazas de una hectárea cada una en la zona. Están previstas? Agreguemos a ello, la pérdida de arbolado público, como así también de especies interiores, que estas construcciones ocasionan. Podría seguir abundando en otros ítems cuando menos cuestionables pero quiero terminar el presente con las siguientes citas: "Lograr un nuevo molde no consiste en cambiar, en forma ocasional, techos inclinados por losas horizontales, ventanas pequeñas por otras más amplias o una hilera horizontal de viviendas para una sola familia por un docena de filas de casas, una encima de la otra en un edificio alto. Esos son cambios superficiales y en el caso de los departamentos de gran altura, está lejos de constituir progreso. Cuando se descuidan cuestiones más esenciales, este tipo de modernismo y de urbanismo superficial, resulta un sarcasmo. Estos planificadores necesitan dirigir una mirada lúcida hacia las necesidades, deseos y esperanza del hombre y de la mujer actuales, y encontrar fórmulas que resuelvan estas necesidades en toda su diversidad." (12) "Pero lo más descorazonador es encontrar que…(se) está desechando tanto la experiencia como el sentido común en una precipitada construcción de altos edificios mal situados. Además, el apetito por la ganancia rápida contribuye a la presente concentración de edificios altos,…y es dañina desde el punto de vista del bienestar público. De manera que mirando más de cerca…., se recibe una impresión más clara de la devastación urbana." (13) En otro aspecto, entiendo que las normativas tanto nacionales, provinciales o municipales, existentes sobre la necesidad de Evaluación de los Impactos Ambientales, Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial, no han sido tenidas en cuenta, mucho menos cumplimentadas, como tampoco se ha informado ambientalmente a la población, ni se han convocado las audiencias pertinentes para la evaluación de estos emprendimientos. En este sentido quiero hacer especial hincapié en la vigencia de la Ley Nacional N° Ley 25675 la que rige en todo el país y que entre sus objetivos establece en su Artículo 1°: Cumplir una gestión sustentable y adecuada de preservación – conservación – recuperación del ambiente. En el Art. 2 se establece la Política Nacional, cuyos fines consisten en: Asegurar la preservación – conservación – recuperación – mejoramiento de los recursos; Promover uso racional y sustentable de recursos naturales. Prevenir efectos nocivos o peligrosos por actividades antrópicas. Establecer mecanismos adecuados para la minimización de "riesgos" ambientales para prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de daños. Por el Artículo 3° se sientan los principios que deberá animar esta materia, entre los que se encuentran los de: Congruencia: Las disposiciones Provinciales – Municipales deberán ser adecuada a los "principios de esta ley". Prevención: Las causas y las fuentes de los problemas son prioritarios. Precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para adoptar medidas. Equidad. Los responsables deberán velar por el uso y goce responsable del ambiente. También la norma establece que: Toda obra o actividad que en el territorio de la Nación sea susceptible de degradar el ambiente – estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución (Art. 11). Dichos Estudios deberán ser autorizados o rechazados por las autoridades. Evidentemente nada de lo prescripto ha sido cumplido para el caso de Santa Fe, mucho menos la obligación del Estado de informar ambientalmente a la comunidad (Art. 18) o institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias "obligatorias" para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente, según lo dispone el artículo 20 de la ley. Antes de terminar el presente, quiero dejar expresamente aclarado que no abrigo ninguna actitud fundamentalista, ni de oposición ciega al progreso o adelanto de nuestra ciudad, simplemente exijo el cumplimiento de las normas legales que rigen la materia. Estoy firmemente convencido que no se puede entender en tono antagónico la relación desarrollo – preservación ambiental y que uno y otro se pueden compatibilizar en la medida que exista racionalidad, sentido común y una gestión ambiental que priorice los intereses generales por sobre los de determinados grupos. El debate maduro en esa dirección puede ayudar a evitar situaciones que en el futuro debamos lamentar. Oriol Bohígas, en torno a esta situación reflexiona, diciendo: "En este fin de siglo hay un gran desorden en construcciones de gran brillantez, pero éticamente huecas. Antes los arquitectos luchaban contra el statu-quo; ahora se ponen al servicio del mercado, e incluso teorizan sobre él, aceptando ser utilizados por los que especulan con el suelo." (14) Lamentablemente todo lo expuesto, denota una política de hechos consumados, que va en desmedro de la tranquilidad, el goce y la calidad de vida de todos los santafesinos, demostrativa de una mala praxis ambiental, incumplimiento de los deberes de servidor público, acciones y omisiones que pueden implicar daños relevantes en el ambiente en perjuicio de la comunidad y por ello de esa Defensoría solicito: 1.- Solicite de la Municipalidad de Santa Fe los estudios y evaluaciones de impactos generales de dichas obras y las autorizaciones (permisos de obras) otorgadas en cada uno de los casos. Asimismo informe si se han labrado actas de infracciones por violaciones a los reglamentos de edificación, zonificación, permisos de obras, presentación de la documental y planos pertinentes, estado de las actuaciones y todo otra cuestión referente a la problemática. 2.- Solicite de las reparticiones provinciales competentes los informes y evaluaciones de cómo impactará esta nueva realidad en la provisión de los servicios que la misma presta y si se han previsto las obras necesarias para cubrir estas demandas. 3.- Solicite a la Municipalidad de Santa Fe, se abstenga de autorizar nuevas construcciones antes de haberse cumplimentado las obligaciones legales pertinentes. 4.- Se realicen todas las gestiones pertinentes, de conformidad a las disposiciones de los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional; de la Ley Nacional N° 25675 y de la Ley Provincial N° 10.000 a los fines de dar una solución a la problemática planteada. 5.- Se corra traslado de la presente a la Municipalidad de Santa Fe, la Defensoría del Pueblo de la Nación, a las Facultades de Arquitectura y Urbanismo de la U.N.L. y de la U.C.A., al Colegio de Arquitectos de esta jurisdicción y a toda otra Institución que a criterio de esa Defensoría entienda como pertinente", concluye la misiva.
Ver: /www.defensorsantafe.gov.ar/noticias.aspx?id=374

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