jueves, 5 de julio de 2007

RIACHUELO: PLAN INSUFICIENTE

Diario LA NACION
Riachuelo: duras críticas al plan oficial
Organizaciones vecinales, el defensor del pueblo y abogados dijeron que se agravó la situación sanitaria; hoy, otra reunión

Con fuertes críticas al plan de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que encabeza la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, y con un especial énfasis en destacar la falta de un proyecto sanitario en la zona, cuya contaminación es ya centenaria, comenzó ayer la tercera audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia. Sobre la base del duro informe presentado hace dos semanas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), el abogado de Beatriz Mendoza -cuya demanda inició la causa que derivó en la instancia que hoy se ventila ante la Corte-, la Defensoría del Pueblo de la Nación, las ONG y las asociaciones de vecinos que asistieron a la audiencia coincidieron en que el plan tiene serias falencias. Además, todos esos actores pidieron un programa sanitario que incluyera un estudio epidemiológico para la población afectada. La Corte pareció hacerse eco de las críticas (ver aparte) y pidió que hoy la secretaria de Medio Ambiente brindara información y estadísticas sobre ese punto, cuando se retome la tercera audiencia tras el cuarto intermedio dispuesto ayer. La primera sorpresa de la jornada fue la decisión del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de la ciudad de no hacer público su enojo por la participación que hasta horas antes aseguraba que le escatimaba el gobierno nacional. Según explicó a LA NACION Juan Manuel Velasco, ministro porteño, la decisión se tomó tras la "muestra de buena voluntad" del gobierno de Néstor Kirchner de convocar al demorado Comité de Cuenca (representado por la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad) para el 17 del actual. La audiencia comenzó ayer apenas pasadas las 10 y terminó un poco después de las 13. La primera en dirigirse al tribunal fue Picolotti. El eje de su discurso, que fue uno de los más largos y obligó a Lorenzetti a intervenir cuatro veces para que se apurara, pasó por responder a las duras críticas del informe de la UBA. Durante su exposición, sólo admitió algunos de los errores en cálculos o de concepto que los expertos de la universidad habían advertido, pero sostuvo que la mayoría de las críticas iban a ser respondidas con información que se comprometió a brindar. Una de las falencias que más destacaba el informe universitario era, precisamente, la crítica situación sanitaria. Sobre este punto, la directora nacional de Salud Materno-Infantil, del Ministerio de Salud, se dedicó a enumerar distintos planes sanitarios. "Se llevan vidas" "El plan trata superficialmente el tema salud mientras la contaminación se lleva vidas", disparó Santiago Kaplún, abogado de Beatriz Mendoza. En ese momento, la exposición había cambiado de interlocutores y arreciaban las críticas. Kaplún también tildó al proceso de desratización dispuesto desde el viernes pasado por la Nación de "puesta en escena" y de "una burla". Luego de la intervención del abogado, fue el turno de Eduardo Mondino, defensor del pueblo de la Nación. Durante su exposición, el funcionario elogió la mayor presencia del Estado en la cuenca, pero pidió que ésta fuera "coherente y coordinada". También fue uno de los más insistentes en destacar la ausencia de estudios epidemiológicos en la zona afectada y pidió que se estableciera "un cronograma de cumplimiento preciso y obligatorio de plazos" para el saneamiento. Le siguió Andrés Nápoli, quien expuso en representación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). "La participación de la sociedad y de las instituciones es sustancial. Pero la Secretaría no brinda información y así no se puede colaborar", acusó. Antes de finalizar, les habló directamente a los ministros de la Corte y les pidió: "Que la causa no sea un proceso interminable". Pedro Alberti, de la Asociación de Vecinos de La Boca, fue más allá de las acusaciones y pidió "medidas cautelares para defender a la gente". También se quejó de la falta de atención primaria a los vecinos e indicó que "la contaminación de la cuenca es vista como natural cuando, en realidad, es inhumana". Las ONG y las instituciones sociales ya habían pasado, pero las críticas no aminoraron. Las empresas, además de defenderse, también cuestionaron el plan del gobierno nacional. Los abogados de las firmas Antivar, Orvol y Tagsa sostuvieron que no existen estudios de impacto ambiental serios y que tampoco hay planes de relocalización que permitan a los trabajadores no perder sus fuentes de trabajo en caso de ser cerradas esas empresas.
Por Agustín F. Cronenbold De la Redacción de LA NACION

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